Tras la condena, una colecta para Luis Chocobar ya juntó más de un millón y medio de pesos

Difundieron las cuentas para quienes quieran “ayudar” al policía bonaerense, que ahora estudia enfermería.

Un grupo de personas decidió organizar una colecta para recaudar dinero como gesto de apoyo.

«Yo soy un humilde trabajador. Una persona común, la que está en casa, la que quiere ayudar. La verdad a mí me da un poco de vergüenza recibir algo de alguien, porque toda la vida, desde los 9 años que trabajo, y siempre me gané el mango que llevo a casa, me lo gané yo», sostuvo Chocobar en una entrevista a TN cuando le preguntaron sobre la iniciativa.

Después, reflexionó: «También me pongo a pensar que el gesto de ellos es algo humano, es sentir el cariño y expresarlo de alguna manera, a veces las palabras te llegan, te contemplan, te hacen sentir bien, pero ellos necesitan ver que yo crezca o que siga para adelante, me parece que toda esa campaña que se está armando pasa por ese lado».

La convocatoria se viralizó y para las 18.45 del domingo ya se habían recaudado 1.569.862 pesos que, según indicaron, serán transferidos a la pareja de Chocobar para sortear el embargo sobre sus bienes que le impuso la Justicia, por 400 mil pesos.

A la espera del juicio, Chocobar continuaba cumpliendo funciones como policía, por disposición del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, aunque -según dijo- dejaron de darle adicionales o tareas extra para completar su salario.

Es por eso que, mientras estudia enfermería con el objetivo de convertirse en rescatista de una fuerza nacional, vende medias en ferias de la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora, con la inhabilitación para ocupar cargos públicos por cinco años perdería su ingreso como policía y, así, nació la iniciativa solidaria en las redes.

El hecho

El 8 de diciembre de 2017, Chocobar mató a Juan Pablo Kukoc (18) de dos disparos por la espalda en el cruce de Suárez e Irala, en La Boca. Fue después de que el ladrón y otro adolescente asaltaran al turista estadounidense Joe Wolek. Lo hirieron de 17 puñaladas para robarle la cámara de fotos.

Chocobar pasaba por ahí, vio al turista pidiendo auxilio e intervino para atrapar al atacante. Lo corrió durante varios metros hasta que unos vecinos lograron arrebatarle la cámara de fotos para devolverla a la víctima del robo.

El policía declaró en reiteradas oportunidades que disparó porque Kukoc «tenía un cuchillo» y no respondía a la voz de alto. El cuchillo fue hallado en un bolsillo del adolescente.

La condena fue similar al pedido de la fiscalía (había solicitado tres años), mientras que la querella que representó a Ivonne Kukoc, la mamá de Juan Pablo, había pedido la pena máxima por «homicidio agravado».

Cómo sigue el caso

El abogado de Chocobar, Fernando Soto, dijo sobre el fallo del último viernes que fue «una decisión más política que jurídica». Y confirmó que apelarán a la Cámara de Casación.

Para el letrado, las pruebas y la acusación de la fiscal confirman que Chocobar actuó en «una situación de legítima defensa». Y planteó: «¿Qué le quedaba por hacer? ¿Quedarse quieto como Juan Pablo Roldán?», dijo en referencia al inspector de la Montada de la Policía Federal asesinado de un cuchillazo frente al Malba en septiembre.

«No nos dieron los fundamentos del fallo. Es como una cuenta en que nos dieron el final, pero no sabemos cómo», graficó el abogado.

Además, dijo que «más que un fallo salomónico, creo que quisieron quedar bien con Dios y con el Diablo, pero quedaron bien con el diablo nada más».

Como contraparte, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) publicó un comunicado en el que advirtió: «Decisiones como la que acaba de tomar el Tribunal diluyen la responsabilidad policial por las muertes con armas reglamentarias, consolidan mensajes erróneos sobre el uso de la fuerza letal y generan escenarios de impunidad para futuros hechos de abuso policial».

Además, agregó: «Cuando la Policía asesina con un arma letal a una persona que no era una amenaza a su vida o a la de terceros, se produce lo que el sistema interamericano de DDHH considera una ejecución extrajudicial. Estas prácticas están prohibidas y sus responsables deben ser sancionados».

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