Desde hoy, un grupo de jubilados se manifiesta en la puerta de la casa central del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en el microcentro porteño, en rechazo a la gestión de Luana Volnovich.
Representados por un grupo de directivos de la Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores de la República Argentina, las personas reclaman retrasos en la adquisición de medicamentos, falta de médicos de cabecera, atrasos en cirugías mayores a un año y problemas con la atención presencial.
También, la organización pide ser partícipe de la toma de decisiones del PAMI. “Las cosas se tienen que hacer con nosotros, los jubilados, y no solo por nosotros. Desde abril del año pasado empezamos a intentar decir lo que estaba pasando y nos cerraron los micrófonos, por más de pertenecer al órgano participativo de la institución”, dijo a LA NACION Graciela Pampin, referente de la confederación de jubilados y fundadora de Casa Eva Perón Asociación Civil, organismo que presta servicios a personas mayores. “Es cierto que se recibió un PAMI en mal estado, pero ya pasó más de un año”, advirtió.
“¡Basta! Se han efectuado cien maniobras para crear organismos truchos no vinculantes para no reintegrarla a sus auténticos dueños (administración tripartita, jubilados, trabajadores y Estado). En todo el territorio nacional se carece de prestaciones médico asistenciales, prestaciones quirúrgicas, prótesis, órtesis de todo tipo, alta complejidad, atención de especialidades y turnos”, enumera la convocatoria de la marcha, en la que se agrega: “La desatención se agrava en las provincias y más aún en localidades donde se deben trasladar kilómetros para ser atendido”.
Pampin –jubilada, de 70 años–, dijo a LA NACION que “la gente no se muere solamente de Covid-19”, y advirtió, en ese sentido, que los jubilados padecen problemas administrativos con la obra social. “Hay 170 medicamentos sin cargo, pero aún están faltando muchas cosas y no nos escuchan. No hay especialistas; hay drogas oncológicas que no solo no se pagan, sino que tardan más de lo debido. A los pacientes enfermos se les suma angustia de la medicación que no llega”, sostuvo, y agregó: “Tenemos casos de cirugías pendientes desde marzo del año pasado”.
“Esto no es una medida de la oposición. Somos oficialistas. La confederación formó parte del acta que apoyó el cambio de Gobierno. Nos duele mucho tener que hacer esto, pero ya agotamos todos los medios pidiendo que nos escuchen”, continuó Pampin, que milita en el Partido Justicialista. La mujer indicó que, junto a sus pares, permanecerán sobre Avenida Corrientes al 600 hasta esta tarde, con el objetivo de que alguna autoridad del PAMI los reciba. “Haremos turnos rotatorios y acordamos no ser más de 30 personas porque estamos en pandemia y amontonarnos es un riesgo”, detalló. Además, remarcó que a la confederación nacional de jubilados la integran más de 100 federaciones y centros de jubilados de distintos puntos del país.
Problemas en las agencias provinciales
Los jubilados también repudian tener que realizar trámites virtuales. Si bien facilita algunos procesos, dicen, “no todos están capacitados ni tienen un nieto a mano para pedir turnos o medicamentos por internet”. En algunas localidades del interior, agregan, tampoco hay conexión a internet. “Han cambiado las autoridades de varias agencias unipersonales y algunas no atienden de forma presencial. Eso complica la accesibilidad porque no todo el mundo tiene internet en su casa”, concluyó Pampin.
El mes pasado fuentes gremiales vinculadas a la Confederación General del Trabajo (CGT) afirmaron a LA NACION que, en lo que va de 2021, el PAMI sumó 177 despidos a los 256 denunciados el año pasado. “Todos sin justa causa, que están prohibidos por decreto presidencial”, sostuvieron, en relación al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 329/20, que impide que se efectúen despidos “sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”.
Según habían relatado, en ese entonces, algunos de los empleados desplazados, los despidos provocaron el cierre de agencias unipersonales del interior del país. “Los afiliados del pueblo están a la deriva. Este gobierno no toma conciencia de la situación, Los pueblos acá son chicos y la agencia más cercana queda a 140 kilómetros, en Villa Mercedes, con colectivos solamente lunes, miércoles y viernes”, se lamentó la puntana María de los Ángeles Castañeda, de 48 años, que fue despedida en noviembre del año pasado, siendo la única persona a cargo de las agencias de Buena Esperanza y Justo Daract, al este de la provincia de San Luis.
Inés Beato Vassolo
