Para la fiscalía, Diego Maradona no estaba en pleno uso de sus facultades mentales y, un grupo de nueve personas, se aprovechó de esa circunstancia para, por ejemplo, hacerle firmar un contrato de cesión de derechos del uso de su nombre a la empresa que pertenece a su apoderado.
Según la acusación de la fiscal Cecilia Corfield, en el contrato se incluyó una cláusula en la que el excapitán del seleccionado argentino de fútbol cedía la mitad de las ganancias por la utilización de su imagen a los dueños de la firma que pertenece a su abogado y a un socio. En su dictamen, al solicitar las indagatorias de los nueve integrantes del entorno del astro del fútbol mundial, la fiscal consignó: “Luego de analizar las pruebas, surge de modo indubitado que de haber conocido el alcance de ese contrato y estando en pleno uso de sus facultades, Maradona no hubiera accedido de forma voluntaria a la firma del contrato”.
Una de las pruebas que tuvo en cuenta la representante del Ministerio Público al solicitar las indagatorias de Matías Morla, Víctor Stinfale, Maximiliano Pomargo, Vanesa Morla, Maximilano Trimarchi, Sergio Garmendia, Carlos Ibáñez, Stefano Ceci y una escribana, fue el testimonio de Gabriel Buono, quien trabajó como asistente de Maradona.
“Hacían negocios con un montón de lugares y Diego no se enteraba. Vivían picándole el cerebro contra Claudia y las hijas”, expresó el testigo, al referirse a la conducta aplicada por algunos de los acusados, supuestamente, para aislar de su familia al Diez.
En la declaración se refería a Claudia Villafañe, madre de Dalma y Gianinna, hijas de Maradona.
La causa que derivó en los pedidos de indagatoria contra Morla y el resto de los acusados se inició a partir de una denuncia presentada en febrero de 2021 por Verónica Ojeda, madre de uno de los herederos, ante la falta de respuesta del abogado a una carta documento para que entregara la rendición de cuentas que exigía la jueza que tiene a su cargo el expediente por la sucesión de Maradona, en La Plata.
Al profundizar en el análisis de las pruebas, la fiscal estableció que, además del delito de desobediencia, por no cumplir con la orden judicial dictada por la magistrada Civil y Comercial, había otras irregularidades.
Así, la representante del Ministerio Público, concluyó que también se habían cometido los delitos de supuesta reducción a la servidumbre, defraudación por circunvención de incapaces y falsedad ideológica de instrumento público.
Por la supuesta reducción a la servidumbre y la defraudación contra Maradona, fueron acusados Morla, Stinfale, Trimarchi, Pomargo, Garmendia, Ibáñez, Ceci y la hermana de Morla.
El apoderado de Maradona deberá responder por la supuesta desobediencia y la escribana fue acusada por la presunta falsedad ideológica, al certificar que la firma del mencionado contrato de cesión de derechos se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, cuando, en realidad, se había rubricado en la casa que el por entonces DT de Gimnasia alquilaba en el country Campos de Roca, en Brandsen.
Los imputados fueron convocados a declarar entre el 22 marzo y el 12 abril para poder ejercer su defensa ante los cargos expuestos por la fiscalía.
Hace seis meses, la representante del Ministerio Público había solicitado las detenciones de los acusados, pero el pedido no fue aceptado por el juez de Garantías de La Plata, Marcelo Reale. En ese caso, la imputación contra los integrantes del entorno de Maradona fue por supuesta asociación ilícita.
Ante la resolución del magistrado de Garantías, el Ministerio Público revisó las pruebas, reformuló los cargos y decidió acusar por los mencionados delitos.
Una muerte anticipada
“Anticipándose al desenlace fatal de Maradona, Ceci y Morla, estipularon que el término del contrato era de 15 años y se extenderá automáticamente y en su totalidad por un período de diez años si ninguna de las partes le envía un aviso de terminación con por lo menos seis meses de anticipación antes del vencimiento natural. También en el caso de la muerte temprana del otorgante, quién expresamente dispone que el contrato debe continuar su vigencia”, consignó la fiscal en su dictamen, al destacar esa cláusula del contrato entre los fundamentos del requerimiento de las indagatorias.
Además de esta investigación, existen otros dos expedientes que se instruyen por la pelea entre los herederos de Maradona y su apoderados por el poder para explotar las marcas y los derechos de imagen del astro del fútbol mundial.
En el juzgado Criminal y Correcional N° 43, en los tribunales porteños, quedó radicada una denuncia en la que se investigan irregularidades en el traspaso de las marcas de Maradona a la empresa Sattvica, que pertenece a Morla y en la que trabajan varios de los imputados.
Este sumario tiene vasos comunicantes con el expediente que se instruye en la fiscalía de La Plata, cuya génesis fue el supuesto incumplimiento de Morla a la rendición de cuentas ordenada por la jueza a cargo de la sucesión de Maradona.
En los últimos días, un tercer sumario apareció en el universo de causas judiciales iniciadas a partir de la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, en la casa del country San Andrés, de Benavídez.
Se trata de una causa que se instruye en el juzgado federal a cargo del magistrado Ariel Lijo. El juez solicitó a la fiscal de La Plata la inhibitoria con el objetivo de que toda investigación por irregularidades con la utilización de la marca Maradona se concentre en la Justicia federal.
El magistrado investiga una denuncia presentada por Morla por el uso indebido de la marca Maradona a través de una cuenta de la red social Instagram y de una empresa que vende ropa deportiva.
Según un colaborador de Morla, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) concluyó que las marcas de Maradona pertenecen a Sattvica. “No se puede investigar la violación de la ley de marcas, de forma separada de la titularidad de las mismas. Por este motivo, la única forma de avanzar con la investigación por la violación de la ley de marcas es que se instruya todo en un mismo expediente, en la Justicia federal”, explicó el asesor de Morla.
En el juzgado porteño y en la fiscalía de La Plata se investigan las supuestas irregularidades con los traspasos de las marcas de Maradona; en la Justicia federal, se intenta determinar si existió violación a la ley de marcas y patentes.
Al fundar la imputación por la presunta defraudación por circunvención de incapaces, la representante del Ministerio Público tuvo en cuenta el informe de un perito médico que indicó: » Diego Maradona era un paciente compejo con pluripatologías, que no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales. En el trastorno por consumo de alcohol de forma crónica es factible que exista la adecuada autonomía pero no ser competente. Es decir que no puede ejercer su libertad de elección, que está comprometido por la interrupción de compulsión a la ingesta alcohólica”.
Advertencia al neurocirujano
Con respecto a la ingesta de alcohol que, supuestamente, le daban Maradona mientras estuvo en el country de Brandsen y la firma del contrato cuestionado, hubo un llamado de atención de Morla a Leopoldo Luque, el médico personal del director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.
“Crack, amigo, ahí me llamó Víctor, medio caliente. No digas más que tuvo momentos de alcohólico porque después, pueden decir firmó borracho o algo así. Ya del tema todo espectacular, todo lindo, pero que tuvo momentos de alcohólico, no”, habría expresado el apoderado de Maradona en un mensaje enviado al neurocirujano, después que el médico, en un programa de televisión, se refirió a la presunta adicción al alcohol por parte del astro del fútbol mundial.
La defensa de Morla cuestionó la imputación de la fiscalía. Uno de los colaboradores del apoderado de Maradona expresó: “Cómo van a decir que redujeron a la servidumbre a alguien que se operó tres veces durante ese plazo, que era director técnico de un equipo de fútbol y que daba conferencias para la FIFA. Además, las denunciantes, que declararon como testigos en el expediente de La Plata, visitaron en ese tiempo a Maradona y no dijeron nada en ese momento”.
Los letrados que representan a Morla pidieron que la fiscal se aparte del expediente y que se impugnen los requerimientos de indagatorias debido a diferencias en las fechas mencionadas en el dictamen, donde se indicó una época en la que Maradona estaba en México.
Con los requerimientos a las indagatorias presentados por el Ministerio Público, será el juez de Garantías el encargado de decidir si avanza con los procesamientos de los imputados y avala la acusación por supuesta reducción a la servidumbre o acepta el pedido de inhibitoria y manda el sumario a la Justicia federal.
Más allá de cuál sea la resolución, la decisión del magistrado determinará el final de una batalla más en una guerra por la fortuna de Maradona que lejos está de terminar.ß
Gustavo Carabajal
