Empero, la Corte Suprema de Justicia se reserva una carta que puede determinar desde la suspensión temporaria del juicio hasta su anulación total.
A medida que terminan de declarar los testigos previstos para este año y se puntea la lista de los convocados para el año próximo, entre los que estará el presidente Alberto Fernández, la Corte tiene en sus manos los nueve recursos que presentó Cristina Kirchner cuestionando diversos aspectos de la investigación sobre las adjudicaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, caso conocido como Vialidad Nacional.
Para esta misma época, el año pasado, la Corte había empezado a conversar sobre estos recursos, pero no encontró mayorías: no solo para resolver el asunto, sino siquiera para tratar el tema.
El caso Vialidad es clave. No solo porque es el primer juicio contra la expresidenta, sino porque está íntimamente vinculado con las dos causas que investigan sus negocios personales y familiares: Hotesur y Los Sauces.
En la causa Vialidad, la vicepresidenta está acusada de haber liderado una asociación ilícita que habría direccionado obras públicas viales en favor de Báez, que además habría sido beneficiado con condiciones de contratación irregulares.
Para la Justicia, parte de ese dinero volvió a la familia Kirchner a través de negocios hoteleros e inmobiliarios. Eso es lo que deberá juzgarse en los casos Hotesur y Los Sauces, dos juicios que no tienen fecha de inicio.
Lo que tiene la Corte para resolver en el caso Vialidad son nueve recursos de queja por planteos rechazados en instancias anteriores; seis, de la defensa de Cristina Kirchner.
El recurso más fuerte sostiene que la misma denuncia ya fue juzgada en el sur. Si la Corte declarara que existe «cosa juzgada», todo el caso caería.
Circuló una versión entre los abogados que participan en el juicio: que la Corte podría hacer un guiño con un fallo favorable a la vicepresidenta, en compensación porque, al fin y al cabo, no prosperó la intención de aumentar el número de jueces del máximo tribunal, intención que impulsa un sector del kirchnerismo. Especulaciones que fueron negadas en el Gobierno y en la Corte.
Además del planteo que señala una «cosa juzgada» y que busca impugnar todo el caso, Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta, presentó quejas ante la Corte en varios sentidos: por la denegación de pruebas; por la ampliación del peritaje al resto de las obras públicas realizadas por el kirchnerismo -y no sobre una muestra de las obras 51 investigadas-; en contra de un perito oficial, que compartía en redes sociales consignas antikirchneristas; y contra la competencia de la Justicia federal de Comodoro Py 2002.
Si prospera esta artillería de recursos legales puede haber diversas consecuencias: que el caso se caiga, que el juicio se suspenda o que continúe mientras se producen nuevas evidencias. Todo dependerá de cuán amplia decida ser la Corte para analizar los cuestionamientos de la vicepresidenta.
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La Corte sufrió ya un traspié en 2019, cuando 48 horas antes del inicio pidió el expediente, lo que provocó que el proceso casi no comenzara. En medio de fuertes manifestaciones de repudio en las calles, los jueces del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, se pusieron firmes y el juicio arrancó.
Como la Corte no tiene plazo para resolver los recursos pendientes, la incertidumbre se agiganta: la indefinición puede funcionar como una herramienta de negociación política, pero también como una granada sin espoleta, a punto de estallar en cualquier momento.
Por: Hernán Cappiello
