A la mañana, sí; a la tarde, no. Insólitamente, el Gobierno dio marcha atrás y dejó sin efecto la autorización que les había dado horas antes a las prepagas para aumentar las cuotas un 7% en febrero próximo.
La decisión de suspender la medida, que les había sido anticipada a referentes del sector privado de la salud, quedó oficializada con la resolución 2988 del Ministerio de Salud, incluida en un suplemento especial del Boletín Oficial que se publicó de manera imprevista en la última tarde de 2020.
En el Boletín Oficial de la mañana se había publicado la resolución 2987, firmada -al igual que la de la tarde- por el ministro de Salud Ginés González García. En esa normativa se autorizaba el incremento de las cuotas en hasta un 7% a partir del segundo mes de 2021.
Uno de los considerandos de la nueva disposición señala que «por expresa decisión del Sr. Presidente de la Nación se procede a suspender los incrementos que fueran autorizados» a las entidades de medicina prepaga. No se describieron cuáles fueron los motivos para el cambio de opinión en unas pocas horas.
En la resolución que había autorizado las subas de precios se señalaba que resultaban razonables, dado el incremento de los costos para la prestación de servicios de salud. «Las entidades representativas del sector han expresado su preocupación por el estado crítico en que se encuentra la mayoría de los prestadores», indica uno de los considerandos.
Los precios de los planes de salud aumentaron en este mes de diciembre un 10%. Antes de autorizarse oficialmente esa suba había circulado una resolución firmada por González García, que establecía habilitar un aumento de 15% para este último mes de 2020 y otro de 10% para febrero. Finalmente, en ese momento ese nivel de ajustes fue desestimado y se autorizó solo el 10% para diciembre. Aquella vez, la medida del ministro de Salud luego desautorizada, no había llegado a publicarse en el Boletín Oficial, como sí ocurrió ahora.
Fuentes del sector de las prepagas afirmaron que se había acordado trasladar los recursos obtenidos por el aumento de cuotas de febrero a los prestadores de servicios, que días atrás emitieron un comunicado con datos sobre la situación crítica que aseguran atravesar. La suspensión de la autorización para el aumento (un aumento que el Gobierno reconoció formalmente como necesario), se suma a la finalización del plan de ayudas con subsidios para el pago de salarios de los empleados de la sanidad (ATP). Los funcionarios le habían comunicado a las empresas de la actividad que, para ayudar a paliar los efectos de la crisis, se les otorgarían a partir de ahora préstamos, pero no ya montos no reintegrables.
«No sé si la orden vendrá del Instituto Patria, pero algo seguro es que la decisión agrava la situación crítica por la que ya atraviesa el sector», señaló un referente de la actividad privada, en referencia a la versión que circula entre los directivos respecto del origen de la decisión de dar marcha atrás.
Días atrás, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, sostuvo que existe la necesidad de «repensar todo el sistema de salud» de la Argentina. Así, expresado sin precisiones y en el contexto de un acto político partidario, la frase provocó incertidumbre y preocupación, más allá de que en las entidades de salud hace muchos años que se habla de la necesidad de políticas públicas que encaren los problemas de la atención sanitaria y sus costos crecientes.
El jueves 24 de este mes, la Federación Argentina de Prestadores de Salud -que nuclea a varias entidades que asocian a clínicas y a otros centros sanitarios, como los de diagnóstico-, advirtió que «con aumentos de costos de más de 60%, ingresos congelados durante todo el añopor parte de las obras sociales nacionales, provinciales, el PAMI y las empresas de medicina prepaga, una fuerte presión tributaria y el fin del programa ATP, las empresas prestadoras de salud privada ya no contamos con el presupuesto necesario para poder brindar una normal atención». En el escrito anunciaron también la implementación de medidas de reprogramación de prestaciones ambulatorias, para concientizar sobre la situación.
Por: José Luis Brea y Silvia Stang
