Un comunicado ratifica que la regla es seguir la inflación y afirma que habrá sanciones si se la incumple; las rebajas son de entre 11% y 19% respecto de abril, un efecto menor al inicialmente comunicado.
El Gobierno confirmó, mediante un comunicado, que las prepagas OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medifé, Hospital Alemán y Hospital Británico, deben recalcular los valores de sus cuotas a cobrar este mes tomando como referencia, por un lado, los montos cobrados por los servicios de diciembre y, por el otro, la inflación acumulada al momento al cual corresponda la facturación. La aplicación de esa regla generará rebajas de entre 11% y 19% con respecto a lo abonado en abril, tal como informó ayer este medio; así, el efecto será menor al que había sido comunicado por el Gobierno a mediados de abril, cuando se anunció la decisión de regular temporalmente los precios.
Concretamente, si la factura corresponde a mayo, el importe no podrá ser superior al de diciembre incrementado en un 114,6% (es decir, por cada $100 pagados a fines de 2023, como máximo habrá que pagar $214,6%). Y si la facturación corresponde a abril (entre las entidades mencionadas, es el caso de OSDE), la cifra no podrá ser más alta que la de diciembre incrementada en un 93,33% (por cada $100 de diciembre, podrá facturarse un máximo de $193,33).
Lo comunicado no es una nueva disposición, sino una aclaración de lo ya establecido en la resolución 1 de la Secretaría de Industria y Comercio, difundida el 17 de abril último y que provocó confusión y controversia. Como ya informó LA NACION, la medida genera rebajas en las cuotas de mayo de entre 11% y 19%, en promedio, en relación con lo abonado en abril. Las cifras surgen de aplicar la medida tal como la habían interpretado las entidades que respondieron anteayer a las consultas de este medio, una interpretación que coincide con lo confirmado oficialmente. Esas rebajas son inferiores al porcentaje que se había difundido oficialmente en el momento del anuncio: en un escrito con preguntas y respuestas de la Secretaría de Comercio, se había indicado que la medida provocaría una reducción de las cuotas del 33%.
En varios casos, las cartas enviadas en los últimos días por las empresas a sus afiliados mencionan porcentajes más significativos de rebajas, pero eso es porque la comparación no se hizo contra los valores abonados en abril, sino contra los montos que iban a tener las cuotas en mayo, considerando los aumentos que se había previsto aplicar (de alrededor de un 9%) antes de que las autoridades decidieran frenarlos.
Anteayer, fuentes oficiales habían confirmado a este diario la regla básica de que los montos facturados en estos días no pueden superar en un 114,6% a los valores de diciembre de 2023. Ese índice refleja la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y marzo de este año. Hoy se aclaró que, solo en el caso de que los afiliados paguen a mes vencido (es decir, en caso de que ahora se pague abril), ese índice de referencia es de 93,33%.
Por ejemplo, si en abril se pagó una cuota un 153% más alta que la de diciembre (tal es el caso, en general, de Swiss Medical), la reducción es de 15,4% con respecto a abril y de 22,2% en comparación con lo que estaba previsto cobrar en mayo, antes de conocerse la regulación oficial de los precios.
Para los afiliados a Medifé, las cuotas se incrementaron un 143% entre enero y abril y con lo previsto para mayo la suba acumulada iba a ser de 165%. Ahora, al cobrarse el valor de diciembre más un 114,6%, la diferencia es de 19% con respecto a lo que iban a cobrar en mayo y de 11,7% en comparación con abril. En Galeno, el incremento acumulado entre el inicio del año y abril había sido de casi 164% e iba a llegar en mayo a 190%; entonces, la diferencia si se aplica la nueva regla será una rebaja de 26% en comparación con lo que estaba previsto cobrar en mayo, y de 18,6% respecto de la factura de abril.
En el caso de OSDE, que envía ahora las facturas de abril, lo pagado el mes pasado (por los servicios dados en marzo) acumulaba un incremento de 140,7% y el alza de lo que va del año iba a ser de alrededor de 163% este mes; para sus afiliados, la reducción del monto con respecto al del mes anterior será de 19,6%, aproximadamente. En esta entidad en particular, la factura a pagar este mes no podrá superar en un 93,33% a la de abril, según lo comunicado hoy por el Gobierno, porque en lugar de tomarse la inflación de noviembre a marzo, se considerará como referencia el período de noviembre a febrero.
Las variaciones pueden variar dentro de una misma prepaga porque, por ejemplo, hay quienes habían logrado descuentos de manera individual.
Las comunicaciones de las prepagas y las facturas que comenzaron a ser recibidas generaron repercusión y quejas en las redes sociales, a tal punto que el ministro de Economía, Luis Caputo posteó en la noche del martes en la red X que ayer se daría a conocer una aclaración sobre la fórmula y que se comunicaría “un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado”. En esa línea, el escrito difundido hoy señala que si las empresas se niegan a limitar los reajustes “los usuarios se pueden comunicar al 0800-666-1518, que es la línea gratuita de la Dirección de Defensa al Consumidor o escribir a [email protected]”. Para hacer denuncias, se indicó, se debe ingresar a www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor.
También se indicó que si se comprueba el incumplimiento de la regla “se aplicará una multa diaria equivalente al 0,1% de la facturación del grupo económico, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27.442, de Defensa de la Competencia.
La regla que indica que los precios pueden subir según la “inflación vigente” al momento al que corresponda la facturación regirá hasta septiembre, según recuerda el comunicado de hoy. En junio, por ejemplo, los montos podrán ser incrementados, como máximo, en un porcentaje equivalente al de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en abril (el dato aún no se conoce).
Una medida que no alcanza a todo el sector
La discriminación de la medida sobre los precios (alcanza a unas prepagas y a otras no) es uno de los puntos que más confusión y controversia generan. La diferenciación ocurre porque para establecer reglas respecto de los precios el Gobierno se basó en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Esa dependencia estatal había recibido en enero una denuncia sobre presunta cartelización, hecha por referentes de la Coalición Cívica. En esa presentación se mencionaba a las siete empresas mencionadas meses después en la resolución, y la investigación no había sido ampliada al resto del mercado.
Ya en diciembre las empresas habían comunicado que en el primer mes de 2024 aumentarían sus cuotas entre un nivel de entre 38% y 40%, luego de que el DNU 70, firmado por el presidente Javier Milei y todos sus ministros, liberó totalmente los precios del sector, que durante años estuvieron regulados. Las prepagas llevaban ya mucho tiempo advirtiendo que estaban acumulando un desfase significativo entre las subas de sus costos y las de las cuotas.
Luego de conocerse la resolución que involucra a siete entidades, quienes habían hecho la denuncia ante la CNDC hicieron un pedido de ampliación de la investigación, con el objetivo de lograr que tengan mayor alcance las medidas tomadas con respecto a la baja de cuotas. En el nuevo escrito se incluyó a Medicus, Hospital Italiano, la Obra Social de Dirección de Sanidad Luis Pasteur, Hominis (Fundación Sanatorio Güemes), Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Accord Salud, Mutual Federada 25 de junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud, Asociación Mutual Sancor, Prevención Salud. “Asimismo -agrega la presentación firmada por Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi y Juan Del Gaiso- existen más entidades que se encuentran en el mercado, como el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (Cemic) y Avalian Salud, y otras que debe incorporar la Superintendencia de Servicios de Salud”.
Esas prepagas podrían quedar en los próximos días también alcanzadas por restricciones para modificar sus cuotas. Algunas de ellas, como el caso del Hospital Italiano, decidieron no aplicar los incrementos que habían comunicado para este mes y enviaron las facturas con los mismos importes cobrados en abril.
Más allá de lo dispuesto administrativamente, las entidades fueron denunciadas ante la Justicia por la Superintendencia de Servicios de Salud, acusadas de supuesta cartelización. En esa denuncia, el organismo pidió que se disponga una devolución del dinero que, en función de las nueva regla de no aumentar más que la inflación, cobraron las prepagas en los primeros meses de este año.
Ese reintegro de montos es otra de las cuestiones sobre las cuales hay mucha confusión. Ninguna prepaga está obligada hoy por hoy a devolver plata ya pagada por los afiliados, ya que tal cosa no fue dispuesta por el Gobierno y, en todo caso, depende de si se dicta o no una orden judicial que lo establezca.
Silvia Stang (La Nación)
