Gustavo Briones era directivo del centro de salud donde nació y murió la beba de la menor de 12 años. Aseguró que se aleja del cargo debido a que el gobierno de Jujuy decidió «desoir el consejo médico».
Gustavo Briones, jefe del área de obstetricia del hospital en donde murió la beba de la nena de 12 años que fue víctima de una violación, decidió renunciar a su cargo y reiteró su desacuerdo con la cesárea que se le había practicado a la menor.
Briones presentó un escrito para dar a conocer su decisión y apuntó al Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy, es decir, al gobernador Gerardo Morales, por «desatender la opinión profesional brindada por la totalidad de los médicos especialistas».
En ese sentido, consideró que la cesárea practicada a la menor significó una «innecesaria colocación en riesgo» y recordó que «el Servicio especializado en la materia, desaconsejó la interrupción del embarazo, por cuanto el feto -de acuerdo a su edad gestacional- tenía altísimo riesgo de morir en caso de ser separado del seno materno».
Luego agregó consideraciones científicas para fundamentar su postura: «Es unánime la bibliografía en establecer que un feto con peso inferior a los 1.000 gramos y con edad gestacional menor a 27,6 semanas, se denomina prematuro inmaduro y goza de bajísimas expectativas de sobre vida».
Finalmente, volvió a cargar contra la gobernación y calificó de «irrespetuosa intromisión» la decisión de practicar la cesárea. La intervención había sido ordenada por la Justicia y tuvo en cuenta el protocolo de interrupción del embarazo contemplado en la ley.
Esperanza había nacido en la semana 23 de gestación y murió la semana pasada con un peso de 703 gramos.
