A pocos días de concluir el convenio de prestación a los beneficiarios del PAMI, la continuidad de la provisión de medicamentos a los jubilados está en zona de riesgo por efecto de la incertidumbre que surge de las negociaciones (¿aún en marcha?) entre el gobierno nacional y la industria farmacéutica.
Estas negociaciones se vienen desarrollando sin resultados concretos y los mensajes que surgen de una parte y de la otra sobre su curso no son coincidentes.
Las farmacias, a través de sus entidades representativas, hemos mantenido reuniones con autoridades del PAMI, con funcionarios de la Vicejefatura de Gabinete y con componentes de la industria farmacéutica, y las conclusiones de esos encuentros no pueden ser más desalentadoras: no se conoce a cuáles medicamentos tendrá acceso el jubilado a partir de abril, no se conoce cuánto ni cuándo pagará el PAMI las futuras prestaciones ni a quienes, no se conocen las condiciones que se les plantean a las farmacias para seguir atendiendo el convenio y por ende no se conocen cuáles farmacias seguirán atendiendo, no se conoce cómo ni quién realizará el servicio de auditoría y sistemas, no se conoce cómo el PAMI se pondrá al día con la deuda que incluye el mes de diciembre, no se conoce de qué manera se pagarán los servicios y prestaciones de lo que va del 2018 una vez que el actual convenio finalice.
Demasiadas incógnitas para un convenio que termina en 20 días y provee de medicamentos a los 5 millones de argentinos con mayor demanda de atención sanitaria.
Estos interrogantes le están siendo retaceados a los jubilados bajo el manto de una promesa, ampliamente difundida por los medios, de reducir el gasto por parte del PAMI, pero sin indicar cuáles serían las consecuencias concretas de ese ajuste en el acceso del jubilado a sus medicaciones.
Hay una única certeza en estas negociaciones, y es que se está preparando la escena para la irrupción plena y masiva en el convenio de los intereses económicos más poderosos y concentrados del sector.-
Mientras esto sucede en los más altos niveles de gobierno, las farmacias seguimos diariamente y en cada barrio, de cada localidad, de cada provincia de nuestra país brindando el servicio farmacéutico a nuestros vecinos jubilados, haciendo un mayúsculo esfuerzo en esta coyuntura para sostener la atención, aportando gran parte de nuestra ganancia para trabajar en el convenio, sufriendo como todos los argentinos el aumento del costo de vida y los gastos fijos y variables, con la desagradable novedad de un reciente aumento salvaje del impuesto a los Ingresos Brutos en la mayor parte de las provincias, lo cual pone en jaque la sustentabilidad de la pequeña y mediana farmacia, y en riesgo de manera directa la continuidad de miles de fuentes de trabajo.
A este preocupante escenario se suma la promesa ampliamente difundida por el gobierno, en su disputa con los laboratorios, de bajar el precio del medicamento sin contemplar de qué manera se evitará sumergir a la mayoría de las farmacias en una crisis terminal.
Las farmacias no somos formadoras de precios, eso lo hacen los laboratorios con la autorización de la Secretaría de Comercio, y las farmacias no tenemos la facultad que tiene el resto de la economía minorista argentina de trasladar el aumento de los costos al precio de venta.
Si dentro de 20 días debemos dispensar medicamentos a un precio menor al que hoy lo compramos ¿Quién se hará cargo de esa diferencia? ¿O acaso las farmacias deben dejar de comprar medicamentos hasta que la situación se defina poniendo en riesgo la normal provisión de medicinas a la totalidad de la población?
El nombre de esta situación se llama INCERTIDUMBRE porque nadie ha logrado darnos respuestas concretas y certeras a estos interrogantes:
¿A cuáles medicamentos podrá acceder el jubilado de ahora en más? ¿A los mismos que ahora consume o a otros?
¿Podrá el jubilado seguir concurriendo a su farmacia de confianza para acceder a sus medicinas o deberá, con el gasto adicional que esto conlleva, buscar algún shopping de medicamentos lejos de su hogar?
¿Cómo debemos entender que el Estado pretenda reducir el precio de los medicamentos y al mismo tiempo aplicar un aumento salvaje de los impuestos para las farmacias?
¿Esta oscura, e inusualmente externalizada negociación (no negocia el PAMI sino la Vicejefatura de Gabinete), en tiempos de “transparencia” tiene como objeto beneficiar algún interés comercial ligado al eufemismo del “conflicto de intereses”?
Las entidades farmacéuticas reclamamos la libre accesibilidad de medicamentos en todo el territorio nacional, que se establezcan condiciones equitativas para las farmacias prestadoras respetando sus particularidades geográficas y su dimensión económica para asegurar la continuidad de la amplia red actualmente vigente, en un rubro esencialmente sanitario, aunque haya quienes que pretenden convertirlo en coto de caza de grandes intereses económicos.
Toda incertidumbre va acompañada de precariedad y de riesgo, y precisamente riesgo es a lo que se enfrentan hoy nuestros jubilados en el futuro cercano para acceder a sus medicamentos.
Pedimos respuestas concretas y claridad en las soluciones, se agota el tiempo
