Antes de su exposición en la Cámara de Diputados, el laboratorio Pfizer reconoció que son dos los motivos por los cuales aún no se cerró un acuerdo entre la farmacéutica norteamericana y el gobierno argentino para la provisión de vacunas contra el Covid-19.
Esos motivos radican en la ley de vacunas aprobada el año pasado por el Congreso: el primero fue el planteo de excluir la negligencia no sólo del contrato, sino también de la norma aprobada. El segundo problema se relaciona con los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior.
Además, el gerente de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, sostuvo durante su exposición ante los legisladores que el laboratorio no tiene “ningún interés en intervenir con bienes del Estado”, negó que el Gobierno haya pedido “pagos indebidos o exigencias de intermediarios” y dijo que se sigue avanzando para alcanzar un acuerdo. Vaquer, además reforzó: “Hoy la ley vigente no es compatible con algunos aspectos contractuales que ofrece Pfizer”.
Vaquer reveló ante los diputados que en julio del año pasado, cuando se celebró el primer acuerdo de confidencialidad con el gobierno argentino, la empresa le transmitió al Ministerio de Salud y a la Secretaría Legal y Técnica cuáles eran sus condiciones contractuales para cerrar un acuerdo de provisión de vacunas contra el Covid-19 y que se comprometía a entregar 13,2 millones de dosis, de las cuales un millón podían ser enviadas antes de fin del año pasado.
Sin embargo, la ley de vacunas aprobada por el Congreso en octubre pasado incluyó, a solicitud de los diputados oficialistas, la condición de negligencia como excepción de la indemnidad que exigían los laboratorios. Esta inclusión impidió que avanzaran las negociaciones con Pfizer y, por lo tanto, que llegaran las vacunas prometidas por el laboratorio.
“El representante de Pfizer dejó en claro que explicitaron los requerimientos de contratación y que el gobierno decidió no invitarlos a participar del proceso legislativo. Cuando se incorporó la palabra “negligencia” se sabía que dejaban afuera a Pfizer”, asestó la diputada Karina Banfi, de Juntos por el Cambio.
Vaquer enfatizó que el laboratorio norteamericano no fue participado en el diseño de la ley de vacunas pero sí habían compartido, previamente, las condiciones para firmar el contrato, que, enfatizó el directivo, fue el texto estándar que se firmó con otros 116 países.
“El Poder Ejecutivo tiene la potestad de decidir con qué vacunas avanzar y con cuales no. Nosotros no fuimos invitados a participar del proceso legislativo pero sí habíamos compartido aspectos contractuales con el Poder Ejecutivo y es potestad del Poder Ejecutivo decidir con qué vacuna avanzar y realizar modificaciones en el marco legal”, respondió Vaquer.
El directivo precisó que “el 25 de julio se realizó la primera oferta cuando todavía no había vacuna. Tuvimos una teleconferencia cuando se compartió el programa de desarrollo de la vacuna y las necesidades logísticas. El 27 de julio esa misma oferta fue enviada por escrito al Ministerio de Salud. Eran contratos preliminares porque no sabíamos si la vacuna iba a funcionar. Tampoco estaba el marco legal acorde”.
Asimismo, detalló que, durante las negociaciones con el gobierno nacional el año pasado, “se ofrecieron 13,2 millones de dosis de vacunas a ser entregadas a partir de diciembre del 2020”. “Un millón de dosis se iban a entregar en 2020, dos millones en el primer trimestre del 2021, cinco millones en el segundo trimestre y el resto en el cuarto trimestre”, enfatizó.
“Hubo una segunda oferta el 1 de octubre. La ley de vacunas fue publicada el 6 de noviembre”, precisó Vaquer.
Los problemas legales para avanzar en un trato fueron reconocidos en una respuesta que ofreció Ministerio de Salud, que preside Carla Vizzotti, a un pedido de acceso a la información pública que presentó el bloque de la Coalición Cívica de la Cámara de Diputados. Vizzotti no estará presente en la presentación que harán los laboratorios que cerraron contratos con la Argentina para la provisión de vacunas.
“Es la primera vez que el laboratorio Pfizer reconoce cuáles son los motivos por los cuales no se cerró el contrato con la Argentina. Por eso consideramos muy importante esta respuesta”, indicó el diputado Rubén Manzi, uno de los autores del pedido de acceso a la información pública.
En esta línea, el Ministerio de Salud señaló: “Distintos proveedores de la industria farmacéutica solicitaron al gobierno argentino condiciones tales como la prórroga de jurisdicción, indemnidad patrimonial y confidencialidad, en observancia de la situación en el mercado internacional de vacunas. Por ello, el Congreso sancionó la Ley 27.572 de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19 –precisó-. No obstante, luego de publicada esta ley, Pfizer expuso en sus negociaciones la necesidad de contemplar cláusulas con mayores requerimientos que superaban las excepcionalidades previstas en la mencionada normativa.
Las dificultades en relación a la compañía norteamericana radicaron en dos problemas. El primero, fue el planteo de excluir la negligencia no sólo del contrato, sino también de la ley mencionada, lo que implicaba la modificación de una norma. El segundo problema se relaciona con los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior. Estos son los dos puntos sobre los que no se ha llegado a un acuerdo.”
Asimismo, la cartera de Salud indicó que “durante el mes de abril y al día de la fecha, Argentina retomó las conversaciones con el laboratorio Pfizer para avanzar en un posible acuerdo para la provisión de vacunas contra el Covid-19”.
Los legisladores de la oposición aprovecharán la exposición de los representantes del laboratorio Pfizer para preguntar si una eventual modificación de la norma facilitaría un acuerdo para la provisión de vacunas contra el Covid-19 a la Argentina. La semana pasada, la diputada y vicepresidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo, presentó un proyecto de ley para eliminar la palabra “negligencia” de la norma aprobada el año pasado.
La reunión en Diputados con los laboratorios que producen vacunas contra el coronavirus cuenta hoy con la participación de representantes de las instituciones Sinopharm (China), el Instituto Gamaleya (Rusia), del Fondo Covax y del Serum Institute (India) que elaboró la vacuna Covishield con el componente de la Universidad de Oxford -AstraZeneca.
El gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, sostuvo que el laboratorio no tiene “ningún interés en intervenir con bienes del Estado”, negó que el Gobierno haya pedido “pagos indebidos o exigencias de intermediarios” y que se sigue avanzando para alcanzar un acuerdo. “Es importante destacar que no hay ningún interés en intervenir con bienes del Estado. Esto incluye recursos naturales, reservas del banco central, activos militares, estratégicos o culturales”, sentenció Vaquer.
Desde la Cámara baja se adelantó que los representantes del laboratorio AstraZeneca presentarán un escrito y no asistirán al encuentro, que será abierto y transmitido por Diputados TV.
Laura Serra
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