La jueza de Garantías de Mendoza Alejandra Mauricio declaró inconstitucional el DNU dictado por el presidente Alberto Fernández que prevé la detención de las personas que violen la cuarentena por el coronavirus.
Aunque el fallo fue dictado hace algunas semanas, cobró notoriedad en las últimas horas por la disputa entre la Casa Rosada y el gobierno de Rodolfo Suarez, que se opuso a volver a fase 1.
“El Presidente está facultado para restringir derechos y garantías de las personas en una situación excepcional como ésta. Incluso se lo permiten algunos pactos internacionales. Pero lo que no puede es decir que el cumplimiento de estas restricciones configuraran un delito del Código Penal, porque lo tiene prohibido por la Constitución. De esta manera, los primeros decretos quedan vacíos de contenido sancionatorio”, explicó Mauricio.
En diálogo con radio Mitre, la jueza puntualizó que dispuso la inconstitucionalidad de los DNU “porque el artículo 99 de la Constitución le prohíbe al Presidente emitir decretos de necesidad y urgencia que legislen en materia penal”.
Mauricio recordó que en el inciso tercero de dicho artículo, que refiere a las atribuciones del Presidente, se hace la salvedad expresa de que esos decretos de necesidad y urgencia nunca pueden legislar en materia penal, tributaria y de partidos políticos.
Según la magistrada, ningún ciudadano puede estar privado de su libertad ni quedar sometido a proceso por dichos DNU porque son inconstitucionales, al tiempo que recordó que “lo que está prohibido no puede ser convalidado por el Congreso de la Nación”.
E insistió: “Todos los DNU tienen un mecanismo muy estricto que requiere la convalidación del Congreso. Si bien el Parlamento ha convalidado muchos de estos decretos de la cuarentena, que para mí muchos están convalidados fuera de término porque no están cumplidos los plazos, nunca puede convalidar lo que es nulo de nulidad absoluta e insalvable como lo dice la Constitución”.
Mauricio contó que se inspiró en las declaraciones del abogado constitucionalista Daniel Sabsay, y que se encuentra «muy tranquila» con su conciencia.
“Hasta ahora no he tenido presiones; sí felicitaciones de colegas y de vecinos. No tuve miedo, estoy acostumbrada a hacer rebeliones”, aseguró.
En este sentido, aseguró que “el que no tiene valentía para ser juez tiene que ir a su casa” y recordó que “la Constitución tiene que regir independientemente de quién sea el que gobierna».
La jueza explicó además que cuando el gobernador de Mendoza comience a flexibilizar la cuarentena, va a sancionar con multa el incumplimiento y la violación de las restricciones, lo que agrega un problema más a la situación. “Acá hay una doble persecución por el mismo hecho, un principio que es esencial en el Estado de derecho: nadie puede ser sometido a proceso dos veces ni sancionado por el mismo hecho dos veces”, recordó.
La jueza consideró que es más eficiente la multa que un proceso penal. “Tenemos alrededor de 7.000 procesos por violar la cuarentena. Los únicos que se están juzgando son los que tienen personas privadas de la libertad, que son los mínimos. El resto de los procesos van a morir porque es imposible tramitarlos todos”, advirtió.
