El Gobierno nacional rechazó enfáticamente el paro general convocado por la CGT, siendo éste el segundo desde la asunción de Javier Milei en diciembre pasado.
Se destacó la presencia de actos de violencia destinados a impedir que los trabajadores llegaran a sus lugares de trabajo. Se mencionó la participación de dirigentes sindicales que, según el Gobierno, llevan décadas viviendo de los esfuerzos de los demás, y se señaló que la gestión actual ha enfrentado más paros que leyes aprobadas.
Según las autoridades, solo el 40% de los servicios de transporte público estaban operativos, y la ministra de Seguridad, Bullrich, calificó la huelga de la CGT como «el paro de la debilidad».
Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, condenó la violencia que acompañó al paro, describiendo incidentes en los que colectiveros fueron atacados con piedras y neumáticos fueron pinchados con clavos para impedir el acceso a las fábricas en Pacheco, Mataderos y San Martín.
Adorni lamentó la dificultad para medir el nivel de acatamiento debido a la intimidación y violencia ejercida sobre aquellos que intentaban trabajar. Expresó su agradecimiento a todos los argentinos que continuaron con sus actividades laborales a pesar del paro.
Asimismo, se informó que hasta ese momento se habían recibido 1.932 denuncias de extorsión relacionadas con el paro a través de la línea 134, destinada a tales fines.
Se dedicó un segmento extenso a la crítica hacia los dirigentes sindicales, destacando su larga permanencia en el poder y acusándolos de obstaculizar el progreso del país durante décadas.
En cuanto a la relación con la CGT, se reiteró la disposición del Gobierno al diálogo con todos los sectores, aunque se dejó claro que no hay coincidencia con los líderes sindicales en cuestión. Se destacó la discrepancia entre la cantidad de paros y la legislación aprobada por el Gobierno.
El paro, que comenzó a medianoche, tuvo un fuerte impacto inicial, especialmente en el área metropolitana, aunque muchos comercios operaron con normalidad y algunas líneas de colectivo funcionaron.
También confirmó que se descontará el día a los empleados públicos que se sumaron al paro, y la intención del Gobierno de avanzar con la reforma laboral a través de la Ley Bases.
En respuesta a la amenaza de un paro de 36 horas por parte de la Unión Ferroviaria, expresó la confusión respecto a las demandas que justificarían tal medida, estimándose que «cualquier paro en la situación actual perjudica a los ciudadanos y la economía del país.
