El fiscal federal Franco Picardi solicitó investigar al ex presidente Mauricio Macri por encabezar un plan sistemático de espionaje ilegal durante su gobierno “para lograr objetivos políticos y personales”, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
El pedido no lo hizo en cualquier causa: fue en la investigación en la que es víctima Cristina Kirchner por la vigilancia instalada en la sede del Instituto Patria y en su casa de Recoleta. En ese contexto, también pidió enviar a juicio a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a otros dos ex funcionarios.
“Un análisis global de todas las circunstancias que rodean al presente caso impone indagar el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados, el entonces presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, así como de las personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal”, sostuvo el dictamen fiscal al que accedió este medio.
Y añadió: “Hay circunstancias objetivas comunes en las causas cuyas investigaciones se orientan al conocimiento de posibles acciones de inteligencia ilegal desplegadas durante el período de gestión que tuvo a su cargo la dirección de la AFI entre los años 2016 y 2019. Entre ellas: la intervención de las máximas autoridades y agentes de alto rango, el perfil de las víctimas y, en particular, sus actividades públicas en vinculación con intereses políticos partidarios, y ciertos modus operandi que abarcaron vinculaciones espurias con agencias estatales diversas”.
“El denominador común de las personas involucradas en calidad de víctimas en las maniobras descriptas ha sido la naturaleza de sus actividades públicas. En particular, de orden político partidarias, sin perjuicio de sus ideologías, adhesiones o pertenencias, pues se han visto despliegues de igual orden en torno a Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Luis Enrique Lugones, Graciela Camaño, Luis Barrionuevo, Matías Arreger, Pablo Bruera, Jorge Ferraresi, José Luis Vila, Diego Cesar Santilli, Ramón Muerza, Waldo Ezequiel Wolff, Nicolás Massot y Emilio Monzó. También, en virtud de actividades públicas relacionadas al ejercicio de representaciones y organizaciones sindicales disímiles, dada la producción de inteligencia verificada en torno a dirigentes como Hugo Moyano, Pablo Moyano y Juan Pablo Medina”, dijo la fiscalía.
También señaló: “De la acreditación probatoria del caso derivaron vinculaciones directas entre varios de los objetivos de inteligencia ilegal promovidos e intereses personales que son reconducibles a Gustavo Arribas y Mauricio Macri. Ellas se verificaron con especial énfasis a partir de los seguimientos que se establecieron en perjuicio de Salvatore Pica, la pareja de Florencia Macri -hermana del ex presidente- y del periodista Hugo Alconada Mon”. Subrayó que el periodista del diario La Nación por ese entonces estaba investigando al entonces titular de la AFI por su posible vinculación con Odebrecht, a Gianfranco Macri, otro hermano del ex mandatario, por el caso Panamá Papers y los gastos en la campaña electoral del macrismo.
Será el juez Marcelo Martínez De Giorgi, que tiene bajo su órbita este expediente, el que tendrá que evaluar esta presentación.
El escenario
Hay varias investigaciones abiertas por denuncias de espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri. En la única causa que había sido imputado directamente el ex presidente fue en la denuncia de seguimientos a familiares de las víctimas del desaparecido buque ARA San Juan. Macri fue procesado por la justicia de Dolores, pero ese fallo fue revocado por la Cámara Federal porteña. ”Existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”, dijo el fallo el 15 de julio pasado. La decisión fue apelada en Casación, que aún no resolvió.
La otra gran causa por espionaje se abrió en Lomas de Zamora en medio de la pandemia. Hasta ahora, el ex jefe de Estado no había sido salpicado por esa investigación. Y, cuando el caso pasó a Comodoro Py, la Cámara Federal porteña dijo a fin del año pasado que no había existido una asociación ilícita en el gobierno de Macri para espiar, sino que solo hubo un grupo de ex agentes cuentapropistas que violaron la ley de inteligencia espiando a políticos, periodistas y hasta a la hermana de Mauricio Macri. Fue un fallo firmado por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah (en disidencia).
Anexo a esa causa está la investigación por la vigilancia que se hizo sobre Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su casa de Recoleta. Esos hechos tuvieron lugar entre julio y agosto de 2018. En ese momento, se explicó que tenían que ver con tareas de prevención y amenazas por la cumbre del G20. Picardi señaló que “se presentaron documentos públicos con informaciones falsas referentes a presunciones de riesgos y amenazas dirigidas a Cristina Fernández de Kirchner, que no fueron tales” para justificar esos procedimientos.
A raíz de ello, Picardi pidió enviar a juicio oral a los ex directivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y a los ex funcionarios Alan Ruiz y Martín Coste. Sus procesamientos ya quedaron firmes tras un fallo de la Corte Suprema integrada por conjueces.
Fue en ese contexto en donde Picardi le reclamó al juez Martínez De Giorgi extraer testimonios y avanzar sobre el rol del ex presidente Macri, mostrando como en una foto todos los expedientes que se abrieron sobre casos de espionaje en esa gestión: la mesa judicial, el ARA San Juan, la bomba puesta en la casa del ex funcionario José Luis Vila, la causa D’alessio o la denuncia en el Hospital Posadas.
La fiscalía promovió también llevar adelante una serie de medidas de prueba y diligencias, entre las cuales está el análisis las comunicaciones de Mauricio Macri, sus ex jefes de la AFI, Alan Ruiz, Juan Sebastián De Stéfano y Bernardo Miguens, entre los meses de junio y noviembre del año 2018; así como los ingresos y egresos en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.
“El análisis integral de esos casos da cuenta de elementos que, aunados, permiten establecer una sospecha razonable de que las prácticas de inteligencia realizadas sobrepasaron el marco legal vigente tanto a nivel nacional como convencional durante la anterior administración del Poder Ejecutivo Nacional y fueron configurativas de un plan sistemático y organizado desde altas esferas del Estado para lograr objetivos políticos y personales; ciertamente, alejados de un interés estatal legítimo o convincente”, dice el dictamen.
La fiscalía hizo hincapié en el decreto 656/2016 que firmó Macri, derogando el decreto de 1311/2015 del gobierno de CFK, reimplantó el esquema de “fondos reservados” en la AFI y se dispusieron “notables” aumentos de presupuesto al organismo de inteligencia.
“En esa dirección, lo que exhibe el análisis en profundidad de la actividad desplegada por la AFI en aquel período es la producción de informaciones que están vinculadas a actividades económicas y electorales que resultan exorbitantes e incompatibles con sus competencias funcionales y el ejercicio apropiado de las representaciones y mandatos que les fueron conferidos”, dice la fiscalía.
A su criterio, “los hechos revelados se desarrollaron en un marco propicio, que ha sido parte de la conducción político institucional implementada por el Poder Ejecutivo Nacional, de mayor opacidad en la administración y rendimiento de los recursos, y de capacidades más amplias conferidas a los altos mandos de la AFI, para posibilitar un diseño institucional que supuso un relajamiento de controles internos. De allí que sea plausible sostener hipótesis de responsabilidades más amplias, asociadas a las responsabilidades institucionales y relaciones políticas directas, referentes a los lineamientos de política criminal de la AFI y sus designaciones”.
Por: Patricia Blanco y Martín Angulo
