De esta forma se crea mayor burocracia y concentración, falta de continuidad e incoherencia con la política exterior del país.
Los antecedentes de políticas similares tomadas en el pasado, que dan potestad a ejercer arbitrariedad al funcionario de turno, otorgando o no las solicitudes para exportar, abrieron las puertas a “ventanillas” para hechos de corrupción. En ningún caso se logró producir un beneficio para los consumidores, especialmente para aquellos de menores recursos.
No podemos tolerar los niveles de pobreza que hoy tenemos, pero esto no es por culpa ni de la producción de carne y granos ni de la exportación, sabemos muy bien que son otros los motivos que la producen esta situación.
Las medidas tomadas, como ya ocurrió, no solo no tendrán el impacto positivo sobre el asalariado sino que, además, afectarán la inversión, la producción, la productividad, la generación de saldos exportables y las divisas que imperiosamente requiere el frente externo de la economía. Asimismo, esto producirá discrecionalidad y severa afectación a los sectores más débiles de la cadena, ya que las Pymes sufrirán el impacto negativo sobre salarios y empleo.
Por ello, desde el radicalismo reclamamos la derogación inmediata de la Resolución 60/2021 y Resolución 3/2021, del Poder Ejecutivo Nacional que causarán graves consecuencias al sector agroindustrial.
Buenos Aires, 22 de abril de 2021
