Aunque justificaron esta demora con razones operativas, en los tribunales y en el ámbito político se especula que este aplazamiento podría estar relacionado con la postulación del juez Ariel Lijo para ocupar un cargo en la Corte Suprema, propuesta impulsada por Javier Milei.
La expectativa general es que se confirme la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner para ocupar cargos públicos. No obstante, el compás de espera se interpreta como una ventana de oportunidad para avanzar con el nombramiento de Lijo, lo que podría generar repercusiones en los tiempos procesales.
Este retraso, que coincide con la elección interna del Partido Justicialista el 17 de noviembre, alimenta las teorías de que la demora juega a favor de Cristina Kirchner, quien ha sostenido que los intentos de condenarla responden a un intento de proscripción política.
En paralelo, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña deben armonizar sus votos. Mientras Hornos ya redactó su decisión y se inclinó por endurecer la pena a 12 años, Borinsky y Barroetaveña debaten mantener los seis años de condena originales. La deliberación se ha visto afectada por planteos de recusación y cuestiones logísticas de los jueces, quienes tienen previstos compromisos internacionales.
La eventual llegada de Lijo a la Corte podría representar una maniobra para demorar el fallo definitivo, lo que abriría más tiempo para negociar políticamente. En tanto, la Comisión de Acuerdos del Senado está próxima a aprobar su pliego, y solo restan dos firmas para que el Senado vote su designación.
Las especulaciones no se limitan al fallo en sí, sino que también se relacionan con la posibilidad de que el pliego de Lijo sirva como moneda de cambio en futuras negociaciones políticas con el kirchnerismo.
