En la Legislatura de Jujuy tomaron Estado Parlamentario, durante la 1ra Sesión Extraordinaria, los Proyectos ‘Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial’ y ‘Ley Impositiva de Jujuy’.
Al respecto, el presidente de la Bancada U.C.R., Alberto Bernis, señaló que “estos dos puntos fueron enviados por el ejecutivo. Acordamos que el día martes 11 va a venir el Ministro de Hacienda, con el equipo, para discutir en la Comisión de Finanzas con todos los diputados que quieran participar. Ese día se reunirá la Comisión y fijará el día de tratamiento de las mismas”.
Además, la Cámara aprobó las Leyes Nº 6.011 y Nº 6.012; de Fe de Erratas de la Ley Nº 6.088 y de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de la Provincia de Jujuy, respectivamente.
La Ley Nº 6.011 refiere a una modificación de la Ley 6.088 de ‘Creación de la Empresa Pública Cannavis Avatara – Sociedad del Estado. “cuando esta Legislatura aprobó esta Ley ocurrió un error de tipeo. Concretamente en los artículos 3 y 4, que hacen referencia al artículo 1, cuando en realidad la referencia es el objeto de la sociedad, que está contenido en el artículo 2”, señaló el diputado Ramiro Tizón.
En cuando a la Ley de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de la provincia, Tizón explicó “desde el año 46 esta provincia tiene la misma Ley de aranceles para abogados y procuradores, que es una Ley que cumplió con su objetivo pero que queda desfasada por el tiempo y por los acontecimientos de un país. Con posterioridad se modificó la Constitución Provincial, la Constitución Nacional, se incluyeron tratados internacionales, hubo nuevos procedimientos, así como finalmente se modificó el Código Civil y Comercial. A todo este aluvión de nueva legislación de fondo, y muchas veces de forma, esta Ley quedó con muchas lagunas en procesos que no están determinados, en aranceles que no están establecidos sino que dependen de la discrecionalidad de jueces. En igual sentido que buena parte de las legislaturas del país presentamos este proyecto que es una actualización necesaria”.
La Ley crea una unidad de medida arancelaria (UMA), que tiene como parámetro un 6% del salario mínimo, vital y móvil, además de establecer una tabla de honorarios mínimos para diferentes tipos de procesos. “Es un procedimiento altamente superador, y así lo entendieron la mayoría de los abogados de la provincia. Hay un pedido generalizado de ellos para que se actualice la Ley. Es de amplio consenso, superador, que viene a traer mayor equidad y dignidad para los abogados de la provincia”, finalizó Tizón.
