El oficialismo aceptaría introducir modificaciones en el proyecto de regulación del teletrabajo cuando lo trate el Senado. Lentamente, la actitud del Frente de Todos fue virando de la idea de convertir en ley tal como está la iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados al reconocimiento de que “si hay algo que corregir en el texto, se hará con tal de que la ley cumpla su objetivo, que es estimular el trabajo a distancia”, como dijo a Infobae un importante dirigente de la coalición gobernante.
Por Ricardo Carpena
La fuerte insistencia de los sectores empresariales ante el Gobierno y el Congreso en sus objeciones al proyecto habría sido decisiva para que los legisladores alineados con la Casa Rosada hayan variado de posición. Aunque no fue formalmente puesto sobre la mesa, algunos miembros del Grupo de los Seis le plantearon este jueves su posición a Alberto Fernández durante la reunión en la Quinta de Olivos para celebrar el 9 de Julio, en donde tuvieron una reunión de trabajo con la CGT.
Entre esas modificaciones que ahora aceptaría el oficialismo estaría el polémico artículo 8 de la iniciativa, que establece la reversibilidad, es decir, la posibilidad de que un teletrabajador pueda volver a cumplir tareas de manera presencial. Sin embargo, el texto aprobado por la Cámara de Diputados faculta solamente al trabajador a revocar su consentimiento para hacer teletrabajo, algo que, según especialistas en Derecho Laboral, viola los artículos 64 y 64 de la Ley de Contrato de Trabajo, que le otorgan al empleador la facultad de organización y dirección de la empresa.
A último momento, los diputados oficialistas hicieron un agregado en el artículo para disipar las críticas: la versión final sostuvo que es obligación del empleador acceder a la revocatoria del teletrabajo “salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”. Aun así, los empresarios siguen cuestionando este punto, entre tantos otros.
Para la jefa del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), Laura Giménez, “el pedido de reversión ha de ser iniciativa tanto del empleador como del trabajador y debe siempre estar fundado en cuestiones fácticas y objetivas”, y “los 30 días de preaviso son un factor necesario para garantizar el ejercicio razonable del derecho de reversión tanto por parte del trabajador como de sus empleadores”. En el artículo no figura ningún plazo de preaviso.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que preside el peronista pampeano Daniel Lovera, comenzará la semana próxima el tratamiento del proyecto y se espera que fije una serie de reuniones con sectores empresariales y sindicales para escuchar su posición. Estaba previsto que arrancara antes del feriado largo de esta semana, pero el oficialismo no citó a la comisión justamente para que sus máximos referentes pudieran unificar una postura sobre el tema.
Los senadores del Interbloque de Juntos por el Cambio, por su parte, mantuvieron contactos por videoconferencia el martes y el miércoles con diversas entidades empresariales, que ratificaron su oposición al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Una de ellas fue Argencon, que agrupa a empresas de servicios basados en la economía del conocimiento, que advirtió que “la ley parece más inclinada a limitar y burocratizar esta práctica que a promover su desarrollo”.
Así como el sector moderado del oficialismo, que integran tanto el Presidente, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aceptaría algunos cambios que piden los empresarios para garantizar la aplicación de la ley, el kirchnerismo duro buscaría hacerle reformas para alinear el texto con la Ley de Contrato de Trabajo.
Si finalmente el Senado cambia el proyecto, deberá volver a Diputados, la cámara de origen que, si acepta los cambios, puede convertirlo en ley. De todas formas, la iniciativa recién se tratará en el recinto luego del 17 de julio.
Los zigzagueos del oficialismo respecto del teletrabajo responden a las diferencias que mantienen en cuestiones laborales el ministro Moroni, quien es de extrema confianza de Alberto Fernández, y el abogado Héctor Recalde, cercano a Cristina Kirchner y a La Cámpora. En el Congreso atribuyen a una pelea entre estos sectores la decisión de cajonear el proyecto del Gobierno para darles protección laboral a los trabajadores de plataformas, que redactó el equipo de Moroni, pero que se frenó cuando llegó a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que preside Vanesa Siley, cercana al camporismo.
La iniciativa elaborada por el Ministerio de Trabajo crea para quienes trabajan en Rappi, Glovo, Uber Eats y Pedidos Ya, entre otras app, un régimen laboral que está por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, cuestión que los legisladores K más cercanos a Recalde consideran inadmisible porque quieren que los trabajadores de las app estén comprendidos en los alcances de la Ley de Contrato de Trabajo, una postura que sería un golpe mortal para la subsistencia de las aplicaciones.
Con el proyecto que regula el teletrabajo pareció que iba a evitarse cualquier choque político porque avanzó luego de un consenso entre diputados y senadores oficialistas, sobre todo del kirchnerismo duro, por lo que se estimaba que la iniciativa aprobada en la Cámara baja el 10 de julio iba a tener una aprobación veloz en el Senado para quedar convertida en ley.
Lovera, el presidente de la Comisión de Trabajo en el Senado, es sindicalista de Comercio en La Pampa, proviene del peronismo más tradicional y tiene buen diálogo con la oposición, pero en ese grupo legislativo pesa la opinión de su colega de bancada Mariano Recalde, abogado laboralista -como su papá Héctor- y dirigente de La Cámpora.
Sin embargo, las diferencias en el propio oficialismo y la presión empresarial, además de la indiferencia de la CGT, sirvieron para que desde el Gobierno se impulsaran algunos cambios en el proyecto que sancionó Diputados.
El Gobierno no quería impulsar una ley específica para el teletrabajo porque era partidario de que la modalidad se siguiera negociando en los convenios, una postura que comparte la CGT. Moroni incluso admitió ante la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados que será muy difícil el sistema de fiscalización de esta modalidad laboral en los hogares de los trabajadores. Una observación similar hicieron las entidades empresariales, que advirtieron que si la cartera laboral no puede llevar adelante hoy la fiscalización laboral, menos podría hacerlo si tuviera que efectuar controles en miles de domicilios.
Las críticas empresariales hacia el proyecto incluyeron desde el hecho mismo de que haya una ley para regular el teletrabajo, porque esa modalidad ya existe y se reglamenta a través de los convenios colectivos, hasta la posibilidad de que algunos artículos impacten negativamente en las pymes porque aumentan los costos y están pensados para grandes empresas.
