Se refirió a la ciudad de Rosario, donde la presencia y los ataques narcos han generado una grave problemática. En sus palabras, describió a Argentina como prácticamente un narcoestado, subrayando cómo los vínculos entre los líderes del narcotráfico y funcionarios públicos han permitido que estas redes criminales operen con impunidad.
Arroyo Salgado enfatizó la necesidad urgente de tomar medidas drásticas, incluyendo la remoción de funcionarios judiciales vinculados al narcotráfico y la implementación de una nueva política estatal para combatir el crimen organizado. Alertó sobre la expansión del narcotráfico más allá de Rosario, señalando que esta problemática afecta a diversas regiones del país.
La jueza también destacó la importancia de abordar el problema con transparencia y sinceridad, señalando casos de corrupción en el ámbito judicial que han facilitado la actividad narcotraficante. Mencionó la destitución de varios funcionarios judiciales por sus conexiones con el narcotráfico, como ejemplos claros de la gravedad del problema.
En cuanto a las acciones concretas, Arroyo Salgado hizo hincapié en la necesidad de una política de estado integral, liderada desde las más altas esferas del poder, para combatir tanto la corrupción como el narcotráfico. Reconoció los esfuerzos del nuevo intendente de San Isidro, Ramón Lanús, por priorizar este tema en su agenda.
Por otro lado, mencionó las medidas implementadas por el gobierno nacional, como el programa de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para enfrentar el narcotráfico, especialmente en Rosario. Sin embargo, señaló que aún queda mucho por hacer y que la falta de una política de estado coherente seguirá perpetuando el problema.
En relación con las amenazas y ataques registrados en Rosario, vinculados al traslado de presos de alto perfil, Arroyo Salgado destacó la importancia de medidas de seguridad efectivas en las cárceles para prevenir la influencia y acciones de los líderes narcos desde el interior de las mismas. Subrayó la necesidad de reducir los privilegios de estos detenidos y fortalecer los controles para evitar el ingreso de objetos ilícitos.
En conclusión, la magistrada hizo un llamado urgente a tomar medidas concretas y coordinadas a nivel estatal para combatir la corrupción y el narcotráfico, reconociendo la gravedad de la situación y la necesidad de un enfoque integral y transparente para abordar este problema que afecta a toda la sociedad argentina.
