UATRE, la caja sindical que fue de Pro y que ahora se disputan Massa y el kirchnerismo

José Voytenco tiene 59 años y surgió de un remoto pueblo chaqueño de 10.000 habitantes. De manera inesperada escaló en el poder interno de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) por la muerte por coronavirus de Ramón Ayala, en 2020. Una ironía del destino: Ayala también llegó a la cima del gremio por la muerte del número uno, en este caso Gerónimo “Momo” Venegas, el histórico dirigente que viró del peronismo a fundador del sindicalismo macrista.

Humilde, de bajo perfil, aunque hábil y perspicaz para construir su propia identidad, Voytenco se adaptó en tiempo récord a la gran ciudad y dio un vuelco drástico en los alineamientos estratégicos de la Uatre, cuyo sello político, el partido Fe, abandonó Cambiemos para sumarse al Frente de Todos.

El heredero de Venegas y Ayala apiló rápidamente fotos en despachos oficiales con Alberto Fernández, Máximo Kirchner y Axel Kicillof. En el ajedrez sindical, el jefe de los ruralistas se acercó a Pablo Moyano, pero incluyó en los negocios gremiales a Luis Barrionuevo. Y dispuso el regreso de la unión a la CGT después de un retiro forzado por el Momo durante su alianza con Macri. “Siempre fuimos peronistas”, justificó el giro político e ideológico en una entrevista radial.

Voytenco está hoy parado sobre una caja millonaria que cautivó en su momento al macrismo y que ahora es motivo de disputa entre el kirchnerismo y Sergio Massa. La Uatre administra $600 millones mensuales mientras que su obra social, Osprera, maneja unos $2800 millones, según fuentes que manejaron hasta hace poco las finanzas del gremio.

Son aproximadamente 12 millones de dólares que surgen de la contribución del 2% del sueldo de unos 400.000 afiliados activos, del aporte a la salud por parte de empleados y empleadores, y de otras fuentes de financiamiento, como pueden ser el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a cargo de los recursos del fondo de desempleo, y el Fondo Especial del Tabaco, una caja que se nutre por ley de un porcentaje de las ventas de cada paquete de cigarrillos y que este año le reportaría $1290 millones, según proyectó un referente de la industria tabacalera. Las cifras podrían ser incluso mayores si se tiene en cuenta que siete de cada 10 trabajadores rurales están contratados en negro, de manera irregular, según denunció Voytenco.

La pelea por el verdadero control de la caja se comenzaría a dirimir el mes próximo, cuando se enfrenten en las urnas Voytenco contra Pablo Miguel Ansaloni, actual administrador de la prestadora médica y que fue denunciado en la Justicia por presunta malversación de unos $10,5 millones. Voytenco está respaldado por el kirchnerismo, mientras que Ansaloni se jacta de tener el apoyo de Sergio Massa, con quien hizo migas en la Cámara de Diputados cuando dejó la bancada macrista, a la que había llegado por la alianza con Fe, para sumarse como socio del Frente de Todos. Ese cruce de vereda le valió una durísima crítica de Macri antes de dejar la Presidencia.

Por primera vez desde 1991, no habrá lista única en la elección de autoridades de la Uatre. Los comicios serán el 21 de diciembre. Se llegó a esa fecha después de un proceso nublado de sospechas y acusaciones, que fue incluso judicializado en tribunales federales y provinciales. Voytenco logró el adelantamiento del llamado a las urnas en un congreso en Parque Norte en el que hubo incidentes y que le costó un enfrentamiento retórico con el exministro de Trabajo Claudio Moroni, quien no había reconocido como válido uno de los pasos electorales previos. Aparentemente destrabada la polémica judicial, las diferentes vertientes internas que cohabitan en la Uatre esperan que el recambio de autoridades le otorgue legitimidad y orden al sindicato y a la obra social, que habría estado paralizada financieramente porque durante un lapso el tesorero se rehusó a firmar el reparto de fondos por la pelea interna.

La pulseada gremial tiene un inevitable correlato político. Fe, el partido que fundó Venegas y que dejó Cambiemos para sumarse al Frente de Todos, cuenta hoy con un intendente propio [Cecilio Salazar, en San Pedro], una diputada provincial [Natalia Sánchez Jáuregui] y concejales en siete distritos bonaerenses. Sánchez Jáuregui apoya a Voytenco, pero Salazar, que dejó a su hijo en la intendencia de manera interina para asumir como director del ferrocarril Belgrano Cargas, es todavía una incógnita. Trenes Argentinos, que es el mayor proveedor de empleo registrado del país, es uno de los botines estatales que está bajo la órbita de Massa. Salazar es uno de los 30.102 empleados.

En la disputa surge un tercer sector, que denuncia “un acuerdo político” entre Voytenco y Ansaloni para quedarse con la recaudación. Se trata de un grupo de dirigentes desplazados del gremio y que recurrió a la justicia laboral para forzar su reincorporación. Saúl Castro, el hijo de Juan Carlos, un referente de la Uatre en Córdoba que falleció hace dos días y que tuvo un cargo jerárquico a nivel nacional, es uno de los que lleva la voz cantante.

“Nos desplazaron arbitrariamente porque dicen que pedimos la intervención del gremio”, explicó hace algunas semanas su rivalidad con Voytenco y Ansaloni. Se aferra a una presentación judicial en la Corte para intentar frenar las elecciones del 21 de diciembre. “Una elección no es hoy la solución. La Justicia debería resolver la cuestión de fondo”, planteó Castro, quien nació en 1989 y lleva como nombres Carlos, “por su padre”, y Saúl, “por Ubaldini”. Decir hoy que fue llamado así por Menem no tendría rédito.

A medida que avanzaba la disputa entre las diferentes tribus, Voytenco le quitó hace un año el servicio de seguro de sepelio al grupo Néspola para cedérselo a El Surco, de Julio Comparada, casi un hijo para Luis Barrionuevo. Comparada fue presidente de Independiente y entre sus clientes tiene a gremios, aunque su gran negocio es con el fútbol, gracias al acuerdo que selló hace años con la AFA en los tiempos de Julio Humberto Grondona. La Uatre paga unos 200 millones de pesos mensuales en seguros de vida con el descuento de $500 pesos al salario de sus 400 mil afiliados, según publicó Daniel Bilotta en marzo pasado en LA NACION. Los echados por Voytenco advierten sin pruebas sobre presuntas irregularidades. No sería el primer y único negociado de algún sindicato con las empresas de seguros. Existen antecedentes.

Tampoco es la primera vez que los recursos de la Uatre son motivo de interés y disputa para la política. Cuando Ayala estaba a cargo del gremio, él y otros miembros del consejo directivo quedaron involucrados en la recaudación de la campaña electoral de Cambiemos de 2017. Aquella vez Ayala se enteró al aire, durante una entrevista con FM La Patriada, de que su nombre aparecía en la lista de aportantes. “¿Vos aportaste a la campaña de Cambiemos?”, le preguntó el periodista Juan Amorín, quien reveló el caso. “No”, contestó Ayala, seco y tajante. Y reforzó: “Colaboramos con la campaña, trabajamos. Pero aportes económicos no hemos hecho ninguno”. Más tarde, se corrigió: aclaró que había participado de una cena en Pergamino en el marco de la campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, y que por eso apareció en la nómina de aportantes. Había pagado $5000 la tarjeta.

Entre los sindicatos es habitual aportar fondos para las campañas electorales de manera encubierta, ya que la ley lo prohíbe. Ayala quedó esa vez en la mira, pero no hay dirigente gremial que desconozca esta práctica. Razones por las que la política se acerca a los gremios, y viceversa. La maquinaria electoral para 2023 ya está en marcha.

Nicolás Balinotti