El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina se pronunció en rechazo de bajar la edad de imputabilidad a los menores, mediante un documento que fue presentado al Subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan José Benítez.
En el mismo, se analiza críticamente la baja en la edad de imputabilidad penal (de 16 a 15 años) que auspicia el anteproyecto de ley sobre el sistema de responsabilidad penal juvenil elaborado por el Ministerio mencionado
Por tal motivo, recientemente, se concretó una reunión entre los integrantes del Consejo Federal y el funcionario nacional, de la cual participó la Dra. Susana Traillou, Defensora General del Ministerio Público de la Defensa Civil de Jujuy.
Los Defensores Generales de todo el país, destacaron que en el mismo existe “una inocultable tensión entre la decisión política estatal dirigida a bajar la edad de imputabilidad penal de niñas, niños y adolescentes (NNyA) y el reconocimiento pleno de los derechos y garantías de estos sujetos privilegiados”.
Resaltaron que “el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas señala que el cabal reconocimiento de los derechos y garantías de NNyA, a la luz del interés superior del niño como principio interpretativo dirigido a garantizar la máxima satisfacción de estos, se relaciona con la fijación de una edad mínima de responsabilidad penal lo más alta posible, y nunca con la disminución de esa con el objetivo de ampliar la operatividad del sistema penal juvenil”.
El documento especifica, además, cuestiones que toda consideración sobre el tema de la edad mínima de responsabilidad penal debería tomar en cuenta, entre ellas la concepción del sistema penal como ultima ratio para tratar, aun desde el punto de vista legislativo, los problemas y conflictos de NNyA; la existencia de un problema social; la eficacia de la herramienta de política pública; y la conceptualización en clave jurídico/legal de la cuestión etaria en el sistema penal juvenil.
El texto fue rubricado por la Dra. Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación; los Defensores y Asesores Generales de Entre Ríos, Salta, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Santa Cruz, Jujuy, Chubut, La Rioja, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Tucumán.
