El gobierno nacional vivió unas semanas complicadas por los traspiés que sufrió en el Congreso Nacional, principalmente por la aprobación de un proyecto para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria.
Las diferencias entre el Poder Ejecutivo y gran parte del Legislativo se profundizaron luego de que el Senado avalara la propuesta opositora: el presidente Javier Milei volvió a acusar a los legisladores de “degenerados fiscales que hacen populismo y condenan a la ruina a la Argentina y a las próximas generaciones”.
En ese contexto, Milei adelantó que vetará el proyecto de ley de reforma jubilatoria y la oposición empezó a trabajar para conseguir una mayoría que blinde la propuesta e incluso comenzó a hablarse de una negociación entre las partes para acordar cambios.
Sin embargo, el vocero presidencial Manuel Adorni desestimó esas versiones y reafirmó: “El veto va a ser total, no hay ningún tipo de negociación. La decisión está tomada”. En las últimas horas había circulado la versión de que algunos sectores de la oposición no verían mal un veto parcial para evitar un nuevo rechazo para el oficialismo. Como la ley fue aprobada por ambas cámaras con dos tercios de los votos, el Congreso, pese al veto, podría insistir con el proyecto.
Respecto del tiempo que se tomará el jefe de Estado para tomar una determinación, Adorni explicó que “no sé si va a estar esta semana o no, hay 10 días hábiles para proceder al veto, eso son 15 días de corrido. Veremos cómo avanza administrativamente y en el proceso burocrático la decisión del Presidente”.
“El trasfondo de todo esto es el intento de romper el equilibrio fiscal. La gravedad es evidente cuando proponen un gasto y sin contrapartida de recursos. No hay otra razón que no sea romper con el equilibrio de las cuentas públicas”, añadió el vocero.
El proyecto que se aprobó establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo. Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.
Respecto de otros temas económicos, Adorni reconoció ante la consulta sobre los últimos números que brindaron algunas cámaras empresarias que “la industria es el sector que todavía está más retrasado en el proceso de la recuperación, eso es un dato objetivo y que le prestamos atención, como también entendemos que dentro de la industria (que va desde producción de acero o patentamiento de autos o producción de autos o despachos de cemento) empieza a haber semáforos positivos también”.
También aseguró que “el incremento de tarifas no impacta en la inflación. Puede impactar en el IPC en el mes, pero la inflación no se da en virtud del aumento del precio de uno de los bienes o de uno de los servicios de la economía, porque la inflación es por definición el aumento generalizado de los precios de la economía en un periodo de tiempo”.
“Si decimos que la inflación depende de la máquina de hacer billetes, depende de que se desajustan la oferta y la demanda monetaria, la política monetaria es una gran cantidad de dinero fija, te puede impactar en un mes pero con el correr del tiempo eso no va a terminar impactando de manera permanente en el IPC, así que no, no va a pasar eso”, agregó.
