El vencimiento de los acuerdos laborales el 31 de diciembre pasado ha desencadenado esta situación. Desde el directorio de Radio Nacional, han afirmado que la falta de una partida presupuestaria adecuada imposibilita la garantía de sueldos para renovar estos contratos.
Este escenario ha puesto de manifiesto la controversia en torno a la gestión de los medios públicos, especialmente desde la asunción de Javier Milei, quien ha expresado en múltiples ocasiones su interés en privatizar estos medios. En este contexto, Radio Nacional ha optado por no renovar más de 500 contratos, lo que implica la salida de figuras reconocidas de su programación.
A pesar de no haber designado aún a un presidente del directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA), el Gobierno continúa implementando su agenda mediática con el reciente nombramiento del periodista Eduardo Serenellini como secretario de Medios.
Esta decisión de no renovar más de 500 contratos, correspondientes a más de 40 emisoras en todo el país y que incluyen a periodistas, productores y conductores reconocidos como Sandra Mihanovich, Mex Urtizberea, Darío Villarruel, Sandra Russo, Alejandro Apo, Óscar Gómez Castañón, Federica Pais y Víctor Hugo Morales, se enmarca en las reformas que el Ejecutivo busca llevar a cabo para alcanzar el déficit cero.
Javier Monte, uno de los titulares provisorios, explicó que la adversidad presupuestaria y el panorama político han impedido la renovación de estos contratos. A su vez, se destacó que otros 86 contratos sí fueron renovados a solicitud de la gerencia.
Algunos involucrados, como la periodista Gisela Busaniche, han aclarado que los contratos no fueron cancelados, sino que simplemente no fueron renovados al expirar el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, ella misma rescindió su contrato a finales de noviembre de ese año.
Este movimiento ha provocado un reclamo sindical, pero desde el directorio se ha reiterado que la ausencia de una partida presupuestaria es el principal motivo detrás de esta decisión, desvinculándola de una reducción de los medios públicos y atribuyéndola a la falta de presupuesto y a cambios en la programación.
El presidente Milei, antes de asumir su cargo, dejó claro su propósito de privatizar la TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam. Su argumento se basa en considerar que los medios estatales se han convertido en instrumentos de propaganda, y ha reiterado su postura a favor de la privatización, sosteniendo que todo lo que pueda estar en manos del sector privado debería ser así.
Este enfoque hacia la privatización de las empresas públicas se materializó con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incluye la eliminación de limitaciones a la multiplicidad de licencias de radiodifusión televisiva, dando paso a un proceso de desregulación económica.
Las afirmaciones recientes del presidente, incluidas en un programa de televisión, reafirman su compromiso con la privatización de los medios públicos, argumentando que el Estado no debe intervenir en la economía, especialmente cuando existen necesidades sociales urgentes.
