El Gobierno de Javier Milei desistió de un recurso ante la Corte de la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner contra la reforma de la Constitución que había impulsado el ex gobernador radical Gerardo Morales. El recurso pedía declarar inconstitucional los cambios en la carga magna provincial. Lo hizo en un escrito enviado al máximo tribunal.
De esta forma, una vez que la Corte acepte formalmente la desestimación quedará convalidada la reforma de la Constitución Jujuy que el kirchnerismo y la izquierda habían impugnado y el año pasado provocó una serie de graves incidentes en la provincia.
Los incidentes comenzaron en junio pasado, mientras los legisladores jujeños se encontraban sesionando, presididos por Morales, y un grupo de personas encapuchadas vandalizaron el edificio público, intentaron ingresar por unas ventanas y provocaron un incendio dentro de las oficinas legislativas. Además, dieron vuelta dos vehículos, prendieron fuego otro auto y continuaron con una incesante lluvia de piedras contra los efectivos de seguridad. Después con la anuencia del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner mantuvieron cortadas las principales rutas de Jujuy durante semanas.
Por los incidentes hubo, al menos, 58 detenidos y 70 heridos, de los cuales un manifestante se encontraba en estado delicado. Del total de lesionados, 42 son policías, informó la Gobernación.
Luego de los incidentes, el entonces ministro de Justicia y dirigente K, Martín Soria presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy.
Como antecedente al desistimiento, la Corte ya se había declarado incompetente en dos casos que involucran la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, al considerar que no corresponden a los temas de su competencia originaria. En uno de los casos, organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que dirigía entonces el periodista K Horacio Verbitsky y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes), promovieron una acción de amparo para que no se aplique el artículo 67, inciso 4, de la Constitución provincial reformada durante la gestión de Morales.
El kirchnerismo quería que la Corte firmara una acción declarativa para que se declare como inconstitucionales algunos artículos del texto sancionado por la Convención Constituyente jujeña, al considerar que «vulneran los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como con el Convenio 169 de la OIT».
En su cuenta de Twitter, Soria señaló que «el candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, pretende hacer campaña llevándose puestos los derechos de los jujeños, como lo demostró con la brutal represión con la que estrenó la reforma y con las arbitrarias medidas tomadas contra Milagro Sala».
El Gobierno K planteaba la «gravedad institucional» generada por la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, ya que «está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan».
La presentación destaca que organismos Internacionales de derechos humanos, «con los cuales la República Argentina tiene compromisos asumidos, ya se han expresado sobre la reforma constitucional de la provincia de Jujuy y sobre los gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma».
La demanda gubernamental afirma que «el inciso 4° del artículo 67 de la Constitución jujeña contiene prohibiciones incompatibles con nuestra Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos», al indicar que dicho inciso sienta las bases para la sanción de un reglamento represivo -por parte del gobierno de turno- que limite los derechos de reunión, protesta y huelga, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sin embargo, nada de eso establecía el texto constitucional aprobado en Jujuy explicó Morales.
El escrito presentado a la Corte también solicitaba que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 94 y 95 de la nueva Carta Magna jujeña, al considerar que durante el procedimiento de reforma de la Constitución provincial «se omitió la debida consulta a los pueblos indígenas interesados, en relación a diversas cuestiones que los afectan en forma directa».
«Los artículos referidos al régimen de agua y tierras fiscales debieron ser objeto de consulta, en virtud de que se encuentran directamente vinculados al territorio y no contemplan el uso tradicional de las comunidades indígenas», afirmó la demanda del gobierno, y sostuvo que «el Estado debe tener en cuenta la importancia especial que tiene para los pueblos indígenas su relación con los territorios y con los recursos naturales allí existentes».
Además, dos senadores nacionales K presentaron un proyecto de ley que propone declarar la «intervención federal a la provincia de Jujuy en su Poder Judicial» para «garantizar la forma republicana de gobierno» y «evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado Argentino».
Esta iniciativa en perjuicio de la Provincia de Jujuy lleva las firmas de los legisladores Guillermo Snopek, y Juliana Di Tullio.
