Procesan por contrabando y lavado a los dueños de la joyería del poder

El juez Diego Amarante tomó la decisión sobre los principales responsables de Simonetta Orsini, el lugar del cual eran clientes Oyarbide, Boudou, De Vido, entre otros

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante procesó a los dueños de Simonetta Orsini, la joyería del poder, por la presunta comisión de los delitos de contrabando y lavado de activos, dictó su prisión preventiva –que no se hará efectiva- y dispuso embargos contra todos los acusados por montos multimillonarios.

Los procesamientos recayeron sobre Martín de Leeuw, Myriam Julia Kohen, Edgardo Fabián Guelman y Bárbara Bontempo, como también sobre la firma Simonetta Orsini SRL, controlante de la joyería ubicada en la esquina porteña de Posadas y Cerrito que desde hace años funciona como enclave de referencia para políticos, jueces, fiscales, empresarios y financistas.

Norberto Oyarbide, Amado Boudou, Julio de Vido, José López, Guillermo Moreno, empresarios que integran la “causa Cuadernos”, al igual que Sebastián Forza, Cristóbal López y Leonardo Fariña, jueces federales como Ariel Lijo y fiscales de los tribunales de Comodoro Py son o fueron algunos de los clientes habituales de la joyería que combina la venta de relojes, lapiceras, habanos y otros artículos de lujo con ambientes reservados donde los interesados podían y pueden dialogar tranquilos, lejos de las miradas indiscretas.

Tras seis años de investigación, sin embargo, Amarante dispuso la prisión preventiva de De Leeuw, Kohen, Guelman y Bontempo. Concluyó que existen evidencias suficientes para concluir que recurrieron a distintas maniobras de contrabando como la llamada “calesita” entre Suiza, Estados Unidos y la Argentina o hasta esconder relojes de lujo -valuados en hasta US$ 100.000 cada uno- en cajas supuestamente vacías para reintroducirlos en el país.

En la misma resolución, sin embargo, el magistrado dictó la prescripción de algunas de esas maniobras y les concedió la exención de prisión a los acusados –previo pago de una caución millonaria, aunque los embargó por hasta $12.609 millones a cada uno, les prohibió salir del país y los obligó a pedir una autorización judicial antes d ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas.

La investigación comenzó con una denuncia por presunto contrabando que radicó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2017, un año después de que LA NACION revelara cómo operaba la joyería de De Leeuw –quien ya arrastraba una condena por narcolavado colombiano en Estados Unidos- y “Mimi” Kohen, esposa de Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería.

Ahora, el magistrado consideró probado que De Leeuw, Kohen y los dos acusados restantes protagonizaron una “maniobra criminal” que recurrió a “distintos ardides y engaños” para obtener beneficios delictivos, que luego se esforzaron por darle una pátina de legalidad a sus ganancias delictivas a través de diversas maniobras de blanqueo.

Según expuso Amarante en su resolución, los acusados se abocaron a “la importación y reembarco de relojes al amparo de destinaciones aduaneras con declaraciones falsas (en punto al proveedor y, en algunas ocasiones, a los valores declarados); la utilización de documentación apócrifa que resultaba necesaria para cumplimentar las operaciones aduaneras (en particular, facturas de compra); y el ingreso al territorio nacional de relojes no declarados y ocultos en otros embarques o en el equipaje acompañado (algunos casos probablemente con manipulación en los pesos y valores declarados); entre otras maniobras dirigidas a sustraer la mercadería del control aduanero”.

Para concretar esas maniobras de contrabando y lavado, según el magistrado, los procesados circularon relojes entre Europa, América del Norte y el Cono Sur, “de manera de dificultar aún más la trazabilidad del comercio”, para luego recurrir a dos sociedades pantalla con las que pretendieron “simular una compra-venta internacional para ‘refacturar’ y cerrar el circuito formal y documental del supuesto ingreso y/o egreso de los relojes del territorio nacional”.

De ese modo, abundó Amarante, llegó a la “certeza” sobre la presunta maniobra criminal dirigida a ingresar artículos de lujo en la Argentina “sin presentar documentación legal ante la aduana que hubiera correspondido; es decir, sin exteriorizarlo, afectando, impidiendo e, incluso, eludiendo, el debido control aduanero”.

Un pasado oscuro

Para De Leeuw, sin embargo, dista de ser su primer contratiempo judicial, según reveló LA NACION en 2016. Recibió una pena a cuatro años y tres meses de prisión en Estados Unidos, más otros dos de libertad vigilada, tras admitir su culpa ante un juez federal en Chicago. Fue en los 90, vinculado al comercio de esmeraldas y carteles colombianos de la droga.

Al retornar a la Argentina, De Leeuw se asoció con “Mimi” Kohen. Montaron Simonetta Orsini, que desde el kirchnerismo se convirtió en una de las principales joyerías de Buenos Aires, con sucursales en la calle Gerónimo Salguero al 2700 de Buenos Aires y en Punta del Este. Allí unieron fuerzas con otra familia de joyeros, los Orentrajch, quienes terminaron detenidos en la operación Viñas Blancas, acusados de lavar millones para los narcos que intentaron traficar al menos 171 kilos de cocaína en botellas de vino.

Los narcos de Viñas Blancas fueron condenados, pero no así los joyeros, que intentaron volver al ruedo. Uno de ellos, Andrés Orentrajch, pasó a trabajar en el local de Posadas y Cerrito de Simonetta Orsini, mientras que un hermano suyo murió a mediados de 2016 bajo las balas del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal. Desde entonces, sus allegados consideran que fue un asesinato, puro y duro.

Los procesamientos que dispuso el juez Amarante, en tanto, serán ahora apelados por todos los acusados, quienes de ser encontrados culpables por un tribunal oral podrían afrontar penas de 2 a 10 años de prisión por los hechos de contrabando y otros 3 a 10 años de prisión por los de lavado establecidos en los códigos Aduanero y Penal, respectivamente.

Hugo Alconada Mon