La CGT realiza este miércoles su primer paro general contra Javier Milei, a sólo 45 días de haber asumido el Gobierno y luego de 4 años de pasividad durante la administración de Alberto Fernández.
En rigor, será un paro de medio día (de 12 a 00 horas) para permitir una movilización al Congreso, donde se pedirán a los legisladores que frenen el DNU -que incluye la reforma laboral- y la Ley Ómnibus.
La huelga general de la CGT comenzará a las 12 (los colectivos, trenes y subtes funcionarán hasta las 19 para facilitar la movilidad de los manifestantes) y el eje de la protesta será un acto ante la Plaza de los Dos Congresos que comenzará a las 14.30, en el que se leerá un documento y habrá dos oradores: los cotitulares cegetistas Pablo Moyano (camioneros) y Héctor Daer (Sanidad).
La movilización contará con la participación de las dos CTA, los movimientos sociales, sectores políticos (tanto del peronismo como de la izquierda) y representantes de la cultura, entre otros, y servirá para probar nuevamente la instrumentación del protocolo antipiquetes del Gobierno para evitar que durante la marcha hacia el Congreso se produzcan cortes de calle y eventuales disturbios.
Dirigentes de la CGT se reunieron hace 48 horas con el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y el secretario del área y jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, para coordinar los detalles del acto: los sindicalistas se comprometieron a respetar el protocolo antipiquetes y marchar por las veredas, dejando carriles libres en la calle para que puedan circular los autos.
El palco principal estará sobre la avenida Entre Ríos, frente al cual se ubicarán los manifestantes de los sindicatos que integran la CGT, flanqueadas por la CTA Autónoma, sobre la avenida Rivadavia, y la CTA de los Trabajadores, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, mientras que los partidos políticos y movimientos sociales se ubicarán detrás de los gremios, sobre la plaza, entre Virrey Ceballos y Luis Sáenz Peña.
La presencia del kirchnerismo, el trotskismo y los piqueteros duros, según temen en la CGT, podría derivar en los reclamos desde esos sectores de que se ponga fecha a un paro general “cuanto antes”. Sin embargo, en la cúpula cegetista predominan los moderados que esperan que, tras el paro, el Gobierno abra una instancia de diálogo para bajar la intensidad del enfrentamiento. Aunque en la Casa Rosada nadie lo admite, hay funcionarios que aguardan instrucciones para hablar con la CGT.
De todas formas, el Gobierno trató de aprovechar la embestida de la CGT para exponer a sus dirigentes ante la opinión pública como “enemigos del cambio”: por eso apostó a provocarlos con decisiones duras como la intimación a que paguen el operativo de seguridad del acto cegetista del 27 de diciembre ante el Palacio de Tribunales, el anuncio del descuento del día de huelga a los estatales que paren hoy y la postergación del Consejo del Salario para fijar el aumento del salario mínimo.
Apenas Milei ganó el balotaje, la CGT comenzó charlas reservadas con Guillermo Francos, actual ministro del Interior, en las que se habría comprometido a que el DNU incluiría una “mini reforma laboral” que no amenazaba al poder sindical, pero luego de que el texto tuvo una última revisión de Federico Sturzenegger, el cerebro de la desregulación de la economía que propone la Casa Rosada, hubo cambios sorpresivos que endurecieron su contenido, como la limitación a las cuotas solidarias, recurso de los gremios para recaudar dinero aun entre quienes no están afiliados.
Lo reconoció el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN): “En los primeros tiempos hubo diálogo con Francos donde había comprometido unas reformas. Lamentablemente cuando se descargó el DNU en el Congreso, era totalmente diferente”, afirmó a la radio AM 750.
Otra curiosidad: con la excepción de las cuotas solidarias, ninguna de las medidas previstas en el DNU 70 ni en la ley ómnibus atenta contra los pilares del modelo sindical argentino. No se toca el sistema de personería gremial que consagra el otorgamiento de derechos exclusivos a la organización considerada más representativa por rama de actividad, como firmar los convenios colectivos y administrar sus obras sociales. No se propicia los convenios por empresa, para alivio del unicato sindical, ni se elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, que obliga a mantener su vigencia hasta que no se negocie uno nuevo. Tampoco se altera la reelección perpetua de los dirigentes ni se impulsan medidas para transparentar las elecciones gremiales, como el voto electrónico.
Ni siquiera los cambios en el sistema de salud jaquean a las obras sociales al desregular la actividad e incorporar a las prepagas, como lo reconoció la CGT: “Desde el punto de vista de las obras sociales de los gremios más numerosos en afiliados y los que se identifican con los afiliados de la actividad, el DNU es neutro porque no afecta a los recursos ni a los afiliados”, concluyó un informe cegetista.
Los ejes de la reforma laboral del Gobierno pasan por la reducción de las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado con el fin de beneficiar a las pymes y favorecer la contratación de trabajadores (algo que también podría beneficiar a los gremios que son empleadores) y la habilitación para crear un sistema indemnizatorio similar al Fondo de Cese Laboral de la UOCRA (tan poco amenazante para el status quo que defienden algunos dirigentes que el régimen propuesto es voluntario y aplicable si empresarios y sindicalistas lo negocian en los convenios).
Es cierto que el combo que armó Milei se convirtió en poco digerible para la platea sindical si se suman otras propuestas libertarias como la reglamentación del derecho de huelga en los servicios públicos, el regreso del Impuesto a las Ganancias y la privatización de empresas públicas.
Algunos le echan la culpa de endurecer la reforma laboral al ala intransigente del oficialismo, encarnada por Sturzenegger y por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aunque es difícil pensar que Milei no los haya avalado. En realidad, la plana mayor de la CGT no quería apurar los tiempos de la protesta, hasta tal punto que un dirigente cercano al kirchnerismo como Pablo Moyano habló de no realizar un paro inmediato porque “en enero y febrero los laburantes se toman vacaciones”.
Finalmente, la CGT decidió el paro con movilización porque pesó la opinión de los más duros, como los dirigentes alineados con el kirchnerismo, sorpresivamente aliados con un dialoguista como Héctor Daer, uno de los más molestos con las idas y vueltas del Gobierno en las charlas con los sindicalistas.
La protesta cegetista paralizará los colectivos, trenes y subtes entre las 19 y las 0 horas del jueves 25. Los bancos atenderán hasta las 12. Los hospitales sólo atenderán guardias de urgencia, mientras que los turnos médicos y las cirugías programadas serán canceladas. El correo no realizará entrega de mensajería. La recolección de residuos funcionará hasta las 12. En el caso de las aerolíneas, los gremios enrolados en la CGT pararán sólo medio día, pero los que están en las CTA lo harán durante las 24 horas, por lo que habrá demoras y reprogramaciones todo el día. En el sector marítimo y fluvial, pararán los astilleros, el dragado, los embarques de granos, los amarres y el sector portuario.
Se espera que la movilización ante el Congreso sea multitudinaria, pero no hay garantías de que esa eventual convocatoria masiva lleve al Gobierno a ceder para iniciar alguna negociación con el sindicalismo. Para Milei, el paro de la CGT “muestra dos Argentinas: hay una que se quiere quedar en el pasado y en la decadencia, y otra que nos pone en el camino de ser un país desarrollado, que es el que nosotros proponemos”, afirmó en una entrevista con la radio Rock&Pop.
El riesgo para la CGT es quedar atrapado por las presiones del kirchnerismo, la izquierda y los piqueteros duros para profundizar las medidas de fuerza. Hasta Sergio Massa, su candidato presidencial, les reprochó haberse apresurado para declarar la protesta de hoy: “Si a 45 días le hacés un paro general, a los 90 días, ¿qué hacés? ¿Un bombardeo?”, les dijo hace tres semanas.
Pasaron 4 años, 7 meses, y 23 días desde que la CGT hizo su último paro general, el 29 de mayo de 2019, en el gobierno de Mauricio Macri. Alberto Fernández, pese a los malos resultados económicos, fue el único presidente desde el regreso de la democracia que no sufrió ninguna protesta cegetista. Milei ya tiene un récord: en su gobierno se registrará el paro general más rápido desde 1983.
Este jueves, el día después de la huelga, tanto el Gobierno como la CGT empezarán otro capítulo de su incipiente y accidentada relación. Está por verse si será para pelearse más o intentar dialogar.
Ricardo Carpena
