Se alega que varias empresas utilizaron las compras de aviones y helicópteros en el exterior para beneficiarse del acceso al dólar oficial. La denuncia será presentada en la Justicia por los legisladores Hernán Reyes, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli, acusando presunto “contrabando”.
Los denunciantes pretenden que el caso sea tramitado en el fuero Penal Económico, en vista de que ya hay una causa en curso en el fuero penal, bajo el juez federal Ariel Lijo.
La Coalición Cívica ha elaborado un informe que señala que estas operaciones permitieron obtener divisas al valor oficial, aprovechando la brecha cambiaria, en un contexto de estrictas restricciones cambiarias, que dificultaron el acceso a insumos y bienes esenciales. El monto total de las operaciones identificadas asciende a US$252.516.153.
Desde 2022, también se tramita un caso en Comodoro Py, lo que complica el tema debido a que el delito de contrabando es propio del fuero Penal Económico. La denuncia original, que involucraba a funcionarios de alto rango por incumplimiento de deberes, fue asignada al juzgado de Lijo, aunque se espera un posible intercambio entre los fueros por competencia, con la intención de avanzar con las pruebas en el fuero Penal Económico.
Los denunciados incluyen a exfuncionarios como Sergio Massa, Paula Español y Martín Guzmán, así como a 18 empresas y 10 personas más. La denuncia se centra en las importaciones de aeronaves realizadas con dólares oficiales, pero cuya matriculación no pudo ser acreditada. Se identificaron 203 casos donde se sospecha que algunos aviones nunca llegaron a Argentina y que la importación se realizó solo para obtener beneficios financieros. Las empresas implicadas incluyen Aerotec Argentinas S.A., Flexfly S.A.S., y Aaxod S.A., entre otras.
El informe de la Coalición Cívica examina el periodo entre 2020 y 2023, destacando que, mientras la pandemia agravaba la crisis económica, el gobierno de Alberto Fernández autorizaba la importación de aeronaves a dólar oficial. Las operaciones se llevaban a cabo con el respaldo de la Secretaría de Comercio, inicialmente a través del “Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI)” y luego, bajo Massa, a través del “Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA)”.
La investigación, respaldada por solicitudes de información a la ANAC, el Banco Central y la AFIP, concluyó que 203 aeronaves importadas durante el periodo analizado no fueron matriculadas, representando un valor de US$131.129.769. Según el documento, la importación de estas aeronaves habría sido un pretexto para acceder a dólares oficiales, eludiendo las normativas aduaneras.
El informe resalta tres características clave de las maniobras: la participación de empresas sin conexión con la aeronavegación, la importación masiva de aeronaves por algunas empresas, y la implicación de empresas con antecedentes de violaciones aduaneras. Además, se mencionan grandes compras de aeronaves no matriculadas, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de estas operaciones.
Se incluyen casos específicos, como Aerotec Argentina S.A., que importó 65 aeronaves sin matricular por un total de US$15.627.858, así como otras empresas con importaciones similares. El informe concluye que varias empresas ajenas a la actividad aerocomercial también participaron en estas importaciones, planteando un escenario de sospechas y posibles irregularidades en el manejo de divisas oficiales.
