Pese a que se había dicho que el beneficio no incluía a delitos graves, ya hubo numerosos casos.
«Delitos no violentos». «Delitos leves». La acordada 9/20 de la Cámara Federal de Casación Penal y el fallo de la Cámara de Casación Penal bonaerense, que sugerían medidas alternativas al encierro para los detenidos, eran muy claros respecto de la posición que debían adoptar los jueces para definir las morigeraciones, entre ellas el arresto domiciliario.
Pero lo cierto es que muchos de los presos beneficiados estaban en la cárcel por delitos violentos. Entre los más de 700 favorecidos hay violadores, femicidas, secuestradores, homicidas y narcotraficantes, en las distintas jurisdicciones del país.
Esto provocó la reacción de los familiares de víctimas, que lanzaron una campaña en las redes sociales, bajo el hashtag #NoLosLiberen, para repudiar las detenciones domiciliarias.
A continuación, 16 casos de detenidos que fueron beneficiados con arrestos domiciliarios:
Miguel Ángel Holotte (55) fue beneficiado por un fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín a raíz de un planteo de su defensor oficial para que cumpla la condena en su casa en vez de en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza.
Lo habían condenado seis años de cárcel por violación, pero la Justicia evaluó que su vida estaría «en juego» si en la cárcel llegara a enfermarse de coronavirus.
El defensor argumentó que el condenado «padece antecedentes de tabaquismo, cardiopatía, nefropatía, anemia, litiasis vesicular, insuficiencia renal, hiperlapsia prostática con aumento de tamaño testicular derecho, además de tener colocados dos stent y encontrarse medicado en forma diaria».
Pedro Omar Olmos estuvo casi cinco meses prófugo, acusado de haber violado a su vecina adolescente, de 13 años, en Burzaco. Pero apenas pasó poco más de medio año detenido, porque el 4 de abril lo mandaron a su casa a cumplir con arresto domiciliario. Allí pudo celebrar su cumpleaños número 68, el miércoles 15.
Un fallo favorable del presidente de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, permitió el beneficio, que cumple a unos cuatro kilómetros de su víctima.
La defensa de Olmos había presentado un hábeas corpus para que cumpliera la prisión en su casa, alegando que padecía «hipertensión crónica y osteoporosis», por lo cual se encontraba en el grupo de riesgo de coronavirus.
Héctor Barroso (62) estuvo 15 años detenido, la mitad de su condena inicial, que ahora se redujo a 25 años, por asesinar a dos mujeres en Mar del Plata.
La Justicia solo requirió de la firma de su actual pareja, su «garante», para que juntos pasen la pandemia del coronavirus en su casa del barrio Parque Palermo. Es hipertenso (califica en el grupo de riesgo) y los informes de conducta fueron todos positivos hasta el día de su salida, el 24 de abril.
Los crímenes de Analía Fuschini (21) y Verónica Juárez Roger (29) ocurrieron en agosto y diciembre de 2004. Las víctimas ejercían la prostitución y él las mató, junto con un cómplice, cuando le dijeron que lo iban a abandonar.
Pablo César Sommaruga (40) es un ex integrante de un clan condenado por el secuestro extorsivo de Ariel Strajman, al que le cortaron un dedo, en 2002.
Se encontraba cumpliendo una condena a 18 años (unificada con otro delito) en la Unidad 14 de Esquel. El lunes 27 de abril, el magistrado José Pérez Arias, a cargo del Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 1, lo benefició con prisión domiciliaria, sin aclarar los motivos.
Cuando los vecinos del barrio Vepam se enteraron, casi lo linchan.
En Entre Ríos circuló una lista de 167 detenidos favorecidos con arresto domiciliario. La mayoría están ligados al narcotráfico
En la nómina figura Alfredo César Francia, padre de Néstor Francia Brun y de Gabriela Francia. Los tres habían sido detenidos en junio de 2019, en allanamientos de la Policía Federal, acusados de formar parte de una banda dedicada al tráfico de drogas.
Según el diario El Argentino de Gualeguaychú, también está el caso del condenado por narcotraficante Nicolás Ramiro Castrogiovanni, quien cumplía pena en la Unidad Penal N° 1 de Paraná y recibió la domiciliaria.
Federico Benvenuto, de 33 años, estaba detenido en el penal federal de Marcos Paz. Acumulaba más de quince causas, entre ellas robo a mano armada y lesiones.
Este miércoles fue arrestado tras un arrebato en una heladería de Yatay y Yerbal, en el barrio de Almagro. Fue al día siguiente de que le dieron la prisión domiciliaria por el riesgo del COVID-19.
«¡Qué me importa que me lleven preso! Ayer salí del penal de Marcos Paz por el coronavirus. Llevame igual, mañana me voy de nuevo», desafió a los agentes de la Policía de la Ciudad.
Olger Hugo Zuñiga Cervantes (49), de nacionalidad peruana, se encontraba cumpliendo una condena de un año y 10 meses en el penal de Marcos Paz, por robo y violencia de género.
Había lesionado a su hija que en ese entonces tenía 7 años y había privado ilegítimamente de su libertad, así como la de la madre. Hace tres semanas se le otorgó la libertad asistida, ya que forma parte del grupo de riesgo por coronavirus al padecer HIV.
Este jueves lo detuvieron por golpear a sus sobrinos en su casa de Parque Patricios.
Carlos Rodrigo Oulier (39) fue procesado por la violación de su hijo, hoy de 10 años, en 2018 en Misiones. Además, según la acusación, le exhibía material pornográfico.
Ahora fue beneficiado con la prisión domiciliaria por padecer asma y vive a menos de 20 cuadras de su víctima. Una tobillera electrónica es lo único que garantiza su presencia en ese lugar.
La mujer casi no duerme por las noches. Junto a su madre realizan una especie de guardia en su casa de Puerto Iguazú por temor a que el hombre irrumpa en el lugar con intenciones de tomar venganza.
Claudio «Toro» Martínez es uno de 23 imputados por la masacre de Monte, en la que murieron un joven y tres adolescentes tras una insólita persecución policial a los tiros.
El comisario retirado era secretario de Seguridad y lo acusan, entre otras cosas, de querer ocultar los videos del centro de monitoreo municipal que mostraba la secuencia, para encubrir a los agentes.
Por razones de salud, un juzgado de Garantías le concedió la medida hasta tanto finalice la cuarentena obligatoria. En ese momento deberá volver a la cárcel.
Enrique «Quique» Petrullo (57) está procesado porque lo acusan de integrar la «banda del ex juez Cesar Melazo», una organización integrada por policías, ladrones y estafadores, con apoyatura judicial que se dedicó a robar viviendas y realizar maniobras ilegales en La Plata.
También aparece como nexo entre el camarista de Casación, Martín Ordoqui, suspendido en su cargo acusado de cobrar dinero para conceder beneficios a imputados por delitos graves.
El 7 de abril, Petrullo, preso en Ezeiza y sin riesgos de salud según el SPF, fue beneficiado con la prisión domiciliaria por una decisión del juez de Casación Víctor Violini.
Antonio Armando Di Palma (55) pasó seis meses detenido, procesado en una causa por «abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal».
El Tribunal Oral N° 6 de San Martín le concedió el arresto en su casa bajo la condición de que cambiara de domicilio y se alojara lejos del hogar de la víctima, que vive en San Miguel.
¿Las razones? Que integra el grupo de riesgo por padecer hipertensión y diabetes.
El ex juez Walter Sinesio Moreno (49) fue condenado como el autor del asesinato de Jorge Ormeño, el dueño de una concesionaria que apareció calcinado en su auto en 2008, en La Rioja.
En 2009 lo sentenciaron, junto a otros tres hombres, a perpetua. El caso, cuando ocurrió, fue investigado insólitamente por su juzgado.
Fue considerado dentro de los grupos de riesgo de contagio y le otorgaron arresto domiciliario. Incluso hasta podrá ir a una clínica para realizar «ozonoterapia» por dolores de espalda.
Diego Arduino (41) fue condenado a 16 años de cárcel en Mendoza por el crimen del comunicador social Alejo Hunau (33), ocurrido en 2004, de un golpe en la cabeza con una botella.
En la escena del hechos hallaron sus huellas dactilares en un vaso y ADN en colillas de cigarrillos.
La madre de la víctima se opuso en principio a la prisión domiciliaria solicitada por el recluso, que padece asma, pero luego accedió, «por cuestiones humanitarias» ante la pandemia.
José Oscar Casette (52) aceptó una condena a ocho años por el homicidio simple de Juan Lazaga (35), un trabajador del Servicio Penitenciario de Paraná que fue asesinado en 2012.
El absurdo crimen se produjo luego de una discusión de tránsito en la zona de Cinco Esquinas, en la capital entrerriana.
Ahora Casette recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Es el hijo de un conocido productor ganadero de la zona de El Cimarrón.
El 13 de agosto del 2015, un ladrón mató de un disparo a quemarropa al empleado de un kiosco, Agustín Cantello (25), en Luján. El atacante, Nicolás Caro, fue detenido.
En estos días la Justicia le concedió la prisión domiciliaria al homicida, por su buena conducta.
Al momento del hecho era menor de edad y hoy tiene 21 años. Pidió trabajar en un taller mecánico frente a su casa del barrio San Cayetano, aunque todavía esto no se lo autorizaron.
En 2013 el empresario misionero Carlos Dalmasso fue condenado a 12 años y medio de prisión por el abuso sexual de dos de sus hijos.
El Tribunal Penal de Eldorado le dio la domiciliaria por “la emergencia epidemiológica y sanitaria” que rige desde mediados del mes pasado en Misiones por el avance del coronavirus.
Desde el entorno de su esposa y denunciante, aseguran que lo vieron en la calle y que no usa la tobillera electrónica.
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