Por la jugada de un fiscal K, Boudou seguirá en su casa hasta que la Corte confirme su sentencia

El acusador ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, desistió la apelación de su colega Marcelo Colombo, que había intentado revertir la medida dispuesta por el juez Daniel Obligado.

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, desistió de sostener frente a ese tribunal la apelación a la prisión domiciliaria del ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por corrupción en el caso Ciccone y enviado a su casa con una sorpresiva decisión del juez Daniel Obligado, apenas comenzó la cuarentena por el coronavirus.

Con la jugada de De Luca, de invariable sintonía con los intereses kirchneristas en la justicia, se cierran los caminos procesales para discutir la resolución de Obligado, y sólo resta esperar que la Corte Suprema de justicia confirme o revierta la sentencia contra Boudou, que ya fue confirmada por la misma Cámara de Casación.

De Luca argumentó su resolución que la apelación de la prisión preventiva de Boudou presentada por su colega ante el TOF 4, Marcelo Colombo, «no se dirige contra una sentencia definitiva ni una resolución equiparable a tal, ni versa sobre algunas de las excepciones que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha entendido que corresponde soslayar dicho requisito, como lo son los casos de gravedad institucional o causas en que se ventilan delitos de lesa humanidad.»

Según De Luca, «la resolución impugnada tampoco causa perjuicio a esta parte fiscal en tanto, si bien el recurrente se opuso a la concesión de la prisión domiciliaria por las emergencias sanitaria y carcelaria, con anterioridad había dictaminado a favor del cese mismo de la prisión preventiva (excarcelación) del condenado por no encontrarse firme la sentencia y por ausencia de riesgos procesales o de fuga, circunstancias que no han variado. Es decir, ni este fiscal ni la Cámara Federal de Casación Penal tenemos competencia para expedirnos sobre el fondo del asunto», concluyó.

El 7 de agosto de 2018, el Tribunal Oral Federal 4 había condenado a Boudou por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, con una pena de cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Ese día, el TOF 4 dispuso la prisión inmediata del ex vice, cuyos abogados apelaron. De Luca recuerda entonces que el fiscal Colombo dictaminó que era posible considerar la excarcelación, pues Boudou y el resto de los condenados no habían entorpecido la investigación ni habían intentado fugarse. «El Tribunal Oral Federal 4 rechazó el pedido de excarcelación y decidió estar a lo resuelto. Esa decisión fue confirmada el 22 de agosto de 2018 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, al declarar inadmisible el recurso de casación de la defensa de Amado Boudou», repasa De Luca.

El fiscal también explica que en diciembre de 2018, con otra integración del TOF 4, ese tribunal dispuso excarcelar a Boudou, pero que esa decisión fue apelada por las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigación Financiera. «En esa oportunidad sostuve que los recursos no debían ser admitidos por falta de legitimación de los recurrentes, ya que no estaba prevista la intervención de las querellas en incidentes de excarcelación», dice De Luca.

Pero la sala IV de la Casación decidió aceptar las apelaciones, y volvió a mandar a Boudou a la cárcel en febrero de 2019. Pocos meses después, el 17 de julio, ese tribunal confirmó la sentencia por el caso Ciccone, y el 12 de septiembre rechazó el recurso ante la Corte de los abogados del ex vice, que igualmente llegaron al máximo tribunal en queja. Para algunos juristas, incluido el presidente Alberto Fernández, la negativa de la Casación a conceder el recurso ante la Corte ya convierte a la sentencia en definitiva. Para otros, mientas la queja siga pendiente de resolución el caso sigue abierto.

El estallido de la pandemia multiplicó los reclamos de los abogados de Boudou para lograr que lo saquen de la cárcel. Luego de varios rechazos, sin vista al fiscal, el 6 de abril de 2020 el juez unipersonal del TOF 4, Daniel Obligado, dispuso conceder el arresto domiciliario al ex vice.
«El juez analizó la situación personal del imputado y concluyó que la falta de firmeza de la condena impuesta y el contexto de la emergencia sanitaria en su núcleo familiar incrementaba los riesgos de Amado Boudou, por lo que decidió morigerar su encierro, a una prisión domiciliaria.» Según los estudios médicos del Servicio Penitenciario Federal, Boudou no corre ningún riesgo especial frente al coronavirus, su salud es excelente y no había excusas sanitarias para excarcelarlo.

Otro detalle que le fue cuestionado al juez: si la condena está cumpliéndose y él controla su ejecución, resulta incoherente que se sostenga que la sentencia aún no es definitiva.

Nada de eso tuvo en cuenta De Luca este martes. El fiscal de Casación sólo tomó como válido el dictamen de Colombo tras la sentencia del juicio oral, cuando se mostró dispuesto a conceder la excarcelación de Boudou por su buen comportamiento procesal. «No se observan argumentos novedosos que pudieran ser determinantes para resolver el caso de un modo distinto», dice ahora el fiscal, para quien además la prisión domiciliaria de Boudou dispuesta por el juez Obligado es «mucho más grave y restrictiva» que la libertad bajo caución que había aceptado Colombo en 2018.

Discípulo de Eugenio Zaffaroni en la Universidad de Buenos Aires, Javier de Luca es miembro destacado de la agrupación judicial kirchnerista Justicia Legítima, y sus intervenciones son habitualmente funcionales a los intereses de los ex funcionarios acusados por corrupción. Entre otras resoluciones, se opuso a que sea investigada la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner, pidió revocar una de las condenas contra Milagro Sala y en el caso Ciccone ya había tenido un rol singular: pidió que cierren la causa porque según su criterio no se había cometido ningún delito.