En Argentina, hay aproximadamente 25 millones de personas que reciben planes sociales. Ningún Gobierno debería estar orgulloso de ello, ya que las ayudas representan nada más y nada menos que el rostro de la pobreza en la que está sumergida el país, y que lejos de achicarse, han tenido un crecimiento exponencial y sostenido.
Ante esta situación, algunos dirigentes han tratado de poner en agenda el debate sobre las ayudas sociales, entendiendo que hay sectores que lucran con la pobreza y extorsionan al Estado.
En los últimos meses, al menos en el Congreso Nacional, el tema se ha tratado de instalar en la discusión política, y en ese sentido, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ha hecho énfasis en querer «transformar, de manera gradual y con un criterio federal, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad». Por supuesto, sin éxito.
A su vez, la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución con cuatro pedidos de acceso a la información pública acerca del otorgamiento y el control de los planes sociales, ya que sospechan -entre otras cuestiones- que hay funcionarios que se otorgan planes «a ellos mismos».
Pero ahora, el último proyecto que ingresó al Congreso Nacional respecto a planes sociales lo presentó un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, que alineados con uno de los últimos pedidos de Horacio Rodríguez Larreta al Gobierno, piden que les saquen los planes sociales a quienes hagan piquetes.
Recordemos que a principios de abril, el jefe de Gobierno de la Ciudad le solicitó al gobierno nacional que le retire los planes sociales a las personas que cortan calles: «Les pedimos que les saquen los planes sociales; los planes sociales tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela; hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así no van a venir más», fueron los dichos de Larreta luego del último acampe multitudinario -en el que participaron más de 50.000 personas- que realizaron organizaciones sociales en la 9 de Julio.
En ese sentido, los diputados Gerardo Milman, Alejandro Finocchiaro, Alfredo Schiavoni, Pablo Torello, Francisco Sánchez, Alberto Asseff, Sofía Brambilla, Karina Bachey y Ana Clara Romero (todos de Juntos por el Cambio), quieren llevar la discusión al Congreso y piden tratar y aprobar un proyecto de ley que para que las organizaciones que realicen piquetes no accedan al beneficio de cobrar planes sociales.
Como argumento, Juntos por el Cambio explicó que en lo que va de año, solo en el centro porteño se han realizado más de 2.500 piquetes, y aunque entienden que los reclamos al Gobierno -de más empleo, alimentos y aumentos en los planes sociales- son válidos, consideran que también hay que «defender los derechos de los demás ciudadanos a la libre circulación».
Por ello, aseguran que el objetivo del proyecto «consiste en contener la pulsión que tienen estas organizaciones de avasallar los derechos de los argentinos al no permitirles a los mismos desarrollar su vida normalmente, impidiendo ejercer su derecho garantizado por la Constitución Nacional y el Código Penal a circular en libertad».
La propuesta de la iniciativa opositora
Así las cosas, la iniciativa opositora propone en su artículo 1 que «Toda registración, personería jurídica y/o administrativa otorgada, subsidio, prestación y/o beneficio económico que percibiere por parte del Estado Nacional toda asociación o representantes de asociaciones sociales involucrados en la comisión de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas, serán suspendidas desde el inicio de las actuaciones o citaciones a declarar por parte de autoridad competente».
A su vez, en el artículo 2 agrega: «En caso de condena contravencional o penal confirmada en segunda instancia, toda registración, personería jurídica y/o administrativa otorgada, subsidio, prestación y/o beneficio económico que perciba, será suprimida».
Entre otros fundamentos de la iniciativa, que consta de 4 artículos, los diputados aseguraron que «desde la década de los noventa los planes sociales han constituido un recurso recurrentemente utilizado por el Estado para paliar el conflicto social, cooptando a los sectores populares». Y en esa línea cuestionaron la relación del Estado con dichos sectores, ya que alegan que «nunca se da de manera directa, sino a partir de distintas mediaciones, entre las cuales se pueden mencionar las redes punteriles, las organizaciones de desocupados, ONG’s, etc».
En esa misma línea, Gerardo Milman, principal impulsor del proyecto de ley, argumentó que «bajo el gobierno kirchnerista se consolidó una alianza perfecta, por un lado, aumentó la dependencia de las organizaciones respecto de los recursos económicos del Estado; por otro, el peronismo en el poder buscó la manera de restituir los lazos con los sectores populares diluidos en la época menemista. Para ello, orientó estratégicamente los planes dando origen a organizaciones de desocupados ‘oficialistas’, como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita y a organizaciones barriales de pequeñas dimensiones que reproducen la lógica clientelar sobre las clases populares».
Y denunció: «El cobro de planes sociales exige como contraprestación la realización de una tarea de asistir a las marchas y piquetes, ya que esto es una condición que establece el movimiento para recibir el plan».
Desde la década de los noventa, los planes sociales han constituido un recurso recurrentemente utilizado por el Estado
Aunque el proyecto de Juntos por el Cambio es el primero de este tipo que se presenta en el Congreso Nacional, la idea no es nueva, ya que el partido La Libertad Avanza, que lidera Javier Milei, trajo el tema a discusión y presentó un proyecto en la Legislatura Porteña pidiendo un freno a los piqueteros a través de la quita de planes sociales.
Fue el diputado porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, quien presentó, en marzo de este año, un proyecto para prevenir y enfrentar las manifestaciones que generan cortes de tránsito.
La propuesta denominada Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA) tiene como objetivo «ponerle freno a los piquetes en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires» a través de «militancia digital» y denuncias penales contra los dirigentes sociales que inciten las manifestaciones. Y a su vez, Marra aseguró que es un proyecto que busca «tomar acción, pero sin violencia, contra los que extorsionan a los políticos, dañan a la gente y violan la ley».
Incluso, en la página web del partido La Libertad Avanza, los interesados en formar parte del Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA) pueden unirse para «frenar los cortes de calle».
Entre otros puntos, el proyecto de La Libertad Avanza tiene un punto en común con el que Juntos por el Cambio presentó en el Congreso Nacional: el artículo 14 de la Constitución Nacional, el cual establece la libre circulación en territorio nacional, y el 194 del Código Penal.
