El fiscal Marcelo Colombo pidió que Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, sea condendo a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por un caso de promesa de coimas.
Por: Omar Lavieri
El pedido de prisión por parte del fiscal fue ante el Tribunal Oral Federal 8 que juzga a Jaime porque se determinó que se pactó el pago de coimas en la licitación del Tren Bala.
El Tren Bala que iba a unir Buenos Aires con Rosario y Córdoba fue anunciado por Néstor Kirchner en 2006. La licitación se definió en 2008 cuando estaba a cargo de la presidencia Cristina Kirchner y el proyecto jamás se concretó por falta de financiamiento. Aquella licitación la ganó un consorcio llamado Veloxia, que se formó cuando Alstom eligió socios argentinos que integraron la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que se quedó con la licitación. Los socios locales eran las empresas Iecsa (de la familia Macri-Calcaterra), Emepa (de Gabriel Romero) y la filial local de la firma española Isolux.
Durante la investigación se determinó que la firma consultora CAESA, que era de propiedad de Manuel Vázquez, asesor y testaferro de Jaime, pactó un contrato con Alstom por un millón de dólares. El primer pago se pactó en 100.000 dólares cuando entrara en vigencia el contrato y el resto de la coima se pagaría en 30 cuotas mensuales de 30.000 dólares cada una. El contrato era por el “asesoramiento” que iba a brindar CAESA a Alstom. Se ha comprobado en otras causas judiciales en las que Jaime y Vázquez estuvieron bajo investigación que la consultora no “asesoraba” sino que cobraba dinero sin más. Como no se concretó el contrato no hubo coimas, pero sí existió la promesa del pago que fue para la fiscalía aceptada por Jaime.
Tan cercana era la relación entre Jaime y Vázquez que ambos fueron condenado por enriquecimiento ilícito. Jaime porque no pudo justificar su patrimonio y Vázquez como testaferro del ex funcionario, que intervino en varias operaciones para evitar que el rastro monetario llegara a quien fue su jefe. Vázquez fue asesor “ad honorem” de la secretaría de Transporte desde 2005 hasta que a Jaime lo echaron en julio de 2009.
Cuando declaró en indagatoria la semana pasada, Jaime dijo no haberse enterado de que Alstom y su testaferro y hacedor de negocios turbios habían firmado un contrato por una coima de un millón de dólares. Y deslizó que no sabía que la consultora de Vázquez tenía relación con las empresas que tenían contratos en la secretaría de Transporte. En la parte final de su alegato, el fiscal Colombo hizo alusión a los dichos de Jaime: “Por la declaración del imputado parecería ser que Vázquez se cortó solo y que todo es una suma de casualidades algo que suena irrazonable”. El fiscal recordó que la secretaria de Vázquez declaró como testigo en el juicio y contó que Jaime y Vázquez se veían casi todos los días y que almorzaban juntos varias veces por semana. Para la acusación, el pedido de coima lo motorizaron Jaime y Vázquez. Vázquez no llegó a juicio porque fue declarada la prescripción durante la instrucción. Lo mismo sucedió con los directivos de Alstom que firmaron el contrato de “asesoramiento”.
El delito por el que se lo acusa a Jaime es el de cohecho pasivo en los términos del artículo 256 del Cördigo Penal que establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”. Para el fiscal existió la promesa de una coima de un millón de dólares ofrecida a través de una persona interpuesta (Vázquez) y por eso pidió la condena de cuatro años y medio de prisión para Jaime y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de multas. Como atenuante para no pedir la pena máxima, el fiscal señaló la larga duración del proceso.
El alegato se realizó vía Zoom ante los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli. Jaime asistió al pedido de pena desde la cárcel de Ezeiza, donde está detenido desde abril de 2016. Se conectó desde una sala acondicionada por el Servicio Penitenciario para las audiencias remotas. En la próxima audiencia alegará la defensora oficial de Jaime Verónica Blanco.
Jaime ya fue condenado en varias ocasiones. Por recibir coimas de empresarios y por robar pruebas en un allanamiento. Por su responsabilidad en la Tragedia de Once. Y también por enriquecimiento ilícito. Además fue condenado por la compra de trenes chatarra en España y Portugal y porque en esa operación hubo coimas. Las coimas se pagaron a través de la consultora CAESA de Vázquez. El mismo mecanismo que se usó en el caso del Tren Bala prometido y nunca realizado.
