Hernán Lacunza, Guido Sandleris, Nicolás Dujovne y Luciano Laspina se encontraron en ese espacio meses atrás para hacer un diagnóstico de la gestión de Cambiemos.
La convivencia virtual perduró más allá del trabajo, que llegó a manos de Mauricio Macri.
Hace 15 días volvieron a intercambiar miradas a propósito de una idea de Alberto Fernández: iniciar una demanda penal contra quienes habían contraído la deuda con el FMI, que concretó ayer Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción, ante la jueza María Eugenia Capuchetti.
El Presidente los asustó menos de lo que se podría imaginar. Intercambiaron estrategias defensivas y concluyeron que la amenaza del Frente de Todos tiene más de cortina de humo para tapar el escándalo del vacunatorio Vip que de prueba penal para condenarlos. El tumultuoso camino de la deuda, además, hace piruetas imprevistas.
Si Néstor Kirchner viera el destino que tuvo uno de sus mayores actos de soberanía, posiblemente reaccionaría con sorpresa. El 3 de enero de 2006, el Presidente canceló la deuda con el FMI. En un sólo pago, Kirchner tejió con dólares la bandera política que sus seguidores flamean hasta hoy.
Aquel día épico pierde brillo a la sombra de detalles menos conocidos que la oposición podría usar si la discusión escala. Kirchner pagó con fondos del Banco Central, que recibió una inconveniente letra a 10 años. El equipo de Alfonso Prat-Gay la juntó con otras y las reconvirtió en tres bonos con interés. Son los papeles con los que hoy -tras haber pasado por el último canje local- el tándem Martín Guzmán-Miguel Pesce intervienen las cotizaciones libres del dólar para mantenerlas a raya. Puesta en un libro de dos columnas, la deuda con el FMI no desapareció, sino que hay que pagarla en otra ventanilla.
La relación del equipo macrista con la política de Guzmán es binaria. Quienes lo critican en público justifican algunas de sus decisiones controversiales en la intimidad. Un exministro de Macri asumió esta semana que con su colega opositor se puede tener diferencias “dentro de la discusión sobre la economía”. Hasta lo ven como uno propio cuando las ideas de Kicillof le suben el contraste al estilo del ministro.
Dos años después de pagarle al FMI, Néstor y Cristina Kirchner se endeudaron con Hugo Chávez con colocaciones directas entre estados (algo infrecuente) a una tasa altísima (15% en algunos casos). La City porteña llenó de barro esos bonos: sugieren que se usaron para que los ricos venezolanos sacaran dólares de su país.
La inconveniencia para la Argentina de endeudarse con la Patria Grande antes que con el imperialismo era evidente, algo apenas compensado por el hecho de que el país siguió siendo un mal pagador de deudas comerciales incluso con los amigos. Lo sufrieron Maduro y Evo Morales. La gestión de Macri puso las cuentas al día. Se sabe: la afinidad política nunca puede más que la disponibilidad de dólares.
Algo similar pasó con el Club de París. El anuncio del acuerdo lo hizo Kicillof, quien se llevó la mayor parte de un crédito político que financió Macri. Es que el ahora gobernador solo pagó una cuota. El cheque más grande lo firmó Cambiemos.
Hay otros ejemplos ignominiosos. Cristina Kirchner y Axel Kicillof avanzaron en la estatización de YPF en 2012. Le pagaron a Repsol US$5000 millones a valor de mercado por algo que hoy vale una quinta parte, pero lo hicieron con bonos que canceló Mauricio Macri. Para eso, colocó nueva deuda. El kirchnerismo no tiene el monopolio del lema “paga el que sigue”.
En el lado oculto de YPF crece otra jugada riesgosa que enhebra una parte del kirchnerismo, más proclive a jugar al límite a medida que avanza el período de Gobierno.
El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, jefe de los abogados del Estado, parece dispuesto abrir la puerta de cuartos que más le conviene a la fórmula presidencial mantener cerrados.
En el marco de un juicio millonario que se hace en Nueva York por la estatización de la petrolera, sus representantes pidieron la declaración de Sebastián Eskenazi, espada de la argentinización que promovió Néstor Kirchner.
Todo lo que dijo hasta ahora Eskenazi bajo juramento está en la línea de lo que le conviene a la Procuración. Por ejemplo, que cuando Cristina Kirchner, Julio De Vido y Kicillof le quitaron la petrolera a Repsol y el control a él, el Grupo Petersen decidió no demandar a la Argentina.
Burford es un megabufete de abogados y no piensa como la familia que manejó la petrolera. Se quedó con la quiebra de dos empresas que habían creado los Eskenazi en Madrid -capital paradójica para iniciar una argentinización- con la intención de entrar en YPF. Hoy le está haciendo un juicio millonario al país con el apellido de un grupo local.
En medio del fuego cruzado, Burford pidió información sensible. Para responderle, el Gobierno mandó a buscar viejos registros del Ministerio de Planificación que están alojados en los servidores de Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones. Ya se recolectó material de las casillas de correo electrónico de Julio De Vido y de Roberto Baratta, dos de las figuras más polémicas de la década ganada, ahora excomulgados del kirchnerismo.
Días atrás en una entrevista que dio en C5N, Alberto Fernández usó a De Vido para mostrar que Martín Soria uno de los candidatos a conducir el Ministerio de Justicia, tenía menos kirchnerismo en sangre del que supone la oposición. Su hermana María Emilia votó el desafuero del exministro en Diputados. Y Zaninni mandó a buscar los correos electrónicos. Nadie puede estar seguro del todo sobre lo que se pueda encontrar allí. Su única salvaguarda es un acuerdo de confidencialidad aceptado por ambas partes. Se entiende la molestia de De Vido con la Casa Rosada.
También habrá información sobre el Ministerio de Economía que manejaba Kicillof, de Hernán Lorenzino y de Alejandro Vanoli (Banco Central; CNV), entre muchos otros.
Cristina Kirchner corrió de YPF a Repsol y le hizo perder varios millones a la familia entronizada por Néstor, que a su vez tenía entre sus lobbystas destacados a quien hoy preside la Nación. La justicia norteamericana puede conducir a un destino diferente al que se marcó en el GPS de la Casa Rosada.
Pablo Fernández Blanco