Las hipótesis de investigación de la Justicia se acercan a detectar un posible lavado de dinero por parte del Polo Obrero que, a través de un pasamanos de cooperativas y empresas fantasma, con facturas truchas y cheques dirigidos a otras personas, habría logrado hacer que los fondos que recibía Eduardo Belliboni para coordinar actividades del plan Potenciar Trabajo, se hayan utilizado para fines políticos.
Este fin se sospechaba, pero documentos a los que accedió LA NACION muestran que este destino es altamente probable. Y, además, arrojan dudas sobre el conocimiento que tenían de esos movimientos otros dirigentes de movimiento de izquierda, como Romina del Plá o Vanina Biasi, que forman parte del Partido Obrero.
Las computadoras y softwares que supuestamente compraban las cooperativas de Belliboni no se pagaban a esa empresa, por lo menos en dos casos en los que se detectó que los cheques asociados a las facturas apócrifas para abonar esas maquinarias o insumos eran en realidad dirigidos a una tercera empresa, Makosen SRL.
Esta sociedad se dedica a la publicidad y le hace, justamente, campañas políticas al Partido Obrero, que llevó en las listas a más dirigentes como Gabriel Solano y Marcelo Ramal. Es decir que, con los fondos públicos, triangulados por empresas fantasmas, se pagaban servicios de difusión y promoción proselitista. Makosen SRL luego le hacía facturas a Ediciones e Impresiones Rumbos SRL por estos conceptos de publicidad y recibos a partir de los cheques que salían de las empresas fantasmas. Uno de los servicios en los recibos dice “campaña digital Partido Obrero PASO 2021″.
Makosen SRL fue fundada en 2019 por Adrián Compagni y Milagros Vieyra (que transfirió sus cuotas sociales algunos meses después de constituirse a Alejandra Compagni). En su página web, destacan decenas de empresas que trabajan con ellos y muestran entre sus casos de éxito, al Partido Obrero.
Ediciones e Impresiones Rumbos SRL es la sociedad detrás de Prensa Obrera, quien paga millones en la web para promocionar sus notas y eventos partidarios y quien comparte dirección con, justamente, el Partido Obrero. Cuando LA NACION se acercó al domicilio fiscal reportado a la AFIP (Bartolomé Mitre 2162, en Balvanera), se encontró con un viejo edificio de tres pisos con solo un timbre y, del otro lado, la voz de una mujer que aseguró, ante la consulta de LA NACION: “Acá no hay ni hubo ninguna empresa”. Tampoco reconoció los nombres de sus fundadores, Christian Rath y Roberto Albornoz, pero sí admitió que allí funciona el partido.
La conclusión de este mecanismo es que con el erario público que era destinado a que los beneficiarios del Potenciar Trabajo tengan capacitaciones y actividades laborales para justificar los subsidios se usaban para pagar la propaganda política que Makosen SRL le hacía al Partido Obrero y le facturaba a la empresa que está detrás. Quien comandaba esas decisiones, no se conoce aún. Allí es donde yace la duda de un posible involucramiento de otros dirigentes.
El principal problema, entre los líderes del movimiento, lo tiene Belliboni. Esto se debe a que, aunque alega desconocimiento de la operatoria (como aseguró en conversación con LA NACION), su firma se encuentra en una buena parte de todos los documentos descriptos, incluidas las facturas, los cheques y las rendiciones de cuenta al Ministerio de Desarrollo Social.
Camila Dolabjian
