Como a fines de 2020, en un discurso en el Estadio Ciudad de La Plata, Cristina Kirchner volvió a pedir por una reforma integral del sistema de salud.
“Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud. Las prepagas no saben dónde colocar a la gente. Dicen los que saben que tal vez vengan otras pandemias. Lo peor que nos puede pasar es negarnos a discutir la realidad”, dijo este lunes la vicepresidenta, escoltada de Axel Kicillof, durante un acto en la puerta del Hospital de Niños Sor María Ludovica.
El pedido de Cristina Kirchner para reestructurar el sistema de salud es debatido en el Frente de Todos y generó incluso resistencia de la CGT, ya que los sindicatos temen perder el manejo y la recaudación de sus obras sociales.
El paper que hicieron circular dirigentes de La Cámpora que habitan en el Ministerio de Salud bonaerense se titula “Ejes centrales para un programa de salud 2020-2024”.
Entre algunos de los lineamientos, la iniciativa promueve una reestructuración del sistema a través de una ley nacional y el surgimiento de un sistema integrado. “Hay que recuperar la gobernanza del sistema de salud a través de la conducción global de políticas de salud de los organismos nacionales de salud bajo un criterio general de centralización normativa y descentralización operativa”, precisa el documento. De esta manera, proyecta que una misma autoridad pueda tener injerencia en el Ministerio de Salud como en el PAMI, la ANMAT o la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), que es el ente que debería controlar a las obras sociales.
Uno de los puntos que más escozor generó entre los directivos de las obras sociales sindicales tiene que ver con la recaudación.
Temen perder el dinero que se atesora en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), una caja que se alimenta del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios.
Dice el borrador que inquieta a los gremios: “Poner en marcha el sistema de recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de obras sociales y de medicina prepaga: el subsector público obtendrá una remuneración por los servicios prestados a beneficiarios de la seguridad social y de seguros privados en el caso de las obras sociales con las que se celebren convenios se realizarán descuentos promedio de hasta un 33 % de los valores de mercado o de nomenclador definido, que podrá considerarse un subsidio explícito del Estado a la seguridad social y a los trabajadores a cambio de un sistema de cobro automático de lo facturado desde la misma recaudación AFIP o en su defecto desde la SSS de todas las prestaciones”.
Y agrega: “Instaurar de una nueva modalidad para la ‘libre elección’ entre Obras Sociales que impida el desfinanciamiento de aquéllas y mejores prestaciones de salud para los afiliados”.
Plantea, además, la necesaria intervención del Estado en los precios de los medicamentos y en determinadas prestaciones. “Utilizar el poder de compra del Estado cuando ello resulte en claras ventajas en el control de precios abusivos promoviendo compras centralizadas”, advierte, y llama a establecer una suerte de paritaria nacional del sector de la salud para acortar las brechas salariales de los profesionales y formar a más de 100.000 enfermeros en todo el país.
Prevé también la “integración del área de salud laboral al sistema integrado en reemplazo del sistema de riesgos del trabajo” y la creación de comisiones mixtas de seguridad e higiene que funcionen bajo la órbita estatal. Y en línea con algunas iniciativas sindicales, se propone ir camino a una historia clínica universal y a la digitalización de recetas.
