La Convención Constituyente Plurinacional de Pueblos Indígenas se expresó en contra de la reforma parcial de la Constitución, por cuanto aseguran «es una reforma de desalojo, inconsulta e inconstitucional, que viola sistemáticamente el Convenio 169 de la OIT», un instrumento jurídico internacional de rango constitucional, vinculante y obligatorio para el Estado y un derecho específico de los Pueblos Indígenas.
Esta negativa se expresó a los convencionales en un documento que se entregó a la Comisión de Derechos y garantías, y a la vicepresidente primero de la Convención Constituyente, Gabriela Burgos, como así también a los diferentes bloques partidarios, detallando su disconformidad y la necesidad de ser consultados respecto a las normativas que se pretenden modificar en la nueva Constitución.
«Vemos con mucha preocupación cómo se está llevando adelante esta reforma parcial, inconsulta y violatoria a los tratados internacionales en donde no conocemos cuál es el proyecto que unilateralmente se ha presentado en la Legislatura» explicaron los referentes de pueblos originarios.
Consideraron que esta norma «es violatoria justamente a lo que estipula el convenio 169 de la OIT Argentina, un instrumento jurídico internacional vinculante y obligatorio para el estado y un derecho específico de los pueblos indígenas donde dice que cuando se hagan acciones legislativas que afecten nuestros intereses como es esta reforma de la Constitución provincial, se debe llevar adelante una consulta apropiada a través de las instituciones representativas y debe ser de buena fe, como así también debe obrar un acuerdo posterior de consentimiento, y aquí no está ese consentimiento».
Esta normativa, indicaron «busca legalizar la violencia institucional, la violación sistemática de los derechos humanos y tratados internacionales como lo hemos vivido con los hermanos en Caspalá. No están garantizando los derechos adquiridos por los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Nacional».
Denunciaron también que el Gobierno provincial «extorsiona» a las comunidades para que firmen su adhesión a la iniciativa.
Finalmente, advirtieron que de no poner freno a esta reforma, irán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que el proyecto de reforma del gobierno de Jujuy viola las normativas que resguardan sus derechos.
Cabe mencionar que la Convención Constituyente Plurinacional de Pueblos Indígenas está integrada por los pueblos guaraní, ocloya, tilián, kolla, omaguaca, quechua y chicha.
«Morales quiere reformar la Constitución a espaldas de las comunidades originarias»
La diputada nacional, Carolina Moisés, expresó su respaldo y acompañamiento a las comunidades aborígenes de Jujuy «en todas las acciones que están llevando a cabo para frenar al gobierno de Gerardo Morales que pretende sancionar una Reforma parcial de la Constitución, a sus espaldas y desconociendo sus derechos colectivos».
Repudió el accionar del Gobierno de querer «forzar que den su consentimiento con los clásicos aprietes, sin brindarles información, tal como nos tienen acostumbrados, invitándolos a firmar un acta engañosa y confusa».
Finalmente consideró que «la aceptación de esta Reforma representa ir en contra de una reparación histórica, perpetúa el sufrimiento en los territorios, el desconocimiento de sus identidades culturales, y el avasallamiento de sus formas de vida. El Gobierno de Morales se olvida que el progreso de nuestra provincia no puede darse a costa de nuestros pueblos, de la contaminación del agua; los saqueos de sus tierras; la comercialización, sin consentimiento, de sus bienes naturales y culturales; ni enfrentando a nuestros pueblos».
