El fallo, que revocó sobreseimientos por prescripción, calificó el hecho como una «grave violación a los derechos humanos».
El tribunal, integrado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, señaló que el caso no está prescripto debido a la obligación del Estado argentino de investigar y dar respuesta a las víctimas. “Es imprescindible realizar los mayores esfuerzos para reparar el valor de justicia que se ha negado”, destacaron en su resolución.
Un cambio de paradigma judicial
El fallo representa un giro respecto de la jurisprudencia previa. Aunque los crímenes no fueron cometidos por agentes estatales, el tribunal subrayó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar justicia en casos de esta magnitud. Según los magistrados, la falta de investigación histórica agrava la vulneración de derechos fundamentales.
El juez Llorens agregó: “Los crímenes de la dictadura no absuelven los de quienes sembraron el terror desde otros ámbitos. Este caso no busca simetrías, sino justicia”.
Medidas y avances en la causa
La Cámara instruyó a la jueza María Servini para que indague a Firmenich e investigue la posible participación de otros autores y encubridores. También incorporó a los denunciantes como acusadores privados y anuló los sobreseimientos de varios acusados, incluidos Horacio Verbitsky y Norma Walsh.
El atentado, perpetrado el 2 de julio de 1976, consistió en la detonación de una bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal en la calle Moreno, en Buenos Aires. La organización Montoneros reivindicó el ataque públicamente. Según registros de la época, el autor material, José María Salgado, fue torturado y asesinado en la ESMA meses después.
Contexto histórico y decisiones previas
Desde la restauración democrática, la Justicia argentina ha juzgado crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas, pero los crímenes de organizaciones guerrilleras, como Montoneros, quedaron mayormente impunes. En 2006, la jueza Servini desestimó que el ataque fuera un crimen de lesa humanidad, criterio que fue apelado por víctimas y organizaciones civiles.
En 2021, más de 400 abogados solicitaron la reapertura de la causa, argumentando su imprescriptibilidad. La Cámara Federal falló en 2022 que el cierre del expediente no satisfacía los estándares legales y ordenó continuar la investigación, una decisión que ahora se refuerza con el nuevo fallo.
Implicancias futuras
La resolución podría escalar hasta la Corte Suprema, marcando un precedente en el tratamiento de crímenes no cometidos por el Estado durante los años 70. Mientras tanto, Firmenich, residente en España y asesor del gobierno de Nicaragua, será convocado a declarar por el atentado más sangriento atribuido a Montoneros.
