Sin ningún lugar a dudas, la percepción de la tasa vial por parte de los municipios, constituye un mínimo de incremento a la economía local, y aunque incremento al fin, constituye hoy en este contexto de ajuste y asfixia a las provincias la única posibilidad de dar cumplimiento a los requerimientos viales, que para colmo de males se vieron agudizados por las inclemencias climáticas.
Pretender adjudicar resultados catastróficos a una decisión que impacta en un 1.8% el precio final del combustible; cuando existe un problema generado entre otras cosas por el aumento de más de un 220 % del valor del combustible desde noviembre a la fecha, en su gran mayoría por el aumento de la carga impositiva a los combustibles; constituye una visión bastante sesgada del asunto. La caída en las ventas de combustibles que afecta al sector en promedio desde el 3% al 21 % según el tipo de combustible, resulta del elevado aumento, del contexto inflacionario, de la paralización de la economía, de la paritaria del sector (cercana el último año a 298%) y el prometido ajuste a la casta por parte del gobierno, aunque esta haya resultado la gran mayoría del pueblo argentino.
La mayor parte de la carga impositiva es retenida por el Gobierno Nacional, entre ellas el inédito impuesto al dióxido de carbono, y plantear una doble imposición por impuestos que hoy nación no coparticipa es una discusión que queda zanjada, fue el mismo presidente quien planteo orgulloso “haber eliminado la obra pública”. Este panorama requiere por parte de los municipios una clara política de obras viales con la correspondiente publicación de la misma.
No podemos desconocer la caída de los ingresos provinciales, cercanos al 25% con su correspondiente afectación a municipios y comisiones, por parte de la quita de fondos del gobierno nacional, la eliminación de ganancias y la inexistencia de giros en otras áreas que el gobierno provincial debe cubrir, subsidio al transporte, remedios oncológicos y para trasplantados, el brote del dengue entre otros.
