El debate oral continuará con el cronograma fijado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que busca dar su veredicto antes de fin de año.
En una de sus presentaciones, la vice había pedido una pericia contable de toda la obra pública en todas las provincias. Otro de los recursos planteados por su defensa era por un supuesto doble juzgamiento: Cristina sostiene que el direccionamiento de la obra pública ya fue investigado y sobreseído por la justicia de Santa Cruz.
El máximo tribunal también analizó una queja sobre la competencia de la Cámara de Casación -el último tribunal que revisa el caso antes de la Corte- ya que fueron dos salas de la Casación, la I y la IV, las que intervinieron en diferentes incidentes vinculados a la causa.
Había otro planteo de la vicepresidenta en manos de la Corte: una demanda multimillonaria que el gobierno de Mauricio Macri inició en contra de la vice por 22.500 millones de pesos. Cristina insiste en que ese juicio por daños y perjuicios -correspondiente al 50% de los contratos irregulares que le dieron a Báez y que nunca terminó- debe tramitar en Comodoro Py, y no en la justicia Contencioso Administrativo.
Ninguno de estos pedidos tuvo eco en el máximo tribunal.
En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó a la vicepresidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos, «plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles». Por ello, se habla de un «direccionamiento» a favor del conglomerado del empresario K.
En la acusación, que la defensa de la vice buscaba refutar con los recursos ante la Corte que fueron rechazados este martes, se sostuvo que desde el Gobierno kirchnerista y diversos «organismos estatales vinculados a la obra pública, se «montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz», lo que representó la contratación del Estado «en favor de Lázaro Báez» por más de 46.000 millones de pesos».
Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el «empresario de obra pública vial más beneficiado» por las «gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner». A los ex presidentes se los apunta como los responsables de «diseñar la maniobra» y de «erigir a su amigo personal» como contratista del Estado.
Pese a los recursos interpuestos para evitar la continuidad y finalización del juicio, la Corte Suprema rechazó los planteos.
Así, el debate oral continuará bajo el cronograma impuesto por el TOF 2, es decir, el 11 de julio iniciarán los alegatos. Los mismos iban a iniciar con la Oficina Anticorrupción (OA) pero hace una semana renunció oficialmente al juicio. La querella que queda es la Unidad de Información Financiera (UIF) y después será el turno del Ministerio Público Fiscal representado por Diego Luciani y Sergio Mola, quienes preparan una dura acusación contra la vicepresidenta.
