El proyecto de ley fue presentado por la diputada nacional Gabriela Burgos, que busca generar la obligación de denunciar delitos contra las personas, la integridad sexual o la libertad, a quienes tuvieren la obligación de denunciar y no lo hicieren, cuando las víctimas sean niños, niñas y/o adolescentes o personas con discapacidad.
El objetivo es que aquellas personas que se desempeñan en el ámbito de la salud, la educación u otras instituciones de formación, que tratan día a día en el ejercicio de sus funciones o profesión con niños, niñas y/o adolescentes o personas con discapacidad, actúen como agentes de prevención y detección de delitos, explicó Burgos (presidenta de Legislación Penal).
La iniciativa estipula que cuando se tome conocimiento de algún hecho delictivo, están obligados a denunciar, tipificando como delito la omisión de denuncia cuando no lo hicieren con penas de un mes a un año de prisión, con el fin de garantizar el acceso a la Justicia y la protección de sus derechos, impidiendo la impunidad de los victimarios.
Por último, Burgos señaló que de esta manera se protegen los derechos de estas personas que son más vulnerables frente al delito y se evita que vuelva a ser víctima, generando cambios necesarios ante la alarmante realidad, modificando los parámetros legales y sociales que ayuden a comprometernos a todos como sociedad a luchar contra este flagelo que nos duele y mucho.
