Pasó de las palabras a los hechos. De las insistentes ofensas verbales a la firma de un decreto restrictivo de la libertad. Avanzó de llamarles “ensobrados” a todos los periodistas, que no sean desde ya fanáticos seguidores suyos, a recortarles a tales “esbirros” el derecho de acceder a una parte significativa de la información pública.
Digámoslo de una buena vez: Javier Milei tiene un discurso peligrosamente violento con los periodistas, pero no solo con los periodistas, que pone en riesgo la paz social, cuya preservación es la primera obligación de un presidente. A ese mandatario que ya conocíamos, se le agregó el lunes el jefe del Estado capaz de firmar un decreto inconstitucional que limita los alcances de la ley de acceso a la información pública. Es inconstitucional por el simple hecho de que un decreto no puede restringir los márgenes establecidos por una ley. Esa ley de acceso a la información sirvió para que el periodismo conociera –o confirmara– información valiosa sobre la corrupción política o sobre el trasiego de personas por los edificios que ocupan los presidentes. Sin esa ley, la sociedad no hubiera podido conocer nunca el listado de personas que ingresaron a la residencia presidencial de Olivos durante la gestión de Alberto Fernández ni, por lo tanto, la cantidad de supuestas “novias” del entonces primer mandatario.
Es cierto que los periodistas más experimentados en la investigación (Hugo Alconada Mon o Diego Cabot, para citar solo dos casos) tienen fuentes suficientes como para arreglárselas sin esa ley, pero también es verdadero que aún a ellos la ley les sirve como respaldo de la información que consiguen por su propia cuenta. Milei introdujo, por un mero decreto, fundamentalmente dos modificaciones a la ley de acceso a la información pública. Por un lado, redefine lo que es información pública y señala que no lo es la vida privada de los gobernantes. Milei está ofuscado –cuándo no– porque un periodista pidió conocer, haciendo uso de la ley de acceso a la información, los gastos de recursos estatales que significó la construcción de caniles en Olivos para los perros del Presidente. Puede ser que él considere a esos detalles una información “doméstica” relevante, como la llamó, pero un episodio aislado no debería significar una regresión para una importante conquista de la sociedad argentina, como fue aquella ley de acceso a la información. Los periodistas no trabajan para comentar entre amigos en el café de la esquina la información que consiguen, sino para publicarla y llevarla al conocimiento público. Además, no son solo los periodistas los que pueden hacer uso de esa ley; cualquier argentino, sin ni siquiera acreditar las razones ni contar con un abogado, puede reclamar información sobre los actos del Estado.
El decreto de Milei terminará también promoviendo una nueva distancia con Pro. La ley de acceso a la información pública, tal como la conocemos ahora, fue una iniciativa del gobierno de Mauricio Macri en 2016. El autor de esa ley fue Eduardo Bertoni, director de la Agencia de Acceso a la Información durante la gestión de Macri y exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bertoni regresó después a los Estados Unidos, donde había vivido cuando era relator de la CIDH. “Es una de la decisiones de mi Gobierno de las que más orgulloso me siento”, señaló Macri varias veces, y ponderó que esa ley le permitió al país ascender muchos peldaños en el ranking mundial de transparencia. También acercó a la Argentina a la posibilidad de ingresar a la prestigiosa OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), un club exclusivo de solo 38 países con requisitos muy estrictos para ser parte de él. Luego, el gobierno de Alberto Fernández se alejó de la OCDE y prefirió solicitar el ingreso de la Argentina a los Brics, una organización fundada recientemente por China, India, Rusia, Sudáfrica y Brasil. Milei retornó a la política de Macri y accedió a cumplir con todos los requisitos de la OCDE; no le interesan, en cambio, los Brics. El acceso a la información pública es un requisito de la OCDE para ser miembro de la organización. Mala noticia para el Presidente.
La segunda modificación fundamental de Milei a la ley de acceso a la información pública redefine lo que es un documento estatal; señala que no lo son las deliberaciones previas de los funcionarios ni los papeles de trabajo que preceden a la elaboración definitiva de un documento. ¿Por qué no? ¿Acaso la historia no se escribe también con esos fragmentos de lo que sucedió mientras se elaboraba un documento? El decreto tiene varias modificaciones más a la letra y el espíritu de la ley. Es un decreto reglamentario de la ley y es más restrictivo que esta; altera la ley y, por lo tanto, es inconstitucional según la jurisprudencia de la Corte Suprema.
El Presidente también se regodeó con una amenaza explícita al periodismo cuando anticipó que le pediría al Congreso una ley para que los periodistas sean considerados personas políticamente expuestas. Un absurdo. Esta calificación les cabe solo a los funcionarios de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluidos diplomáticos, militares y funcionarios de universidades– y a sus familiares directos. Se considera así a las personas que por su posición en el Estado son más susceptibles de recibir sobornos o de perpetrar actos de corrupción con los recursos públicos. Pero el aspecto más grave de la declaración de Milei consiste en que adelantó, sin averiguar nada ni argumentar nada, que sometería a los periodistas de esa manera al “escarnio público”. Según la Real Academia Española, escarnio significa “burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar”. En síntesis, el Presidente considera que la profesión de periodista por sí sola es corrupta y que merece el escarnio. Violencia verbal, pura y dura. Pero, ¿y sus amigos periodistas? ¿O no los considera periodistas? La amenaza no distinguió entre los periodistas amigos y los periodistas críticos o independientes.
También les pidió a los editores de LA NACION que expliquen por qué se oponen a la designación del juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Cumpliendo con la función de “esbirro” (“persona que sigue servilmente a otra por dinero o por interés”, según la Real Academia Española), debe señalarse que no existe una cuestión personal con Lijo como para dar tales explicaciones. Las objeciones a Lijo son de índole moral, ética y hasta intelectual –carece de las condiciones indispensables para ser juez de la Corte Suprema– y se han publicado en el diario en muchos editoriales, columnas y notas. No es un secreto por qué LA NACION está en desacuerdo con la postulación de Lijo, salvo, según parece, para Milei.
El principal problema del Presidente es que Lijo se convirtió en un asunto público que les interesa cada vez a más sectores sociales. Es probable que Milei esté malhumorado porque la candidatura de Lijo se atascó en el Senado; Lijo parece ya un capricho presidencial después de que Macri, el senador Luis Juez (que frecuenta a Milei) y los radicales amigos, por ejemplo, tomaran distancia de la postulación de ese juez. En despachos de la Corte Suprema se subrayó que sus miembros están preparados para lidiar con un tribunal supremo de apenas tres miembros; eso sucedería después de diciembre cuando se haya jubilado Juan Carlos Maqueda, el actual decano de los miembros de la Corte, y si el Gobierno no logra antes el acuerdo senatorial para Lijo. Diez días después de que Lijo expusiera en una audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado, esta no solo no firmó el dictamen, indispensable para que el pliego de Lijo llegue al plenario del cuerpo, sino que el oficialismo logró apenas tres firmas de los integrantes de la comisión; necesita por lo menos nueve firmas de los 17 miembros que integran esa comisión. Ese es el mejor síntoma del retroceso de la candidatura de Lijo.
Sin embargo, nadie en la política descarta que se decida un ritmo más acelerado para las negociaciones entre el gobierno de Milei y Cristina Kirchner, que llevan a cabo los delegados Eduardo “Wado” de Pedro, en nombre de Cristina, y Santiago Caputo, el poderoso asesor de Milei en nombre de este. Caputo habría inspirado, al menos, el decreto de Milei que limitó la ley de acceso a la información pública; su elaboración estuvo a cargo de María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico y persona de confianza política del Caputo asesor. No hay remedio: el secretismo y la oscuridad informativa del kirchnerismo son contagiosos. En esas negociaciones se hablaría de la ampliación de la Corte Suprema para sumar dos jueces más para que ingresen mujeres a cambio del acuerdo del kirchnerismo para Lijo y para Manuel García-Mansilla, quien no tuvo hasta ahora ninguna objeción profesional seria.
La ampliación de la Corte es una preocupación especial de los actuales jueces del máximo tribunal del país. Sospechan que Cristina Kirchner podría darse un lujo que le fue negado durante sus ocho años de presidenta: nombrar a un juez de la Corte Suprema. Su candidata sería la exsenadora María de los Ángeles Sacnum, una cristinista desde antes del cristinismo. Una negociación paralela, con los mismo negociadores, se refiere a las ternas para cubrir más de 140 cargos de jueces federales y nacionales que están en poder de Milei. “Nada bueno puede salir de ahí”, se resignó un opositor amigable de Milei cuando se le desplegaron las negociaciones en marcha. Nada bueno depara tampoco un presidente que asiste a la celebración del Día de la Industria, en la sede de la Unión Industrial Argentina, y se ocupa obsesivamente en golpear sobre la vieja fractura, curada hace mucho tiempo, entre la industria y el campo. Un soldado en busca de la batalla perpetua.
Joaquín Morales Solá. LA NACION
