Por los diputados nacionales: Gabriela Burgos, Jorge Rizzotti y Osmar Monaldi.
Es urgente e imprescindible establecer la prórroga de la Ley 26.093 de Biocombustibles, por eso exigimos el tratamiento esta ley en sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados de la Nación, con la convicción de que su promoción y producción configuran la posibilidad de un crecimiento sostenido y equilibrado del Noreste y Noroeste argentino –con el consecuente desarrollo equilibrado del país-, y que especialmente representan uno de los pilares con los que aseguramos para nuestro tiempo y el de las generaciones que vienen un ambiente habitable.
Los biocombustibles resultan de vital importancia para la diversificación de la matriz energética del país y además cumplen con objetivos de desarrollo sostenible, ya que son compatibles con el cuidado del ambiente, en la línea del Acuerdo de París sobre Cambio Climático del año 2015, aprobado en nuestro país por ley 27.270.
En nuestra provincia, desde 2016 transitamos el camino hacia Jujuy Verde, un programa con el que hemos establecido una meta de desarrollo con una política pública integral dirigida a mitigar el cambio climático, que tiene eje en las energías renovables, la gestión de residuos urbanos y el concepto de ciudadanía ambiental, y propone llegar a una huella de carbono neutral en la provincia para el año 2030.
Las bioenergías proponen un modelo de economía circular, en concordancia con la reciprocidad entre las personas y el ambiente que nos enseña la Pachamama, y que puede enmarcarse en el artículo 41 de la Constitución Nacional, donde quedó establecido el derecho de todos los argentinos y argentinas a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Además de disminuir la huella de carbono, los biocombustibles también reducen las emisiones de material particulado y lluvia ácida, que resultan muy dañinas para la salud. También, son altamente biodegradables.
Tampoco puede desconocerse su impacto sobre las economías regionales y la creación de fuentes de trabajo, ya que hay 300.000 empleos directos e indirectos que dependen de la industria de los biocombustibles, con 54 plantas distribuidas en 10 provincias a lo largo del país. El régimen de promoción de la ley 26.093 significó una verdadera política de Estado de industrialización de la ruralidad. Los biocombustibles sustituyeron importaciones de nafta y gasoil por más de U$S 10.800 millones en el período 2010-2019, convirtiéndonos en los primeros años en el principal exportador a nivel mundial de biodiesel.
Por otro lado, y en el marco de la pandemia que azota al país y al mundo, la industria de los biocombustibles ha prestado una magnífica contribución y puede continuar haciéndolo, ya que del bioetanol se puede extraer el alcohol etílico y dentro de los subproductos que genera el biodiesel se encuentra la glicerina, que se utiliza como insumo para fabricar alcohol en gel.
Si queremos avanzar en el camino trazado por la ley 26.093, debemos no sólo prorrogarla sino también comprender que es una norma perfectible y que eventualmente debe ser ampliada y actualizada, y en ese sentido hemos presentado un proyecto que incluye una prórroga mayor a la prevista, y asimismo aumentar el corte de bioetanol y biodiesel hasta el 15% como mínimo en un primer momento, con un aumento progresivo que llevaría ese corte hasta el 27,5% en 2025.
La prórroga del régimen no puede esperar, y por ello el proyecto en tratamiento es un paso adelante en el marco de esa transición. Estamos hablando de un recurso energético renovable que no busca reemplazar al diesel o a las naftas, sino complementar nuestra matriz energética mediante el aporte de un combustible de origen vegetal, menos contaminante y de producción nacional.
El desarrollo de la agroenergía y de los biocombustibles representa oportunidades en términos económicos, ambientales, sociales, laborales y estratégicos para toda la Argentina. Nos corresponde a nosotros como legisladores y legisladoras brindar las bases que puedan cimentar el desarrollo de estas nuevas fuentes energéticas.
