Una investigación de la red federal RUIDO revela que dos tercios de las provincias argentinas y el Gobierno nacional manejan gastos reservados y otros fondos sin necesidad de rendir cuentas a la ciudadanía. Aunque la gestión de Alberto Fernández ha reducido estos fondos, todavía persisten a nivel nacional.
Estos gastos, destinados en su mayoría a seguridad e investigaciones criminales, se ocultan bajo el rubro «Servicios no personales» en los presupuestos. Sin embargo, algunas partidas escapan a los mecanismos de control establecidos por los Tribunales de Cuentas provinciales.
La falta de supervisión propicia la discrecionalidad de los gobernantes y podría fomentar casos de corrupción. Germán Emanuele, experto en gobernanza y transparencia, señala que estos gastos deben sujetarse a controles exhaustivos, garantizando transparencia y rendición de cuentas.
A nivel provincial, 17 de 24 gobiernos manejan fondos públicos sin rendición de cuentas, mientras que en seis de ellos existen otras partidas opacas. Figuras legales como fiduciarias, agencias y sociedades estatales, como las SAPEM, manejan estos fondos sin detallar su destino, eludiendo los controles normales de auditoría.
Por ejemplo, en algunas provincias como San Luis y Salta, estos fondos se destinan a la distribución de la pauta oficial sin revelar destinatarios ni montos. La falta de acceso público a esta información dificulta la evaluación precisa del alcance de estos fondos.
A pesar de la ley nacional de Acceso a la Información Pública, cuatro provincias carecen de normativas similares o no las cumplen. Emanuele enfatiza en la necesidad de que los gobiernos permitan el escrutinio público de estos fondos, manteniendo un equilibrio entre la seguridad nacional y la transparencia.
A nivel nacional, aunque el presidente Alberto Fernández tomó medidas para transparentar los fondos reservados, aún existen asignaciones secretas en organismos como la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y otros ministerios. Estos fondos reservados representan una pequeña fracción del presupuesto total, pero su falta de divulgación genera incertidumbre sobre su uso.
Es crucial que los organismos gubernamentales sean transparentes en cuanto a la utilización de estos fondos, cumpliendo con la normativa de acceso a la información y estableciendo mecanismos claros de rendición de cuentas para garantizar la integridad en la administración de los recursos públicos.
