El decreto 879/2024, publicado el 3 de octubre, oficializa la decisión presidencial. La ley, que proponía la actualización por inflación del presupuesto destinado a las universidades públicas, fue rechazada bajo el argumento de que no especificaba las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación, lo cual, según el gobierno, comprometería el equilibrio fiscal.
Este es el segundo veto de Milei a una medida sancionada por el Legislativo, luego de haber bloqueado la ley de movilidad jubilatoria. El presidente, en su cuenta de la red social X, defendió su postura señalando que «el veto es total» y argumentó que el proyecto era «irresponsable» y atentaba contra el objetivo de déficit cero de su administración.
El gobierno justificó la decisión alegando que implementar la ley generaría un gasto público insostenible, exigiendo una fuente de financiamiento imprevista que desestabilizaría las finanzas públicas. Según la Casa Rosada, el enfoque debe estar en mantener el equilibrio fiscal a largo plazo.
El veto ha intensificado la confrontación con sectores de la oposición y organizaciones sociales, que califican la medida como un ataque a la educación pública. El oficialismo, por su parte, asegura que la marcha del miércoles tuvo fines políticos y denunció una «coalición de dirigentes opositores» en contra de su plan económico.
El debate continúa en el Congreso, donde el oficialismo busca garantizar los apoyos necesarios para sostener el veto, mientras la oposición intenta reunir los dos tercios necesarios para anularlo.
