El fiscal federal Guillermo Marijuan, que estuvo a cargo de la investigación que derivó en las duras condenas a Lázaro Báez y sus hijos, desacreditó las críticas al fallo que realizó el senador Oscar Parrilli (dijo que lo condenaron por “ser morocho”).
Irónico, señaló: “Y yo soy bajito”. También se expresó sobre el destino de los bienes del empresario que la Justicia acreditó que fueron producto de un ilícito.
“Hay una ley que establece esto; vuelven al Estado nacional y se distribuyen de la manera que la entienda la autoridad de turno”, afirmó el fiscal en diálogo con radio La Red.
Ayer, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Báez a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como “la ruta del dinero K”. Desde el punto de vista patrimonial, el tribunal ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B).
Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.
Con relación al proceso, Marijuan afirmó ayer que con su equipo realizaron “un trabajo que llevó varios años, con muchas dificultades, porque este tipo de delito –el lavado de dinero– es muy complejo para acreditarlo”. El funcionario del Ministerio Público destacó que, además de la sentencia de prisión, el tribunal oral que dictó el fallo podría aplicar multas sobre el patrimonio del contratista patagónico.
“Hubo muchas dificultades en el proceso, no solo en la disputa judicial con las partes, sino también de otro tipo. Cuando empezó la causa yo estaba de vacaciones y se trató de hacer un requerimiento de instrucción que no incluyera a los imputados en la mención que debía ser, por lo que tuve que corregir todo eso. Después fueron apareciendo muchas pruebas a propósito de la investigación y otras que aportó el periodismo de investigación”, afirmó.
El fiscal elogió la actuación del juez Sebastián Casanello, del fiscal del juicio y de los jueces del Tribunal Oral Federal 4 que dictó la condena a Báez y a otros 20 procesados. “Creo que se hizo un trabajo muy serio y muy responsable. No se puede expresar satisfacción cuando una persona es condenada, pero tengo la tranquilidad de haber hecho un buen trabajo y de haber llevado adelante mi función”, consignó en declaraciones al canal A24.
También se refirió a la investigación que llevó adelante con las excavadoras en el Sur y, si bien reconoció que no tuvo los resultados esperados, resaltó que durante las inspecciones en Santa Cruz pudo detectar la existencia de un patrimonio multimillonario que no estaba registrado o estaba oculto allí y en otras provincias: “Mucha gente se ha burlado de mí, porque a veces en la investigación de una causa uno puede tener alguna diligencia que no es satisfactoria como esa, pero teníamos un fundamento para hacerla. Esa fue una prueba fallida, pero había muchas otras pruebas que nos permitieron llegar a esta conclusión del proceso”.
“Las pruebas eran muy sólidas y me pareció impecable el trabajo que realizó el tribunal oral, más en tiempos de pandemia, que pudo condicionar la marcha del proceso”, insistió el fiscal federal, y resaltó que, junto a la condena a prisión, también queda “una causa remanente por el lavado de dinero que se pudo haber dado con la compra de varios centenares de inmuebles y automotores y maquinarias”.
Marijuan pidió esperar los fundamentos del fallo, pero resaltó que “el tribunal impone, además de una pena, una multa y tal vez tenga que dirigirse para ejecutarse sobre esos activos que pudimos hacer embargar y confiscar. Ese patrimonio tiene una valuación del organismo respectivo del Poder Ejecutivo que en su momento se estimó en 200 millones de dólares”.
Por último, evitó referirse a la denuncia que presentó contra el ahora ex ministro de Salud, Ginés González García, y el periodista Horacio Verbitsky por el escándalo del vacunatorio vip en dependencias oficiales. Sin embargo, replicó a las críticas que formuló Alberto Fernández desde México, donde le pidió a la Justicia que deje la “payasada” de investigar esta situación irregular.
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