En sus 664 artículos contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo en diversas materias; propone un cambio radical del sistema electoral, un régimen de blanqueo amplio y la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria
En nombre del Poder Ejecutivo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, entregó esta tarde al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un ambicioso proyecto de ley “ómnibus” que, en sus 664 artículos, contiene amplias delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años, con la posibilidad de prorrogar este plazo por otros dos años más, es decir, hasta la finalización del mandato de Javier Milei.
No solo eso: en sus disposiciones finales, el Poder Ejecutivo requiere que, además, el Congreso le apruebe el mega decreto de necesidad y urgencia 70/23 -con sus 366 artículos- que dictó la semana pasada el presidente Javier Milei para desregular la economía. Pese a las críticas generalizadas que cosechó esta medida en la mayoría de los bloques opositores, el presidente Milei redobló la apuesta y ahora pretende, con este proyecto de ley ómnibus, que los legisladores le deleguen facultades en casi todas las áreas de la administración pública lo que, a juicio de la oposición, implicaría lisa y llanamente una claudicación de las potestades parlamentarias.
Por si fuera poco, Milei reclama celeridad. Al convocar a sesiones extraordinarias del Congreso fijó que este período se extienda solo hasta el 31 de enero próximo. “La emergencia en la que se encuentra el país no permite que perdamos tiempo. La semana próxima, una vez constituidas las comisiones, empezaremos el debate”, anticipó Martín Menem.
En el primer artículo de la ley “ómnibus” enviada al Congreso –denominada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”– establece que su objeto es “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.
El proyecto está dividido en varios capítulos y modifica medio centenar de leyes. Es tan exhaustivo y ambicioso que incluso propone una reformulación copernicana del sistema político argentino. Además de la derogación de la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), propone el sistema de circunscripciones uninominales para la elección de los diputados nacionales en reemplazo del actual sistema plurinominal. Esto significa que en cada elección legislativa se pone en juego una sola banca por circunscripción, lo que favorece a la fuerza política que más votos consigue y restringe el acceso a segundas y terceras fuerzas, que se quedarían sin representación.
En esta lógica, el proyecto del Poder Ejecutivo dispone una reestructuración de la Cámara de Diputados: con esta ley, de ser aprobada, el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000.
Con este nuevo paradigma electoral Milei buscaría acelerar los tiempos para alcanzar en dos años la mayoría en la Cámara baja, siempre que replique en las próximas elecciones legislativas el triunfo obtenido este año. Con el actual sistema plurinominal ese objetivo sería de muy largo aliento.
Otro punto polémico -que genera resistencia en la mayoría de los bloques legislativos- es la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. La iniciativa no establece plazos.
Hay más en materia previsional. El Gobierno pretende, además, que se giren al Tesoro Nacional los recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, actualmente en resguardo de la Anses. Según este organismo oficial, en noviembre pasado este fondo alcanzó el mayor valor en su historia con 76 mil millones de dólares.
Blanqueo
Por otra parte, el proyecto incluye un amplio régimen de regularización de activos, el cual estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2024. Permitirá regularizar hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. Superado ese monto se impondrá una escala de alícuotas que va desde el 5% hasta el 15% sobre el excedente según en qué momento se adhiera el contribuyente a la regulación.
Por otra parte, la iniciativa habilita la privatización de empresas y sociedades del Estado o con mayoría estatal. Entre ellas figuran: YPF, Administración General de Puertos S.E.; Aerolíneas Argentinas; Arsat; AySA; Banco Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.; Casa de Moneda; Contenidos Públicos; Corredores Viales; Correo Argentina; Enarsa; Ferrocarriles Argentinos; Operadora Ferroviaria y diversos medios públicos.
Otro punto que generará polémica es que la iniciativa permite renegociar o rescindir contratos de la administración cuando por razones de emergencia económica y atendiendo la disponibilidad de fondos públicos.
En materia tributaria se contempla un programa de regularización y modificaciones en bienes personales e impuestos internos. Asimismo, se confirma la suba en las retenciones agropecuarias, entre ellas la alícuota del 33% sobre los subproductos de la soja (hoy gravados con el 31%). Asimismo, se le confiere al Poder Ejecutivo la facultad de reducir o incrementar las alícuotas de los derechos de exportación hasta el 9 de diciembre de 2027, es decir, hasta la finalización del mandato de Milei.
En materia de seguridad, se establece un régimen para la organización de manifestaciones callejeras: incorpora en el Código Penal nuevos controles y agrava las penas por los cortes. A tal punto que se eleva de dos a tres años de cárcel al que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento” del transporte. Además, sanciona especialmente a los organizadores de los cortes y los hace solidarios por los daños que pudieran producirse sobre las cosas, incluso a aquellos organizadores que no estuvieran presentes en la manifestación
Al mismo tiempo, se faculta al Poder Ejecutivo a concentrar en un solo régimen el sistema nacional de contrataciones públicas que, según se explica en los fundamentos del proyecto, hoy está disperso en diversas normas y contratos administrativos en particular. El objetivo es incorporar para todos ellos sistemas rápidos y eficaces de prevención y solución de controversias, tales como la conciliación, la mediación, el avenimiento y el arbitraje, previendo y en su caso creando paneles técnicos o tribunales administrativos.
En términos tributarios, en tanto, se instrumenta un programa de regularización y modificaciones en bienes personales e impuestos internos. Además, se habilita la eliminación de deudas intrasector público, donde el Gobierno tiene al mismo tiempo activos y pasivos que pueden ser cancelados sin afectación patrimonial pero con amplios beneficios, de transparencia y reducción de costos de gestión.
Es tan abarcativo el proyecto del Gobierno que incluso incorporan cambios en el sistema educativo. Se propone un examen integrador al finalizar la educación secundaria, y la posibilidad que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos, y de cómo estas y las de su colegio comparan con las del resto del país. Se permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo y se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior. Finalmente se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes.
Laura Serra
