La descripción que hizo Alberto Fernández en su asunción presidencial de la Justicia Federal coincide con el diagnóstico que hacen algunos jueces de Comodoro Py sobre la intrusión de los servicios de inteligencia en las decisiones judiciales. Pero otros magistrados se indignaron al verse descalificados por el Presidente. Destacaron sus sentencias, dicen estar preocupados, pero «temerosos nunca», y preparan una respuesta institucional.
De hecho, mañana se reunirá en el Chaco, para celebrar los 70 años de la Cámara Federal de Resistencia, la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales. Son 23 jueces federales a cargo de las cámaras del fuero de todo el país. Allí se debatirá el escenario judicial que planteó Fernández.
Un antecedente: una de las reuniones más resonantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales ocurrió en 2013, cuando estos jueces enviaron a la Corte un documento contra los proyectos de Cristina Kirchner de «democratización de la Justicia», que el máximo tribunal terminó de sepultar. Ricardo Lorenzetti presidía el tribunal.
Esta vez, los jueces ni siquiera van a esperar que se anuncien los detalles de la «profunda reforma judicial» que anticipó Fernández. En tribunales afirman que los planes que discuten el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, pasan por ampliar la competencia federal de los juzgados y cámaras en lo penal económico y en lo penal tributario, de modo que los jueces federales no sean solo los 12 de Comodoro Py y una Cámara Federal de Apelaciones con dos salas, sino que su número ascienda a 23, con una Cámara Federal de cuatro salas.
Otro rumor es que se amplíe aún más la nueva configuración y que este nuevo fuero federal con amplia competencia incluya a los juzgados federales del conurbano. Aunque esto último es más dudoso.
No obstante, aun quienes apoyan el plan de reforma judicial creen que licuar así el poder de los federales no es el camino, sino que el cambio se dará con la implementación total del nuevo Código Procesal en la Capital, de modo que los jueces dejen de controlar los casos y que pasen a manos de los fiscales. Para eso, es necesario nombrar un nuevo procurador. El nombre en danza sigue siendo el de Daniel Rafecas.
Fuerte descontento
Para los jueces federales con los que conversó LA NACION, lo que escucharon de Fernández bastó para despertar el descontento, por ahora expresado soto vocce, en los pasillos de tribunales, donde juegan de local, y pronto lo harán en público, a través de un documento.
Otros, en cambio, prefirieron el silencio, y un grupo más escéptico se mostró hipercrítico. Eso sí: ninguno dijo tener miedo de represalias del futuro gobierno. Todos están dispuestos a defenderse respaldados en sus resoluciones.
Rechazan cargar con las culpas sobre la politización de la Justicia y, en cambio, responsabilizan a la política por esas prácticas: «La politización de la Justicia depende en un 80% de la política y la solución debería ser política, no judicial», dijo un encumbrado magistrado. Otro, más practico, resumió su opinión ante el discurso de Fernández en un punto: «Que los políticos dejen de robar y no hay problemas con la Justicia». Menos directos, otros jueces rechazaron el discurso presidencial: «No somos lo que describió el Presidente», señalan.
La ocasión para debatir este estado de cosas se dará en Resistencia. El chat entre algunos magistrados al tanto del encuentro arde. Los mensajes con los ejes centrales que propondrán discutir en el encuentro para que formen parte de un documento final son: respaldar la tarea judicial, contabilizar sentencias dictadas por los tribunales y rechazar las acusaciones de falta de independencia o de utilización de la Justicia para la persecución política.
No son solo jueces penales de la Cámara Federal porteña o de la Casación Penal. Hay presidentes de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, de la Seguridad Social y de las cámaras federales de todo el país. El cuerpo lo preside Javier Leal de Ibarra, de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
A este encuentro de jueces fue invitado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, quien no concurrirá a las deliberaciones, pero se hará presente en el cierre. Los magistrados aspiran a que la cabeza de la Corte se ponga al frente de sus preocupaciones, aunque Rosenkrantz es uno de los primeros que acuerdan con poner fin a los operadores judiciales y la contaminación de los servicios de inteligencia en el Poder Judicial.
El programa de actividades incluye una reunión plenaria, en la que se discutirán las ideas y el documento, un almuerzo de jueces en el Salón Mirasoles y un festejo de cierre con la Orquesta Sinfónica del Chaco y el coro toba Chelaalapi.
La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales fue creada en 2005 por los magistrados a cargo de la presidencia de las cámaras con asiento en Buenos Aires. Al año siguiente se invitó a los presidentes de las cámaras federales del interior. La Junta es un espacio institucional donde las máximas autoridades del Poder Judicial debaten en reuniones mensuales sus problemas y las gestiones que corresponda llevar adelante ante los distintos estamentos, tanto del Poder Judicial como de otros poderes del Estado. Como cuando le expusieron a la Corte un documento en el que se oponían a las reformas cristinistas y todo quedó en la nada. Al igual que con la democratización de la Justicia, esta junta objetó los procedimientos para la designación de subrogantes, cuya inconstitucionalidad declaró la Corte Suprema.
Por: Hernán Cappiello
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