Lo que le dejó el kirchnerismo al nuevo gobierno, la economía en la Argentina de la oposición, mega decreto y ley ómnibus

El encargado de ofrecer la imagen fue Pablo Quirno, secretario de Finanzas, pero más importante, un amigo y mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo. Este, luego del embarazoso cruce del “papelito” con Gabriela Cerruti en 2018, decidió no pasar por el Congreso, por ahora.

Tanto él como Federico Sturzenegger, autor intelectual de la ley ómnibus, esquivan los venenosos dardos del kirchnerismo experto en show político.

“La inflación es, en todo momento, un fenómeno fiscal. Sin déficit fiscal no hay deuda”, afirmó el ex JP Morgan en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde se debate la Ley de Reforma del Estado. “El plan de [Javier] Milei busca erradicar el déficit financiero en 2024. Ese exige esfuerzos de toda la sociedad por años de malos manejos de los gobiernos que nos han precedido”, aseguró, quien afirmó, sin embargo, que “a nadie la hace gracia subir retenciones”. Caputo ya había dicho que ideológicamente él estaba en contra.

Un paréntesis. No es un tema menor para el Presidente, donde los impuestos transitorios –casi todos los creados en la historia del país– se convirtieron en un pilar permanente del financiamiento de “la casta”. Por la suba de derechos de exportación, el Gobierno espera sumar ingresos por 0,5 puntos del PBI. Ese aumento, como el blanqueo, la moratoria, y los cambios en Bienes Personales (que sumarían otros 0,5 puntos extra) depende de que se apruebe la norma en debate. También el ahorro estimado en jubilaciones y pensiones (0,4 puntos).

No es raro comenzar a ver a Sergio Massa en los últimos días retomar su agenda de “alivio fiscal”. Hace dos semanas, presentó un proyecto de simplificación tributaria y un “alivio” a monotributistas. En estas horas, recordó frente a varios interlocutores la sequía de 2023 y su decisión de campaña de bajar retenciones a varios productos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), que desembolsará US$4700 millones en las próximas semanas, “espera” que se aprueba la ley ómnibus. El Gobierno se comprometió a un superávit primario de 2%. Parte se hará licuando, otra con presupuestos desactualizados y también habrá recortes nominales. Pero no alcanza. Ya lo advirtió la vocera del Fondo, Julie Kozack, el jueves por la mañana: la ley tiene “implicancias fiscales importantes”.

Una herencia brutal

“Parece que estábamos en Disneylandia”, siguió Quirno al describir la herencia. Mencionó al “candidato opositor que perdió el balotaje [Massa]; quien se tiró encima de una bomba que había generado su propio gobierno [el de Alberto Fernández]” cuando el ministro que lo antecedió, Martín Guzmán, “había renunciado por Twitter”. Los gritos del ex titular de la AFIP, Carlos Castagnetto, se escuchaban de fondo.

Quirno dijo que la inflación de julio de 2022, cuando se fue Guzmán, era de 71% interanual; mientras en noviembre pasado llegaba a 160,9%; que el dólar oficial en julio de 2022 era de $131,2, mientras que a fines del año pasado saltó a $364,4; que el contado con liquidación pasó en ese período de $280,60 a $1001, 60 y la brecha cambiaria, de 118% a 174,9%. Advirtió que las reservas netas que dejó Mauricio Macri (US$9000 millones) eran US$412 millones en julio de 2022 y US$10.545 negativas al cierre de la gestión del cuarto kirchnerismo. Castagnetto volvió a interrumpir desde el fondo del salón.

El extitular de la AFIP y exarquero de Gimnasia y Esgrima de La Plata, muy cercano a Cristina Kirchner, pedía que Quirno respondiera por los cambios en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y en Bienes Personales. “Expuso y no contestó nada”, se quejaba enojado frente a sus compañeros esa misma noche.

“Vamos a hablar un segundo de la deuda”, dijo Quirno y mencionó una palabra que irrita al kirchnerismo: “Relato”. El 30 de noviembre de 2015, la deuda bruta era de US$245.000 millones; a fin de 2019 de US$312.000 millones; al cierre de 2023, US$425.000 millones, aseguró el funcionario sin diferenciar pesos, dólares o pesos ajustables.

“El Gobierno de Milei recibió una herencia de casi US$11.000 millones de reservas negativas, de US$50.000 a US$60.000 millones de deuda comercial, 18 tipos de cambio, 15 puntos de déficit [suman el 5,2% de déficit financiero y el heredado en el Banco Central] y un país al borde de la híper”, afirmó el secretario. “Cuando llegó Milei no había ni un dólar para hacer frente al pago del FMI el 21 de diciembre, sólo diez días después de la asunción”, cerró Quirno, que recordó que el anterior gobierno incumplió el acuerdo.

No fue la única herencia de desmanejos recibida. Hubo algunos casos micro. El viernes 5 de enero, Carlos Casares, el hombre designado por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, al frente del Enargas, debió abrir un sumario en esa institución. Encontraron allí dos potentes computadoras no inventariadas. Sospechan que el gerente de Sistemas de la gestión anterior, que renunció, las usaba para minar criptomonedas y se investiga con qué presupuesto se adquirieron. Un colmo para el mundo energético: en un ente encargado de regular la energía se hacían negocios con la política de tarifas pisadas.

Rodríguez Chirillo también habló de la herencia en el Congreso. No sólo explicó que no habrá inversión en el sector sin precios para la luz y el gas (cuyos valores comparó con el asado o una factura del cable e internet), y que la nafta se la llevaban de países vecinos en la frontera por los bajísimos precios, sino que dejó picando la posibilidad de que los problemas del déficit energético de US$30.000 millones no fueran por la privatización de YPF, como sugirió la izquierda, sino por la estatización impulsada por el cristinismo, una maniobra –por lo menos irregular– que no sólo generó más deuda por un juicio perdido de US$16.000 millones, sino que además, desde esta semana, abrió la posibilidad de embargos al país. Vale recordar: YPF está en la lista de empresas que podrían privatizarse.

La negociación política

La aprobación de la Ley de Reforma del Estado requerirá, antes de que nada, de que Milei encuentre tropa propia que esté a la altura de negociar con la oposición el corazón de la iniciativa. Como en cualquier tratativa, se pide de más, para pasar lo indispensable. No sólo eso, se requiere además que quienes se oponen obtengan algún “premio” frente a su propio electorado frenando parte del articulado. Pero la crisis es de interlocutores: los gobernadores de Juntos por el Cambio pidieron verse las caras con el que maneja los números, Caputo, y el que hace política, Guillermo Francos. El comodín es la plata: por eso, la reversión de Ganancias nunca estuco en el paquete económico de la ley.

En el radicalismo circula un semáforo de temas a negociar con sabrosas anotaciones. “Si bien es innegable la emergencia, la amplísima delegación sin límites claros y con amplísimas bases, conducen a una reforma profunda de las políticas públicas nacionales, relegando al Congreso Nacional a un rol disminuido”, advirtieron sobre las facultades delegadas a Milei. Las emergencias se aceptarían hasta el 31 de diciembre de 2025 y podrían extenderse hasta 2027. Julio Cobos, por caso, pidió que, si se toma más deuda, se debe pasar por el Congreso (el mega DNU elimina topes). “La movilidad previsional es un derecho constitucional y debe estar reglado por ley”, se afirmó sobre los jubilados. “El blanqueo es sin planteo de volumen de recaudación”, se agregó y se puso, como siempre, el ojo en los impuestos coparticipables. No olvidar: que la nuestra siempre esté.

En la Coalición Cívica, donde concuerdan en gran parte con la “Coalición Federal” (los cordobeses, socialistas, Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer) manifiestan que hay líneas rojas a retocar: delegaciones (“es un cheque en blanco”, dicen), la suba de retenciones (“que busquen recursos en otro lado”, afirman y citan la “separata” de Massa), la fórmula Previsional (“es un cheque en blanco sin garantía de actualizar por inflación”) y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (“solo se aceptan cambios en el marco de una reforma previsional integral”). Además, creen que no se puede negociar la reforma política en el medio de semejantes cambios económicos. En PRO critican las facultades delegadas, las retenciones a economías regionales quieren que los jubilados no pierdan contra la inflación.

“El apoyo de la gente a las nuevas medidas es altísimo. Esperamos que la política esté a la altura”, dijeron en el Ministerio de Economía después de que se conociera la brutal inflación de 2023. Las trabas al DNU y la ley, en la emergencia que retrató Quirno, dejaron para el Gobierno una “muestra gratis” de lo que puede pasar con el dólar y los precios. La repuesta no vino del kirchnerismo, que se opone a la totalidad de la propuesta libertaria. “Ni la inflación ni el aumento del dólar tienen nada que ver con las leyes que tratan en el Congreso. Ese es un argumento kirchnerista. La inflación es siempre un fenómeno monetario”, corrió Martín Tetaz con el más puro monetarismo a Milei. “El único responsable es el Banco Central. No es independiente y por eso el Gobierno debe sobreactuar equilibrio fiscal”, cerró el radical.
Francisco Jueguen