Desde que el gobierno de Javier Milei dio a conocer el megaproyecto de “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, la versión original sufrió cientos de modificaciones tras su paso por los debates en comisiones.
Este martes, a más tardar, el Ejecutivo espera poder sesionar y legislar los artículos que postuló. A 48 horas de la sesión, se conoció la nueva versión que se reduce de 664 artículos a 384.
Inmersos en una red de negociaciones con la inquebrantable oposición, el Gobierno cedió y generó recortes y modificaciones a los artículos más polémicos de su Ley Bases. Por eso, con el apoyo de sectores de Pro y en acuerdo con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo consiguió el dictamen de mayoría en comisiones para avanzar en el Poder Legislativo.
Sin embargo, el avance del proyecto requirió la eliminación de todo el capítulo fiscal, tal y como indicó el ministro de Economía, Luis Caputo, el viernes en una conferencia de prensa desde la sede de Hacienda. “Lo que no queremos es que por este capítulo fiscal se demore algo que consideramos necesario y urgente”, dijo.
De esta forma, no están en el nuevo escrito los ítems referidos a los artículos sobre la actualización jubilatoria, las retenciones agropecuarias e industriales, el blanqueo, la moratoria y el adelanto de Bienes Personales. También se retiró el proyecto que contenía las nuevas escalas del impuesto a las Ganancias, que era requerido por los gobernadores.
No obstante, quedó en pie todo el resto del articulado, referido a la delegación de facultades, privatizaciones, desregulaciones y cuestiones vinculadas con la educación, la cultura y la seguridad, aunque no exentos a modificaciones.
El oficialismo decidió no avanzar con la suba de retenciones. Este fue uno de los puntos más polémicos del proyecto ya que el Gobierno había planteado el incremento de las alícuotas por derechos de exportación al 15% para productos de economías regionales, e igualar en el 33% la soja y sus derivados. Esto se traducía en un incremento de recaudación de US$1135 millones en un total de US$10.290 millones, que con el esquema actual, serán las proyecciones US$9155 millones. Finalmente el Poder Ejecutivo aceptó ahora reducirlas a cero para las economías regionales.
Otro de los aspectos en los que se dio marcha atrás fue con el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Proponía suspender la fórmula vigente (ajustada por la evolución de la inflación y la recaudación), para habilitar ajustes discrecionales a cargo del Ejecutivo. Esto quedó trunco.
Por otro lado, se retrotrajo de la iniciativa sobre blanqueo que planteaba que sería gratuito para personas que declararan menos de US$100.000 con una serie de beneficios.
El texto original del proyecto de ley presentado por el Gobierno proponía la privatización de la totalidad de las empresas estatales, mixtas o con participación mayoritaria del estado. Luego de las negociaciones, se decidió retirar YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) del listado y establecer que Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT. Además, se excluyó al INTA y al CONICET de las facultades de disolución en el apartado de reorganización administrativa.
También se eliminó la emergencia social y de defensa de las 11 iniciales, y el plazo de la delegación legislativa sería de un año, con la posibilidad de que el Congreso pueda extenderlo otro año más. Pero se mantiene la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, energética, administrativa y tarifaria.
Otro ítem polémico que se modificó fue el apartado por el cual se establecía que una reunión de tres personas en el espacio público podía ser considerada una manifestación. Este se incrementó a 30 personas.
