Inició la capacitación a diputados provinciales, a cargo de profesoras del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS).
Avalada por la firma del convenio marco entre la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y la Legislatura de la Provincia y en cumplimiento de lo establecido por la Ley Micaela N° 27.499, la actividad tuvo carácter presencial bajo las normas establecidas por el Comité Operativo de Emergencias (COE).
Como antesala a la capacitación, tuvo lugar, en el recinto de sesiones de la Cámara, una ceremonia encabezada por el presidente de la Legislatura, Carlos Haquim. Allí, el rector de la UNJu, Rodolfo Tecchi, brindó señaló que «que para la comunidad universitaria el caso Micaela tuvo un sentido especial porque ella era estudiante de la Universidad Autónoma de Entre Ríos; también quiero resaltar el sentido de la lucha de su mamá y su papá hasta conseguir la sanción de la Ley «.
«La capacitación está a cargo de profesoras del Área de estudios de la Mujer que hace más de 20 años viene trabajando en la UNJu, formando parte de una red nacional de áreas de la mujer de las universidades públicas argentinas, por lo que es la expresión en Jujuy de un colectivo universitario que trabaja sobre estos temas con enfoques académicos y científicos» agregó Tecchi.
En tanto, Liliana Bergesio, del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género, destacó que «fue una jornada sumamente fructífera en donde pudimos hablar sobre la historia de las luchas de las mujeres, como así también de los estereotipos de género, las distintas violencias que sufrimos las mujeres en distintos ámbitos y de distinto tipo, hemos repasado las alarmantes y dolorosas cifras de femicidios en nuestro país, la cual muestra que una mujer muere, por su condición de mujer, cada 30 horas en Argentina, lo que es una realidad que tenemos que modificar y los organismos del Estado tienen la responsabilidad de hacerlo».
El seminario contará con seis capacitaciones que brindarán un conjunto de herramientas prácticas para orientar acciones destinadas a asumir la corresponsabilidad de Estado en la lucha contra las violencias de género y revisar el encuadre normativo de protección de derechos vinculados al género, explicitando su carácter obligatorio al interior de las prácticas del Estado.