E
empresario contratista del Estado y socio de Carlos Liuzzi, Gustavo Bevenuto, compró viñedos a nombre de Facundo Aníbal Fernández, hijo del ministro Aníbal Fernández, Lucas Gaincerain, y del empresario Fernando José Torreta. La adquisición fue en 2008 y las tierras luego fueron vendidas en 2013.
Por: Candela Ini
Benvenuto es uno de los dueños de la Adcon SA (Administradora de Conocimientos SA), una firma creada en 2005 con un capital social de $12.000 y que, menos de dos meses después de haber sido dada de alta, recibió, gracias a un convenio de cooperación firmado por Carlos Zannini una contratación directa del Estado para digitalizar toda la información del Boletín Oficial, un servicio que hasta entonces brindaba la firma La Ley SA. Desde entonces, y hasta diciembre de 2015, la firma, que no estaba inscripta como proveedora del Estado, facturó aproximadamente $134.000.000, según reconstruyó LA NACION.
Liuzzi, quien fue socio de Benvenuto en una empresa constructora, estaba a cargo de la Comisión Fiscalizadora que debía auditar el Fondo Cooperador ADC S.A, pero la Justicia no encontró ningún informe ni auditoría sobre el cumplimiento de ese contrato.
Según la información que hay en el expediente y a la que accedió LA NACION, Benvenuto compró viñedos en Mendoza durante 2008, que puso a nombre de Carlos Liuzzi -el segundo de Carlos Zannini-, Lucas Gaincerain, el empresario cercano a Aníbal Fernández Fernando José Torreta y el médico pediatra Facundo Aníbal Fernández. Aníbal Fernández era entonces ministro de Justicia de Cristina Kirchner.
Torreta, Gaincerain y Fernánez ya no son dueños de esos inmuebles, pero sí aceptaron en ese entonces ante un escribano la compra que efectuó Benvenuto, según la documentación aportada por la UIF a la Justicia. Esas tierras se encuentran cerca de la fincha Sophenia, de la que Benvenuto es dueño.
Son dos las operaciones que involucran al entorno de Fernández. Una fue la compra de un viñedo de 300 hectáreas que Benvenuto pagó 729.000 dólares. Esa tierra la repartió entre sus familiares, pero también recibieron un 20% Liuzzi y un 10% Torreta. El empresario adquirió también un viñedo de 42 hectáreas en el departamento de Tupungatoa a Bodegas y Viñedos Alfredo V.A Catena S.A, que pagó 439.000 dólares y puso a nombre de Gaincerain, Torreta, Facundo Aníbal Fernández y suyo, cada uno con un 25%.
“En cuanto a las operaciones inmobiliarias denunciadas -indica el informe de la UIF-, también se logró acreditar que el 21 de mayo de 2008 Gustavo Fernando Benvenuto compró a “Bodegas y Viñedos Alfredo V.A Catena SA”, por la suma de 439.000 dólares, un viñedo ubicado en la provincia de Mendoza, para sí (25%) y para los señores José Lucas Gaincerain (25%), Fernando José Torreta (25%) y Facundo Aníbal Fernández (25%)”.
Uno de esos inmuebles fue vendido por 9.600.000 pesos en el año 2013 al accionista de Telearte SA Carlos Lorefice Lynch. En esa operación, Torreta, Gaincerain y Fernández, que no habían comprado la tierra que pagó Benvenuto, participaron como vendedores.
En la causa, que llevan el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini, fue incorporada una copia del decreto 2085/11 de fecha 7/12/2011 que incorporó como objetivo “12″ de la Subsecretaria Legal y Técnica de la Nación la función de “Administrar el Dominio de Nivel Superior Argentina (.AR) y el registro de nombre de dominio Web de las personas físicas y jurídicas”, que entonces dependía de la Cancillería. Después de la firma de ese decreto, mediante una adenda al contrato entre la empresa Adcon SA y el Estado, la empresa comenzó a encargarse también de proveer el soporte sobre el software de gestión y registros de los dominios de internet.
Gaincerain tuvo varios cargos en el Estado. Fue secretario de Coordinación Administrativa y Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete entre 2009 y 2015. El hijo de Aníbal Fernández también trabajó para el Estado durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y fue, reconocido por el propio Fernández en 2014, socio de Torreta en la sociedad “Biotransgen SRL”. A su vez, Torreta sería socio de Benvenuto en la sociedad “Glorieta S.A”.
Ante la consulta de LA NACION, Aníbal Fernández no quiso hacer declaraciones. Y cerca suyo se remitieron a un fallo firmado en octubre de 2020, mediante el cual el juez penal económico Alejandro Catania sobreseyó a Gaincerain en una causa iniciada por una denuncia de Elisa Carrió por evasión, contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ese expediente, según dijeron fuentes judiciales a este medio, no investigó esas operaciones. Aún así, cerca del ministro de Seguridad dijeron: “Nunca participamos de nada con Liuzzi”.
