El capítulo laboral fue mucho más amplio de lo que se esperaba, con modificaciones profundas que podrían ser judicializadas; los aportes de los afiliados a las prepagas ya no tendrán que pasar por las obras sociales sindicales
Por: Nicolás Balinotti
Javie Milei decidió no enviar al Congreso el proyecto para reformar la legislación laboral e incluyó en su megadecreto un capítulo referido a la temática, con iniciativas que incluyen desde modificar los cálculos indemnizatorios hasta avanzar contra la caja y el poder sindical. También, y quizás es el punto que más cola traerá en la Justicia, busca limitar el derecho a huelga.
En su plataforma de gobierno que presentó ante la Justicia Electoral, Milei propuso ligeramente una “modernización laboral” y solo mencionó su intención de implementar un fondo de cese laboral o seguro de desempleo en reemplazo para las indemnizaciones. Tomó como ejemplo en su presentación el modelo que tiene implementado la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (Uocra). El decreto lo dispone, pero con una salvedad: será voluntario y debe acordarse por convenio colectivo, en acuerdo entre las partes empresarias y sindicales. El aporte al eventual fondo no podrá superar el 8% mensual y correrá a cuenta del empleador. Tal vez uno de los primeros en volcarse hacia este sistema sea Luis Barrionuevo, por las características de la actividad gastronómica.
Reforma Laboral
Además de sugerir el fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones, el Gobierno avanzó con modificaciones en los cálculos indemnizatorios. Se reduce la indemnización por despido y se habilita su reemplazo por fondos de cese laboral por vía de la negociación colectiva. Además, se amplía el período de prueba a ocho meses . Aparece también la modificación de los intereses por indemnizaciones, para lo cual se utilizará lo que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés del 3% anual. Establece que “no incluirá el Sueldo Anual Complementario [aguinaldo] ni conceptos de pago semestral o anual”, algo que, en la práctica, equivaldrá a reducir las indemnizaciones porque no podrán incluirse en la base de cálculo las sumas no remunerativas, teléfono celular, premios o los bonos anuales.
El capítulo sindical del decreto está inspirado en la reforma que intentó aplicar la gestión de Mauricio Macri en 2017. Incluye modificaciones en la ley 24013, puntualmente en los artículos referidos a la registración laboral. El Gobierno pretende reducir las multas a empresarios por no registración o registración defectuosa. Consideran fuentes oficiales consultadas por LA NACION que es una medida que favorecerá especialmente a las pymes.
Además, el DNU incluye como causal de despido los bloqueos, lo que abrirá un debate sobre el alcance del derecho a huelga. El rechazo unánime de los gremialistas no será sin embargo por los bloqueos, sino que estará focalizado en una restrictiva reglamentación del derecho de huelga en diversas actividades que son consideradas servicios esenciales, a las que se exige un 50% de prestación del trabajo normal, y otras que se califican como “actividades de importancia trascendental”, que están obligadas a garantizar el 75% del servicio. Hugo Moyano (h.), abogado del Sindicato de Camioneros y de otra decena de gremios, calificó anoche de “inconstitucional” la medida, en lo que se interpreta como un primer paso hacia la judicialización.
También se apuntó contra la recaudación sindical: la Secretaría de Trabajo supervisará las denominadas “cuotas solidarias”, por lo que el concepto de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT) será revisado solo en las cláusulas de obligatoriedad y no en las que fijan condiciones y derechos. La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual. Esto está hoy consagrado en el artículo 6 de la ley 14.250. “La ultraactividad de los CCT entra en un limbo interpretativo. Las cláusulas que refieren a las condiciones de trabajo mantienen este carácter, todas las demás no. Esto afecta a muchísimas disposiciones de los convenios colectivos que se van a caer si se vence su plazo y no se renueva”, consideró Luis Campos, abogado laboralista y director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.
Otro golpe para los gremios es que las empresas no están más obligadas a ser agentes de retención de la cuota sindical de sus empleados. Ahora, según los cambios que impuso el Gobierno, los empleados deberán dar antes un consentimiento para que se les descuente de su salario el porcentaje de la cuota sindical. Esto podría generar un reempadronamiento en los gremios que podría afectar su nivel de representación.
Otro cambio que generará controversias es la modificación del artículo 87 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, la normativa que regula la vida interna de las organizaciones gremiales. “Los representantes sindicales dentro de la empresa, delegados, comisiones internas u organismos similares, así como las autoridades de las distintas seccionales de las asociaciones sindicales, tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”, sostiene el DNU. Este cambio apunta a penalizar las asambleas de trabajadores que, en la práctica, terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas porque paralizan la actividad de la empresa.
El capítulo laboral del DNU es mucho más duro que lo que la CGT imaginaba. Incluso, hasta tendrá impacto en las obras sociales, la caja de la salud que los dirigentes sindicales cuidan casi como propia. Ya los aportes de los afiliados a las prepagas no tendrán que pasar por las obras sociales sindicales. Hasta ayer, los usuarios de las prepagas derivaban sus aportes a una obra social sindical que se quedaba con un porcentaje antes de girar los fondos a la prepaga. La medida pone fin a esa intermediación.
Nicolás Balinotti
