José María Carambia y Natalia Gadano confirmaron su apoyo al proyecto de Ficha Limpia, que prohíbe ser candidatos a quienes tengan condenas firmes por delitos de corrupción. Con su aval, se alcanzaría la mayoría necesaria para avanzar con la iniciativa en el Senado, aunque aún resta la convocatoria formal a sesión por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Ambos legisladores representan a Santa Cruz y responden políticamente al gobernador Claudio Vidal, quien instruyó expresamente a su bancada a votar a favor de la medida. “Invitamos a todos los senadores a que esta semana se sesione por Ficha Limpia, y a la vicepresidenta a que convoque a la sesión correspondiente”, expresó Carambia en un video difundido en sus redes, replicado también por Gadano.
La senadora Gadano y el gobernador Claudio Vidal
La adhesión de estos senadores era clave para destrabar la votación, ya que el kirchnerismo –con 34 bancas sobre 72 en la Cámara Alta– rechaza la norma. Ficha Limpia necesita mayoría agravada por tratarse de una modificación de carácter electoral: al menos 37 votos para el quorum y la aprobación.
La iniciativa, impulsada originalmente por la diputada Silvia Lospennato (PRO) y respaldada por el presidente Javier Milei, busca impedir que personas con condena judicial confirmada en segunda instancia por delitos contra la administración pública puedan postularse a cargos electivos nacionales.
Entre los delitos incluidos se encuentran: fraude al Estado, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, y otros delitos dolosos que impliquen enriquecimiento ilícito, conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional.
El texto aprobado en Diputados también establece que la Cámara Nacional Electoral deberá llevar un registro público de Ficha Limpia, donde se incluirán las sentencias firmes, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de los condenados. Además, se eliminó la denominada “cláusula Petri”, precisando que la inhabilitación regirá siempre que la condena esté confirmada antes del cierre del padrón electoral, es decir, hasta 180 días antes de la elección general.
¿Cuándo se debatirá?
Aunque el gobierno nacional expresó su voluntad política para avanzar con el tema, no está garantizada la fecha de la sesión. La reunión de Labor Parlamentaria prevista para el martes 22 de abril será clave para definir si se convoca a sesionar el jueves 24, como estaba originalmente pautado. En ese contexto, desde el oficialismo anticiparon que desde el lunes próximo intensificarán los contactos con los bloques aliados para asegurar el tratamiento.
En tanto, algunas bancadas del radicalismo y partidos provinciales plantean que el proyecto podría ampliarse para incorporar otros delitos como narcotráfico y violencia de género, lo que podría generar nuevas modificaciones y demorar su aprobación definitiva. Si se altera el texto aprobado por Diputados, el proyecto debería regresar a esa cámara para su sanción final o para insistir con mayoría especial sobre la redacción original.
Mientras tanto, crece la expectativa y la presión sobre Villarruel para que convoque a sesión y se habilite el debate que podría redefinir el mapa electoral nacional.
